El “loco afán”… de hacer obras

La Constitución Política del Estado de Tlaxcala establece que es obligación de los diputados crear, revisar y expedir las leyes necesarias para la mejor administración y gobierno del Estado.

El problema es que los congresistas están más interesados en negociar y hacer obras públicas para los distritos que representan y, eso, es el verdadero resultado de la nula productividad legislativa.

Tampoco es algo nuevo en la entidad. Legislaturas vienen y van y la imagen del Congreso sigue siendo la misma: la relacionada con exiguo trabajo, el circo, el abuso y la opacidad.

Nada cambia. Cada tres años los congresos en turno son considerados los menos productivos de la historia tlaxcalteca, los diputados ganan mucho y trabajan menos que poco y como quieren y cuando quieren. Pero no solo eso, gozan de “jugosos” sueldos (algo así como 80 mil pesos mensuales) y de una serie de canonjías que nadie fiscaliza. ¿Y la Austeridad Republicana? Bien gracias.

En su mayoría controlada por mujeres, la LXIII Legislatura llegó muy “sácale punta”. De entrada, planteó una agenda de avanzada que, entre otras cosas, sugería despenalizar el aborto y el consumo de mariguana. Sonaba bien, el problema es que no cumplió, pero tampoco sus integrantes tuvieron la delicadeza ni el respeto por los votantes para informar públicamente por qué terminó el primer Periodo Ordinario de Sesiones y ni siquiera abordaron los temas. Ni siquiera cumplieron puntualmente con la fiscalización y control del ingreso y gasto públicos.

Pero lo cierto es que son buenos para el show. Les encanta el circo y cada que pueden se exhiben públicamente por mentirosos, por sus intereses políticos, económicos o por su ignorancia en la elaboración de leyes.

Eso sí, son buenos para el dinero. En el pasado inmediato, gracias a que crearon el 'Programa de Infraestructura para el Desarrollo Urbano', disponían de 32 millones de pesos para gestión de obra pública en sus distritos. Consentidos por los gobernadores en turno, ordenaban –sin el aval de los alcaldes- en los distritos que representan qué acciones sociales hacían y que, desde luego, les redituaban capital político. ¿Qué no saben que no poseen carácter ejecutivo para el manejo de presupuestos?

Pero ahora no tuvieron el aval del Ejecutivo y, sin vergüenza alguna, dispusieron de una partida ¡hágame usted el favor! de 175 millones de pesos, dizque para obras y programas sociales y campesinos en las regiones que representan.

Estos abusos, desde luego, tienen que ver con que en campaña se la pasaron diciendo una sarta de mentiras y ocurrencias como ofrecer más empleos, mejores salarios para los trabajadores, tecnificar el campo, obras, terminar con la delincuencia, apoyos permanentes para los ancianos, a madres solteras, a estudiantes y hasta hospitales mejor equipados,

Así que mientras andan supliendo funciones de los responsables de las direcciones de Obras municipales o a la Secretaría de Obras Desarrollo Urbano y Vivienda, olvidan –quizá algunos ni lo saben- que, por ley, están obligados a cumplir puntualmente con la fiscalización y control del ingreso y gasto públicos de municipios y Poderes. ¿Será por eso que las labores fundamentales del Congreso no han sido desempeñadas con eficiencia?

Evidentemente, al autoasignarse partidas económicas especiales para obras, han mostrado mayor interés en sus ambiciones personales y políticas que por el trabajo legislativo, pues saben perfectamente que ese es el camino para un nuevo cargo de elección popular. Inaceptable.

Aquí no hay de otra. Los legisladores viven en el desprestigio. El Congreso dejó de ser una institución de debate y productividad de leyes y terminó por convertirse en un “Reality Show” (programa de televisión abierta que se encarga de documentar situaciones sin guion y con ocurrencias). La propuesta que alguna vez presentó la entonces diputada perredista, Eréndira Jiménez Montiel, de crear un nuevo reglamento interior para rescatar la credibilidad del Congreso y evitar la parálisis legislativa, seguirá en el limbo.

Precisamente por ello ya deben ponerse a trabajar y enterrar, de una vez por todas, ese “loco afán” de que son ejecutores de obras sociales.

Es tiempo de dejar atrás los excesos, el rezago en materia de transparencia y las actuaciones poco serias en el ejercicio profesional. También ya es necesario recuperar el respeto a las instituciones para que éstas inspiren –a la gente- confianza en lugar de miedo o desprecio. A tiempo.