/ martes 27 de febrero de 2018

[TINTERO] De la ilegalidad en la UTT a la incompetencia en el Cecyte

A José Luis González Cuéllar esa institución se la está desmoronando en las manos. Ante los problemas, aplica la política del avestruz y nunca da la cara para enfrentar cualquier situación en esa institución.

Por salud pública, José Luis González Cuéllar no debería estar más en la administración pública. Y no es para menos. Al señor lo persiguen los problemas y en ellos arrastra a estudiantes que están a un paso de desarrollarse en la vida profesional.

No vamos lejos. De la mano del entonces gobernador Mariano González Zarur y protegido por la cofradía del otrora secretario de Educación Pública, Tomás Munive Osorno, González Cuéllar fue impuesto como rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), institución ubicada en El Carmen Xalpatlahuaya, municipio de Huamantla.

González y Munive sabían perfectamente que González Cuéllar era inelegible para ser rector de la UTT porque al momento en que fue nombrado no tenían los 35 años que establece la ley.

¿Y saben qué? A todos les valió un comino empezando con el propio González Cuéllar que, aun sabiendo que incurría en un delito, aceptó la posición.

De hecho, la Coordinadora Nacional de Universidades Tecnológicas y la propia Secretaría de Educación Pública federal, nunca avalaron el nombramiento y el señor, cómo era de esperarse, fue denunciado –por padres de familia- ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el presunto delito de usurpación de funciones, querella que, por cierto, nunca prosperó porque el propio Ejecutivo y la cofradía de Munive se encargaron de protegerlo, pero tampoco Alicia Fragoso Sánchez, la autollamada “Marisela, la dama de hierro”, hizo –como Procuradora- el menor intento para consignar la denuncia ante el juez de la causa.

El problema no es menor. Usurpando un puesto, todos los documentos y títulos que firmó González Cuéllar en la UTT carecen de validez, solo es necesario que alguno de los egresados sea acusado de un usar título falso y éste promueva una queja ante la autoridad competente para saber el daño que este personaje provocó en esa institución.

Pero en este mundo al revés, en lugar de ser castigado fue premiado. El gobernador Marco Antonio Mena decidió confirmarlo como director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado (Cecyte) donde solo ha generado problemas.

En el tiempo que lleva en el puesto, ha sido acusado de despedir a una mujer embarazada, de solapar y hacer caso omiso de la violencia estudiantil, de imponer uniformes para quedar bien con sus superiores, de frenar el crecimiento profesional de los maestros y de permitir, entre otras cosas, abusos administrativos y económicos de varios directores, como el de aquella funcionaria que emplea a los estudiantes para trabajos de albañilería.

El sistema Cecyte se la está desmoronando en las manos. Ante los problemas, ya sabemos que siempre aplica la política del avestruz, esconde la cabeza y nunca da la cara para enfrentar cualquier situación.

El señor, como autoridad está rebasado. Es incompetente y su pobre desempeño como director general solo genera problemas a Tlaxcala y pone en duda la gobernanza moderna que prometió Marco Antonio Mena. Al tiempo

**********

EPÍLOGO..

1.-ERRORES Y MÁS ERRORES… En su afán de ir por la reelección, los diputados locales cometieron una pifia legal en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, organismo que, en la práctica, no servirá de nada.

Explico: dejar la facultad al titular de la Procuraduría General de Justicia, para que designe al “zar Anticorrupción”, es una verdadera simulación, pues el responsable de investigar los delitos de funcionarios corruptos será afín a los intereses del Ejecutivo en turno. ¿Cuál será su actuar cuando investigue a un servidor público dependiente de ese Poder? A nivel federal este nombramiento recae en el Congreso de la Unión, así lo prevé la Carta Magna. ¿Por qué los diputados locales no copiaron este modelo?

Ojalá la sociedad levante la voz y no deje pasar este entuerto jurídico; oque los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección Datos Personales dejen a un lado sus intereses mezquinos y formulen un posicionamiento jurídico en torno a este derecho que se verá vulnerado o que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ponga las pilas y dimensione que, con esta pifia, se van a vulnerar los derechos humanos de una sociedad que reclama transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho.

