Policía Federal, en crisis

La limpia en la Policía Federal que hará el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, iniciará a partir de algunos antecedentes en Tlaxcala, entidad que varios de quienes fueron mandos nacionales, usaron como “laboratorio” para hacer de la ineficiencia, corrupción, tráfico de influencias, prepotencia, malos manejos administrativos y financieros, una especie de maestría y doctorado en el interior de esa institución que hoy está en crisis y al borde del colapso.

Esa fue la escuela que creó aquí el entonces coordinador estatal Raúl Castillejos y quien, más tarde, gracias a su relación con Renato Sales, todavía comisionado de Seguridad Nacional, escaló a la División de Seguridad Regional de la Policía Federal de donde fue cesado tras ser relacionado en una serie de acusaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias.

O por qué tendría que haber sido despedido uno de los hombres clave en la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias “el chapo”, y a quien el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Día del Policía, entregó un reconocimiento por la “Operación Tiburón” en la que participó, a distancia, desde la Ciudad de México.

A nadie, menos al equipo de Durazo, que trae en la mira al hoy excoordinador de Tlaxcala, queda claro que ese día haya ordenado a sus subordinados borrar varias fotografías que habían tomado al “chapo” tras la detención. En un reporte interno de la corporación, Castillejos argumentó que varias selfies –que nunca llegaron a manos de Sales ni de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, fueron eliminadas “por órdenes mías ya que representaban un riesgo para nuestros compañeros”.

El asunto es que hay indicios de que la gente de Castillejos cargó con todo lo que halló de valor en el departamento del “chapo”, antes de que entraran los elementos de la Marina.

Aquí, a Castillejos, en tiempos de Mariano González Zarur, se le recuerda porque era fino para “apretar” el cinturón económico de los elementos y era un maestro del tráfico de influencias pues promovía, en cargos “claves”, a sus amigas y amigos, esquema que reprodujo a nivel regional y nacional. Ejemplos hay muchos.

Pero no solo eso, también es investigado por dos asuntos delicados:

1.- Por sus vínculos con el finado comisionado Camilo Castagné Velasco, excoordinador de Veracruz y a quien, Asuntos Internos, en su momento suspendió por su presunta participación en actos de extorsión a transportistas de carga y por realizar actividades ilícitas en el aeropuerto a donde llegaban cargamentos que no eran revisados por la unidad canina.

2.-Por el caso de la violación y asesinato a una familia en la autopista Puebla-México. En ese asunto, un oficial confesó que por órdenes superiores fue obligado a ‘levantar’ a una persona que estaba desahuciada para responsabilizarla. “Mi mando dijo: llévense a ese pendejo a la PGR y pónganle un arma que les va a dar uno de mis muchachos”. Todo quedó en actas.

Las cosas están que arden en el interior de la Policía Federal que, con el conocimiento de Manelich Castilla Cravioto, comisionado general, sigue con el esquema aplicado en Tlaxcala por Castillejos.

Por ejemplo, a los elementos les suspendieron desde junio pasado víaticos, bono de riesgo y despliegue operativo (los directivos sí lo reciben), dinero que, suponen, está siendo “jineteado”. Y además de que les siguen “pasando la charola”, los policías operan en las peores condiciones en cuanto a hospedaje, alimentaciones y horarios. Los uniformes que les proporcionaron, y en los que invirtieron millones de pesos, son de pésima calidad.

TINTERO supo que, por lo pronto, Durazo ordenó destapar la “cloaca” y proceder contra quien se tenga que proceder. Qué pena que la entidad sea el punto de partida.

Y mientras tanto, en Tlaxcala, el coordinador Miguel José Baduy Delgado, el mismo que sostenía pleito casado con el recién despedido de la Comisión Estatal de Seguridad, Hervé Hurtado Ruiz, mantiene una posición de soberbia con los efectivos, no tiene contacto con ellos ni le interesa saber de sus problemas, menos quiere trato con los reporteros de quienes expresa: “no quiero verlos ni en pintura”. ¿Qué tal?

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EPÍLOGO…

FUERA DE LUGAR... En julio de 2013, en el “Diagnóstico sobre la presencia e incidencia de Violencia Escolar, en su particularidad de acoso escolar”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos advertía de los riesgos que se corrían si no se tomaban cartas en el asunto, pues el 36 % de los alumnos de educación media básica admitía haber sido víctima de ese mal y la estadística sigue creciendo.

Desde entonces se trabajaba para combatir ese flagelo social pero todas las acciones quedaron en el olvido. El pasado 27 de septiembre, un adolescente de la secundaria general de Apizaco, Héroe de Nacozari, fue agredido por sus compañeros y tuvo que ser hospitalizado de urgencia, el hecho fue ventilado por El Sol de Tlaxcala.

Como era de esperarse, la autoridad educativa de la institución mostró negligencia y omisión al querer minimizar el asunto, pero, valiente, la madre del menor, inició investigaciones de motu proprio y obligó a que le mostraran los videos donde observó cómo su vástago era vejado en su integridad por sus propios compañeros.

Y entonces todos pusieron atención: el titular de la Sepe, Manuel Camacho Higareda, ordenó las pesquisas para hallar responsables y la Procuraduría General de Justicia tomó el caso en sus manos para castigar por la vía penal.

Sin embargo, la ironía de la vida fue la actuación de la CEDH que, haciendo gala de “tortuguismo”, a cinco días del hecho inició con su indagatoria. Y para colmo de males, el titular Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, sin medir su continencia verbal, a pregunta expresa de un reportero, declaró: “es una situación normal y natural, es un tema recurrente, sucede por todos lados y todo el tiempo… y es una cuestión natural de todo el tiempo”.

Ese, para mal de todos nosotros, es el nivel de defensa de los derechos humanos que existe en Tlaxcala. Qué lástima, pero qué podemos esperar de un defensor de los derechos humanos que, en la semana en que el caso agitó a la opinión pública, decidió tomarse unos días de asueto. Y, mientras tanto, las flamantes consejeras honoríficas, Mayra López Lara y María del Carmen Cruz Padilla, presumen en sus redes sociales su reciente viaje a San José de Costa Rica. ¿De dónde salieron los recursos para costearlo? No vaya ser que esos gastos van a ser justificados en la CEDH, sería muy grave.

Solo basta esperar que el “Programa contra el Acoso Escolar” que pomposamente anunció el titular de la Sepe, sea una realidad porque, contra lo que diga el Ombudsman, la violencia entre los infantes no es normal ni natural. Se debe, eso sí, trabajar en la prevención desde una perspectiva tridimensional: familia, sociedad y autoridades. Al tiempo.