Cada seis años, aunque gane el candidato del partido de quien ostenta el poder, es común que el triunfador asuma el cargo con la firme idea de reinventar la forma de gobernar. Y si un opositor sale victorioso en las urnas, las cosas se complican.
El tema es que, en cualquiera de los escenarios, la historia es la misma: con el poder a cuestas, los políticos olvidan acuerdos y abandonan el seguimiento de las obras de las autoridades en turno, a sabiendas de que no darles continuidad va en detrimento de la población que, al final, con sus impuestos paga esos excesos.
Cada mandatario quiere impregnar su sello y no está mal, solo que no sabe cómo hacerlo. Si milita en el mismo instituto que su antecesor, lo primero que busca es la forma inmediata de romper el "cordón umbilical" y marcar su raya y, si es opositor, resultado de una alternancia, pierde tres años de su mandato echando la culpa de lo mal que está la administración a quien le antecedió en el cargo. Eso es, por llamarlo así, un "escudo político".
No vamos lejos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lleva más de dos años responsabilizando a sus antecesores a quienes no deja de llamar conservadores y miembros de una "mafia del poder". Y es simple: no ha podido cumplir lo que prometió en campaña con el argumento de que le dejaron un país en ruinas. Pero, ¿nadie le dijo eso desde que, por primera vez, buscó ser el "mandamás" del país? Claro que conocía los problemas de la nación pero, aun así, ofreció las "perlas de la vida" y ahora que muchas cosas no le salen como las pensaba, el "escudo político" le resuelve todo.
El encono hacia sus antecesores le hace tomar decisiones aceleradas, como suspender la obra del aeropuerto y no usar el avión presidencial que, por cierto, prometió vender y no ha podido aunque sabe que, incluso, sin movimiento, el "pájaro de acero" genera millones de pesos a diario para su mantenimiento. Qué necesidad.
Por ello, reinventar al gobierno debería ser cosa del pasado, de ahí que quienes aspiran a Palacio de Gobierno deben, como parte de su plan de trabajo, garantizar la continuidad a las obras y no "echar el dinero a la basura". Probablemente y, sí, hallarán muchas irregularidades administrativas y financieras, pero para ello existen las autoridades ministeriales: para castigar a los culpables y, en el caso de los inmuebles, evaluar que si no sirven para lo que fueron planeados, se busque la forma de hacerlos útiles y no dejar que se conviertan en "elefantes blancos" que, con el paso del tiempo, se caen a cachos.
Eso sí, hay asuntos que no merecen la continuidad. Por ejemplo, en 1998, cuando el gobernador en turno Alfonso Sánchez Anaya tuvo conocimiento, a unos días de asumir el cargo, que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, José Luis Arguijo Torres, había autorizado de golpe 700 concesiones del transporte público, tomó el teléfono y llamó al todavía mandatario José Antonio Álvarez Lima.
-"Toño, esas concesiones deben ser canceladas, no las avalo, y te pido que Arguijo responda por ello".
Álvarez Lima ordenó al Congreso, mayoritariamente priista, cancelar el acuerdo obscuro de Arguijo Torres, así que el señor fue detenido e ingresado al entonces Centro de Readaptación (hoy Reinserción) Social.
Cuando el panista Héctor Ortiz Ortiz ganó las votaciones no desconoció las acciones de su antecesor, el perredista Alfonso Sánchez, pero tampoco dio continuidad a sus programas. Es más, como alcalde capitalino, Ortiz nunca reconoció públicamente la jerarquía del Ejecutivo porque, decía que era "su estrategia", así que nunca acudía a un solo evento oficial del perredista.
En cambio, cuando el priista Mariano González Zarur ganó, después de un segundo intento, el poder Ejecutivo, desconoció el trabajo de Ortiz, quiso pero no pudo enviarlo a la cárcel y no dio seguimiento a las obras que impulsó, por lo que varios inmuebles que serían hospitales quedaron en el abandono, así como la ‘mayor carta’ del orticismo: la Plaza Bicentenario donde más de 700 millones de pesos fueron a parar al "cesto de la basura" y, aunque una parte ya será rescatada por Conacyt para trabajos de investigación, la otra, la abandonada, sigue siendo refugio de drogadictos, ladrones y hasta motel de paso de algunas parejas.
Reinventar al gobierno es una mala idea. Los rencores políticos ya deben quedar de lado y evitar que la gente sea la que siga pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Al tiempo.
