Si se tratara de un dictamen clínico, cualquier médico sostendría, sin lugar a dudas, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a los 28 años de haber nacido, resultado de tantos excesos, se encuentra en terapia intensiva y, sin cuidados así como una mejor forma de vida, en cualquier momento podría fallecer.
Y dicho en términos políticos, si no se transforma, cambia su forma de trabajo, de operar y conducirse, está, por salud pública, destinada a desaparecer.
Pero no porque lo consideren las autoridades, sino porque es un sentir cada vez mayor de una sociedad a la que debería defender de los abusos de quienes ostentan el poder.
Atrás quedó el estigma de que era un organismo protector de delincuentes, pues ahora ya se sabe, desde su creación el 16 de febrero de 1993, funciona como la "caja chica" de políticos de todos los niveles.
Su surgimiento fue concebido para que personas de "reconocido prestigio y solvencia moral" ante la sociedad -como si unos tuvieron más valor que otros- metieran en orden a quienes, con el cargo del nivel que fuera, enloquecieran de poder, pero en los hechos ha sido lo contrario, muchos de ellos ni fueron honorables ni cumplieron el objetivo porque fueron nombrados al interior de ese ente autónomo.
Es evidente que el organismo ya perdió su razón de ser. Son demasiados años perdidos entre abusos, presuntos actos de corrupción, dilación para atender las quejas e indiferencia para darles trámite, curso y conclusión para llegar a la recomendación.
Desde que fue creada empezó mal. José Antonio Álvarez Lima, a la sazón gobernador de Tlaxcala, impuso, aunque solo por un año, a Roberto Rivera Castillo (+) como el primer ombudsman. Como jurista era reconocido, pero no por defender los derechos humanos. Quienes conocieron su paso por la Procuraduría General de Justicia (PGJE), de la que fue titular, sabían que era especialista de la tortura. Para fortuna de la entidad, en 1993, Rivera ya tenía edad avanzada, no tomaba decisiones y todo lo que se hizo al interior de ese ente, era operado desde Palacio de Gobierno.
No todos, pero por la CEDH han circulado personajes que han hecho y deshecho y, lo peor, es que ninguno fue o ha sido castigado. De 1993 a la fecha, han quedado en el aire más de diez millones de pesos por supuestos malos manejos financieros atribuidos a expresidentes, consejeros y personal administrativo. Las denuncias nunca prosperaron en la PGJE por falta de elementos o porque simplemente las desaparecieron.
Hasta hace algunos días, varios de los diputados que por cierto ya se van, pretendieron a su antojo seguir manejando al organismo como una especie de "bono de jubilación". Son finos en la simulación y ya conocen el "caminito", pues cuando no quieren cumplir con la ley y saben que habrá votación para "sacar" algún tema, simplemente, con argumentos más que pueriles se ausentan o, mejor dicho, los "ausentan".
O cómo se explica que la hicieron tan "cansada" para nombrar a Jakqueline Ordóñez Brasdefer como nueva titular del organismo a pesar de que, en los exámenes de oposición, obtuvo la mejor puntuación de conocimientos en la materia.
Desesperados, varios de ellos insistían en prolongar la estancia de Víctor Cid del Prado Pineda, especialista en cumplir los caprichos de algunos legisladores, de los interesados, pues.
Qué pena que, a estas alturas de la vida, la CEDH siga siendo criticada severamente por quienes ya están convencidos de que no debería existir porque es un "cero a la izquierda".
Precisamente por ello, es más que urgente un cambio estructural que permita cumplir las funciones para la que fue diseñada, así que es esencial que la nueva titular no esté ligada a grupos de poder o a partido político alguno.
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