Un “elefante blanco” más

En transparencia y combate a la corrupción e impunidad, Tlaxcala reprueba

De acuerdo con los últimos estudios de Impunidad Cero, de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas Puebla y de la Métrica de Gobierno Abierto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tlaxcala se ubica en el séptimo lugar nacional como uno de los estados menos transparentes, más corruptos y de mayor impunidad. Morelos ocupa el primer lugar en estas categorías, seguido por Sinaloa, Querétaro, Durango, Chihuahua y Michoacán.

No solo eso, en Gobierno Abierto la entidad ocupa la posición 31 y esta medición tiene que ver con las acciones para que los ciudadanos puedan conocer el quehacer de la administración pública.

En “Cumplimiento Regulatorio”, la entidad tiene el lugar 29, simple y sencillamente porque las acciones sin corrupción, los procedimientos libres y eficientes no son los adecuados. Otra de las fallas que puede detectarse es que, según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2018, Tlaxcala (ahí encajan las autoridades estatales y municipales) no presenta información sobre las licitaciones públicas, es decir, no se sabe bajo qué criterios otorgan contratos de obra pública.

Este panorama nada alentador es el que tendrán que combatir los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, a la fecha, no se conocen los trabajos emprendidos por Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Érika Montiel Pérez, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues desde que protestaron el cargo nadie sabe nada de ellos. Solo se tuvo conocimiento que estaban buscando conocer, a toda costa, cuándo cobrarían sus honorarios –de lo que todavía no han hecho- y demás prestaciones igual a un secretario de Gabinete.

Otros que también brillan por su ausencia y que andan más preocupados por cabildear una ampliación presupuestal para cubrir sus quincenas y demás prestaciones, son los magistrados anticorrupción Marcos Tecuapacho Domínguez, María Isabel Pérez González y Elías Cortés Roa. Los dos primeros fueron señalados por representar un conflicto de interés al momento de su designación, aunque los acuerdos políticos los favorecieron sin contar con un verdadero perfil profesional en la materia.

Y todavía hay más. El recién designado Fiscal Anticorrupción, el abogado Pedro Sánchez Ortega, presumió una larga trayectoria como Ministerio Público en la entidad, pero ¿por qué se ocultó información que, desde luego, lo haría inelegible al no contar con una probidad moral necesaria para ocupar tan delicada función?

Lo anterior viene a colación porque el 27 de septiembre de 1993, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 189/1993, en el caso de la ciudadana Rosa N., a efecto de que el Gobernador de Tlaxcala girara instrucciones al Procurador General de Justicia para que iniciara el procedimiento administrativo que corresponda –lo que nunca se hizo- para determinar la responsabilidad en que incurrieron los abogados Pedro Sánchez Ortega y Arturo Márquez Carmona, entonces agentes del Ministerio Público, por la falta de integración de las averiguaciones previas número l067/92, l067/BIS/92 y l068/92, en diversos delitos cometidos.

Pero lo cierto es que un personaje que en su momento fue acusado de violar derechos humanos por el máximo organismo garante, hoy va a ser el encargado de combatir la corrupción. Cómo es posible que el procurador General de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, lo haya palomeado para una función tan delicada y que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez haya autorizado tal designación.

Luego entonces, no esperemos grandes cosas del SEA, un “elefante blanco” más que se agrega al diseño institucional del Estado y cuya operatividad todos los tlaxcaltecas tendremos que cubrir con nuestros impuestos. Al tiempo.

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EPÍLOGO…

1.- ¿CUÁL ES EL INTERÉS?.. Apenas el fin de semana, en el ámbito nacional, los líderes parlamentarios de Morena dieron a conocer que habían enviado, para su publicación, la ley que elimina las pensiones vitalicias a los expresidentes, esto como parte de la política de austeridad que viene pregonando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y, en Tlaxcala, siguen las ocurrencias legislativas de los novatos diputados locales que parecen ir en contra de esas medidas.

Explico: el “moralino” diputado José Luis Garrido Cruz, el mismo que se opone a los matrimonios entre parejas del mismo sexo o al cambio de identidad de género o a discutir la despenalización del aborto, temas por demás de una agenda de avanzada, presentó una iniciativa para adecuar diversas disposiciones de la Constitución Política local, para establecer que los cargos del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dejen de ser honoríficos y tengan derecho a percibir un salario por su servicio.

Este señor no sabe ni lo que hace, pues no tiene conocimiento que, en todo el país, esos consejos funcionan así. Imaginen, por esa ocurrencia, el Estado tendría que destinar algo así como tres millones y medio de pesos para cubrir salarios y prestaciones, solo para que estos consejeros vayan a sesionar una vez al mes. En los hechos no tienen ninguna función de relevancia, son un simple órgano de opinión. De pena ajena.

2.- El MUNDO RARO… Llevando sus pleitos de familia al Congreso, el alcalde de La Magdalena Tlaltelulco, Rubén Pluma, desconoció a su hija María Félix Pluma Flores, recién impuesta –por mayoría de los congresistas del Partido del Trabajo- como nueva lideresa en el Congreso e hizo público su apoyo para Yordana Garay Loredo, quien había sido destituida del cargo por hacer supuestos acuerdos políticos en lo "oscurito". Los conflictos entre padre e hija son tan graves que, el munícipe, decidió correrla de su casa y le quitó hasta el chofer que la joven congresista traía de planta y que, por cierto, era policía de la comuna. ¿Eso no era un desvío de recursos? Con los problemas salen a relucir los abusos y excesos.

3.- ¿PODER TRAS EL TRONO?… Quienes trabajan en el Patronato de Feria ya no soportan a la cónyuge del presidente del organismo, José Antonio Carvajal, quien es la que verdaderamente toma decisiones en los eventos programados. La señora –y eso ya ha molestado- se da el lujo de apartar -para sus amigas y amigos- hasta 30 lugares en los eventos de espectáculos gratuitos para los tlaxcaltecas, y si alguien se atreve a llevarle la contraria, debe ir preparando su renuncia. Qué mal.