A José Luis González Cuéllar esa institución se la está desmoronando en las manos. Ante los problemas, aplica la política del avestruz y nunca da la cara para enfrentar cualquier situación en esa institución.

Por salud pública, José Luis González Cuéllar no debería estar más en la administración pública. Y no es para menos. Al señor lo persiguen los problemas y en ellos arrastra a estudiantes que están a un paso de desarrollarse en la vida profesional.

No vamos lejos. De la mano del entonces gobernador Mariano González Zarur y protegido por la cofradía del otrora secretario de Educación Pública, Tomás Munive Osorno, González Cuéllar fue impuesto como rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), institución ubicada en El Carmen Xalpatlahuaya, municipio de Huamantla.

González y Munive sabían perfectamente que González Cuéllar era inelegible para ser rector de la UTT porque al momento en que fue nombrado no tenían los 35 años que establece la ley.

¿Y saben qué? A todos les valió un comino empezando con el propio González Cuéllar que, aun sabiendo que incurría en un delito, aceptó la posición.

De hecho, la Coordinadora Nacional de Universidades Tecnológicas y la propia Secretaría de Educación Pública federal, nunca avalaron el nombramiento y el señor, cómo era de esperarse, fue denunciado –por padres de familia- ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el presunto delito de usurpación de funciones, querella que, por cierto, nunca prosperó porque el propio Ejecutivo y la cofradía de Munive se encargaron de protegerlo, pero tampoco Alicia Fragoso Sánchez, la autollamada “Marisela, la dama de hierro”, hizo –como Procuradora- el menor intento para consignar la denuncia ante el juez de la causa.

El problema no es menor. Usurpando un puesto, todos los documentos y títulos que firmó González Cuéllar en la UTT carecen de validez, solo es necesario que alguno de los egresados sea acusado de un usar título falso y éste promueva una queja ante la autoridad competente para saber el daño que este personaje provocó en esa institución.

Pero en este mundo al revés, en lugar de ser castigado fue premiado. El gobernador Marco Antonio Mena decidió confirmarlo como director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado (Cecyte) donde solo ha generado problemas.

En el tiempo que lleva en el puesto, ha sido acusado de despedir a una mujer embarazada, de solapar y hacer caso omiso de la violencia estudiantil, de imponer uniformes para quedar bien con sus superiores, de frenar el crecimiento profesional de los maestros y de permitir, entre otras cosas, abusos administrativos y económicos de varios directores, como el de aquella funcionaria que emplea a los estudiantes para trabajos de albañilería.

El sistema Cecyte se la está desmoronando en las manos. Ante los problemas, ya sabemos que siempre aplica la política del avestruz, esconde la cabeza y nunca da la cara para enfrentar cualquier situación.

El señor, como autoridad está rebasado. Es incompetente y su pobre desempeño como director general solo genera problemas a Tlaxcala y pone en duda la gobernanza moderna que prometió Marco Antonio Mena. Al tiempo

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EPÍLOGO..

1.-ERRORES Y MÁS ERRORES… En su afán de ir por la reelección, los diputados locales cometieron una pifia legal en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, organismo que, en la práctica, no servirá de nada.

Explico: dejar la facultad al titular de la Procuraduría General de Justicia, para que designe al “zar Anticorrupción”, es una verdadera simulación, pues el responsable de investigar los delitos de funcionarios corruptos será afín a los intereses del Ejecutivo en turno. ¿Cuál será su actuar cuando investigue a un servidor público dependiente de ese Poder? A nivel federal este nombramiento recae en el Congreso de la Unión, así lo prevé la Carta Magna. ¿Por qué los diputados locales no copiaron este modelo?

Ojalá la sociedad levante la voz y no deje pasar este entuerto jurídico; oque los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección Datos Personales dejen a un lado sus intereses mezquinos y formulen un posicionamiento jurídico en torno a este derecho que se verá vulnerado o que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ponga las pilas y dimensione que, con esta pifia, se van a vulnerar los derechos humanos de una sociedad que reclama transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho.