Ni muerto el perro se acabó la rabia

• Quién sabe por qué razón, la administración federal se ha negado a considerar a Tlaxcala como zona de “focos rojos” si hay una importante presencia de huachicoleros y constantes perforaciones ilegales de ductos.
  

El viejo adagio de que muerto el perro se acabó la rabia simplemente no aplicó para los huachicoleros que operan en la región norponiente de la entidad.

Y explicó por qué. Cerrando el más importante ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruza el estado a la altura de Calpulalpan (el de 12 pulgadas que sirve para enviar 200 barriles de hidrocarburo por hora de Minatitlán, Veracruz, a Venta de Carpio, en el Estado de México), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pensó o creyó que iba a poner fin a poco más de diez años de ordeña ilegal de hidrocarburos. Se equivocó.

Precavidos al fin, los “chupaductos” se pasaron por el “arco del triunfo” la medida “obradorista” y, en menos de dos meses, aun sabiendo que no circulaba gasolina y diésel, hicieron doce perforaciones para, en cuanto hubiera combustible, pudieran robarlo.

Para mala fortuna de los hampones, elementos de la XXIII Zona Militar hallaron los hoyos y, en forma inmediata, solicitaron a personal de Pemex sellarlos.

Evidentemente que no es clausurando los ductos como el gobierno federal resolverá el problema sobre todo porque, desde hace una década, la ordeña ya era una “tradición” en Tlaxcala cuando en el ámbito nacional apenas comenzaba a verse como un problema social.

Lo cierto es que el huachicol persiste. La venta ilegal de gasolina y diésel está a la orden del día en Nanacamilpa, Calpulalpan, Ixtacuixtla, Tequexquitla y San Pablo del Monte pero, como siempre, las últimas en enterarse son las autoridades de los tres niveles de gobierno que deberían ser las primeras en combatirlo.

Quién sabe por qué razón, la administración federal se ha negado a considerar a Tlaxcala como zona de “focos rojos” si hay una importante presencia de huachicoleros y constantes perforaciones ilegales de ductos que no solo han puesto en riesgo la seguridad de la gente sino que han provocado severos daños ecológicos al ambiente.

Si bien –como en El Sol de Tlaxcala ha sido documentado- empresas contratadas por la paraestatal realizaron en reiteradas ocasiones trabajos de saneamiento en diversos parajes de Calpulalpan donde se registró el mayor número de fugas de hidrocarburo, el daño ya está hecho, pues el combustible se filtró al nivel freático, amén de que miles de litros de diésel desembocaron en barrancas y zanjas que los agricultores utilizan cada año para captar agua pluvial.

Algunos especialistas en la materia observan que en un futuro no mayor a dos años, el agua potable comenzará a tomar un sabor a diésel y las tierras de cultivo aledañas al tramo de ductos dejarán de producir. Qué grave.

El gobierno federal no debe apostar a presenciarlo. Al tiempo

EPÍLOGO…

MALAS DESIGNACIONES, MALAS ACTUACIONES… La improvisación y los acuerdos políticos en lo oscurito han dejado una severa secuela en el servicio público estatal.

1.- Por ejemplo, a la fecha nadie sabe cómo opera o qué hace en la práctica el Sistema Estatal Anticorrupción. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana han brillado por su ausencia, han mostrado no tener la más mínima idea de cómo operar una política pública en contra de la corrupción, no tienen un programa de trabajo anual ni cuentan con datos que les permitan saber el estado real del problema en la entidad. En pocas palabras, navegan sin rumbo mientras este mal endémico sigue permeando en la entidad. A ello se suma que Tlaxcala cuenta con un Fiscal Anticorrupción designado solo para cumplir el requisito que marca la ley, y que, de origen, está deslegitimado para investigar la corrupción ya que fue señalado como un violador de los derechos humanos.

2.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa solo han dado visos de luz pública para pedir más incremento presupuestal y seguir gozando de sus emolumentos en lugar de trabajar a favor de combatir la corrupción.

3.- En el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el presidente Héctor Maldonado Bonilla ha preferido salir a la defensa de ese poder, cuando ha sido señalado como uno de los cuerpos colegiados donde se ha anidado la corrupción y la venta de la impartición de la justicia al mejor postor. Así lo hizo cuando la activista Rosy Orozco, en noviembre del año pasado, hizo fuertes señalamientos en contra del magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez, a quien acusó públicamente que, de manera extraña, revocó más de 50 sentencias condenatorias contra quienes han cometido delitos graves como homicidios, violaciones, robos, abuso sexual, fraude y secuestro, entre otros.

4.- Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vino a realizar el trabajo de la Estatal al –ante la omisión local- interponer la acción de inconstitucionalidad por los excesos cometidos por los diputados que pretendían imponer un impuesto desproporcionado por derecho de alumbrado público, con lo que vulneraban el acceso a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la proporcionalidad tributaria de los tlaxcaltecas.

5.- La CNDH también realizó el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales -en esa misma acción- denunciando el cobro excesivo y desproporcionado por el pago de derechos por la reproducción de documentos vía acceso a la información pública, lo que vulneraba los derechos del solicitante al condicionarle un pago elevado que dejaría nulo su derecho a la información.

Ojalá los comisionados y la comisionada estén enterados de este tema, que ya dejen su lucha estéril por la Presidencia y se pongan a trabajar.

6.- Y bueno, del Órgano de Fiscalización Superior y de la Contraloría del Ejecutivo, es mejor ya no hablar, han mostrado pasividad y conformismo sobre este tema.

De qué sirve tener organismos autónomos si en la práctica no ejercen sus funciones, mientras los tlaxcaltecas siguen pagando con sus impuestos su estabilidad laboral.

¡Hasta el próximo martes!