Después de que, tras constantes presiones de grupos sociales, la Ciudad de México declaró la alerta de género, ahora toca a Tlaxcala dar ese paso, sobre todo por las muertes violentas de mujeres que se han registrado aquí en los últimos meses.
Y aunque las autoridades sigan insistiendo en que son hechos aislados, es necesario tomar al “toro por los cuernos” y actuar en consecuencia.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo implementado con el fin de enfrentar y erradicar la violencia feminicida. El tema abarca diversas acciones, como protocolos de investigación sobre feminicidios y programas destinados a la prevención, así como reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública.
La AVGM fue establecida en 2007 con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La idea es garantizar una calidad de vida libre de desigualdades, pero para que el gobierno declare la alerta de género, es necesario que sea solicitada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad.
Solo que la mayoría de las autoridades se niega a dar este paso que pudiera ser tan simple. El temor de los gobiernos estatales, como el de Tlaxcala, estriba en que no quieren perder ese reconocimiento oficial de que siguen siendo entidades seguras aunque en los hechos no sea así.
Lo cierto es que Tlaxcala debe hacer lo propio, pero no por las constantes presiones de los grupos feministas, sino porque la prevención ayudaría, en mucho, a resolver grandes problemas de inseguridad que vive ese sector de la población.
Y detallo por qué:
1.-Las autoridades de los tres niveles y Poderes requieren de más acciones concretas y eficaces para combatir y erradicar la trata de personas.
2.- Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, el 80 % de los “padrotes” detectados en México tiene su centro de operaciones en Tlaxcala. Pero no solo eso, en la entidad hay presencia de 15 bandas de tratantes de personas, así como de miembros de 120 células de criminales que controlan ese comercio sexual.
3.- Los gobernadores en turno no solo han hecho casi nada por erradicar este mal sino que lo siguen minimizando.
4.- Los diputados, por su lado, han sido incapaces para crear leyes que castiguen con severidad a los también llamados “califas” que operan a plena luz del día sin ser molestados por la policía.
5.- Varios alcaldes, ediles y efectivos han sido abiertamente vinculados con bandas de tratantes de personas y ni uno de ellos ha sido llamado a comparecer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, mucho menos detenido y procesado.
6.-Las estadísticas de embarazos no deseados en adolescentes son alarmantes y una muestra de que los programas de prevención y las políticas públicas en la materia, son un fracaso.
7.-Tres de cada diez menores de 18 años han tenido problemas de embarazos no deseados.
8.- Los gobiernos federal, estatal y municipales carecen de estrategias que ayuden a los jóvenes a ejercer su sexualidad con responsabilidad, pues quienes fallecen por la práctica de un aborto ilegal son adolescentes que recurren a legrados en condiciones inseguras e insalubres.
Por todo lo anterior, ya es tiempo de dejar de esperar cada ocho de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, para exponer que las mujeres son víctimas de acoso sexual y laboral, desigualdad de remuneraciones económicas, feminicidios, violencia doméstica, política e institucional, entre otros.
Siempre es la misma perorata, pero nada cambia. Lo cierto es que las féminas tienen derecho al acceso igualitario, a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la sexual, representa un grave problema de salud pública.
Además, está científicamente comprobado que las agresiones físicas y verbales pueden afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres.
Peor aún, las damas que tienen un nivel de instrucción académico bajo, que han estado expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, que han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia, el machismo y la condición de subordinación, corren un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de pareja. Eso sucede en todos los estratos sociales.
Aun así, para la autoridad, declarar la alerta de género simple y sencillamente no es viable ni prioritario porque, en su lógica, sería una mala imagen para el Estado. Al tiempo
Hasta el próximo martes.
