El hábito de robar en Tlaxcala
En Tlaxcala, desde el poder, se puede robar a ojos vistos y nadie dice nada y mucho menos hace algo.
La fiscalización de las cuentas públicas se ha convertido en un mero botín para hacer negocios. En los últimos tres trienios, en las comunas se robaron cerca de 700 millones de pesos y, así como lo ve, ningún alcalde o servidor público de menor rango, ha pagado con cárcel por eso.
En el reporte financiero de 2019, entregado por el Órgano de Fiscalización Superior al Congreso local, sobre la situación de las cuentas públicas de 2018, 20 entes fiscalizables fueron reprobados y el daño patrimonial cometido asciende a más de 290 millones de pesos.
Como cada tres años, a los municipios volvieron esos negocios turbios a los que nos tienen acostumbrados los diputados. Desafortunadamente hoy, quienes se rasgaban las vestiduras en “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, permitieron que las autoridades volvieran a hacer de las suyas. Y como ya sabemos, hasta ahora, no hay un solo responsable. Qué patético.
Los congresistas reprobaron las cuentas públicas de quienes manejan administrativa y políticamente Apetatitlán, Calpulalpan, Españita, Tequexquitla, Huactzinco, Ixtenco, Quilehtla, Contla, Tzompantepec, Zitlaltepec, Zacatelco, San José Teacalco, Hueyotlipan y Axocomanitla. A esta lista de “pillos” se sumaron el Instituto del Deporte del Estado, el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior.
Pero hubo “consideraciones”. Ahí está el caso del alcalde de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, quien ha sido conocido más por sus gustos al jolgorio y al dispendio a cargo del erario, y que tenía un desfalco de 9 millones 489 mil 882.39 pesos, solo que por esas negociaciones en lo oscurito fue perdonado. La misma suerte corrió la alcaldesa de San Damián Texoloc, madre del diputado Miguel Ángel Covarrubias.
Solo falta esperar que a los responsables de los entes que fueron reprobados, se les aplique el peso de la ley.
En estos momentos cuando los organismos públicos autónomos pasan por su peor crisis de credibilidad y legitimidad, ahí tenemos el caso de la IAIP-Tlax, del Sistema Estatal Anticorrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa y de la misma Fiscalía Anticorrupción, donde se erogan millones de pesos, lo más grave es que sus resultados no solo sean un fiasco sino que en el manejo de sus finanzas sean un desastre.
Por eso llama la atención el caso de la CEDHT, donde el “ombudscopión” Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, no pudo comprobar el destino de más de tres millones de pesos. Pero los fiscalizadores ya “le pisan los callos”, ya saben que el señor presuntamente tiene rentada una casa propiedad de una de sus trabajadoras, allá por Xiloxoxtla y que ocupa para sus convivios y que arrenda, quien sabe con qué fin, camionetas y carros de lujo, todo con cargo del erario y de los impuestos que paga la ciudadanía.
“Nefasto”, es el adjetivo que se le da a la persona que es detestable por sus actos. Y ese apelativo bien puede aplicarse a varios personajes que usan el dinero público para fines personales. De hecho, varias organizaciones sociales se sabe, en breve, presentarán una solicitud de juicio político al Congreso, para poner orden en la CEDHT, organismo sumergido en la mediocridad y el dispendio.
En su momento, el legislador Omar Milton López Avendaño hizo lo propio contra Cid del Prado porque pretendía asignar salarios a los integrantes del Consejo Consultivo que, por mandato constitucional, son honoríficos.
Lo cierto es que la ley debe aplicarse parejo, y no solo por consigna como sucedió en el caso del instituto de transparencia. Desde el mes de marzo, esa solicitud duerme el sueño de los justos. Mientras tanto, la calidad moral y la buena fe de esa institución se fueron al cesto de la basura, pues ya nadie creerá en un organismo -que navega en la mediocridad- cuando emita una recomendación o quiera hacer valer los derechos humanos de los tlaxcaltecas. Al tiempo.
EPÍLOGO....
1.- CASTIGO Y CASTIGO… Nadie salió beneficiado. Si Florentino Domínguez Ordóñez cree que fue nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado para, desde ahí, ser ungido candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno estatal, vive en el error. Esa dependencia, la más grande de la administración estatal, es la “tumba” de los políticos. Desde el Sepuede, el auto apodado “profe” ya se promovía para ser el próximo Gobernador y, hoy, como titular de la “gran” institución ya inició con el despido de directivos. La bomba le estallará.
Hasta el próximo martes
