Si bien la violencia no es el mejor camino para resolver los conflictos, ya es tiempo de poner orden y ejercer la autoridad mediante el uso de la fuerza pública, no para reprimir, sino para mantener la gobernabilidad de los pueblos
Los intentos y linchamientos de presuntos delincuentes en Tlaxcala son una barbarie. Y no hay otra definición que mejor encaje.
No se trata aquí de defender a los hampones ni nada que se le parezca, pero sí de observar que en los linchamientos de San Pablo del Monte y Hueyotlipan ocurridos en junio y diciembre de este año, respectivamente, y en el intento acontecido la semana pasada en Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala (cubiertos profesionalmente por El Sol de Tlaxcala), la gente se ha comportado de manera salvaje, cruel y sin la mínima compasión hacia la vida o la dignidad de los demás.
Hoy en día nadie está a salvo de un posible linchamiento pues la gente, en su versión moderna de la Santa Inquisición, identifica al o los presuntos responsables, los señalan, acusan y sentencian a muerte.
Nada ha cambiado en los últimos 24 años. En 1994, en San Miguel Milagro, pobladores amarraron a dos mujeres a un árbol y las querían quemar con leña verde. El argumento de los “modernos juzgadores” era que las señoras eran brujas, hacían magia negra y, por las noches, chupaban la sangre de los niños hasta matarlos. ¡Hágame usted el favor!
Pero no solo eso, hasta hace algunos años, en San José Xicohténcatl, municipio de Huamantla, en las noches de julio y agosto (cuando hay presencia de lluvias) un grupo de personas armadas se organizaba para salir a cazar brujas que, según ellos, tomaban forma de guajolotas y mataban recién nacidos. ¡Qué barbaridad!
Como alguna vez lo dije, los linchamientos en Tlaxcala cada vez se vuelven parte de los usos y costumbres de la gente ante una autoridad incapaz de contener a la delincuencia común y organizada.
El otro problema es que, ya cometidos, nadie los sanciona o se atreve a castigarlos.
Los hechos así lo demuestran. En 2004, en Tenancingo una turba de pobladores golpeó, colgó de un árbol y asesinó a un joven bajo el cargo “sumario” de haber perpetrado un robo a una casa-habitación y, 14 años después, el crimen sigue impune. Nadie fue llamado a declarar ni hubo un solo responsable.
En este año Tlaxcala ha vivido dos episodios violentos con desenlaces fatales y técnicamente cerró 2018 con la mayor exhibida que se pudo haber dado a la autoridad: hartos porque no les hicieron caso ni pudieron capturar a los hampones, los pobladores detuvieron a los delincuentes a quienes golpearon salvajemente y, a uno de ellos, fueron a arrojarlo –como cualquier objeto desechable- a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado ante la complacencia de policías ministeriales armados. Inaceptable.
Lo cierto es que los linchamientos obligan a las autoridades de todos los niveles a una profunda reflexión y análisis sobre su actuación y al urgente necesario uso de la fuerza pública, no para reprimir, sino para mantener la gobernabilidad de los pueblos.
Episodios como los arriba descritos no deben volverse a permitir en Tlaxcala independientemente de que los protagonistas sean o no delincuentes.
Se ha vuelto costumbre, y eso es lo grave, que le gente se haga justicia por propia mano después de condenar en un juicio sumario popular, a quienes creen responsables de cometer robos de niños, de arte sacro, de viviendas, de carros y negocios.
Los actos cavernícolas de San Pablo del Monte, Hueyotlipan y Acuitlapilco solo mostraron, a los ojos de todos, la incapacidad de las policías municipales y estatales; la falta de reacción de los efectivos y la presencia de elementos nada preparados para situaciones de esta naturaleza.
Es evidente que, frente a estos hechos, la policía está rebasada y no está lista no solo para contener a la gente, sino para rescatar a las personas agredidas y evitar el linchamiento.
Da pena ajena que mientras la gente madrea sin misericordia a los supuestos hampones, los jefes policiacos estén negociando la liberación y hasta ofreciendo obras como sucedió en 1994 en Santa Apolonia Teacalco cuando la gente “sucuestró” a policías federales –que estaban allá para detener a unos transgresores de la ley- y, presionado, el entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima terminó por ceder a las presiones del pueblo y ordenó la construcción –a petición de los agresores- de una alberca olímpica que en la actualidad solo sirve como bodega o para alimentar y dar agua a las vacas. ¿Se vale?
Guste o no, es necesario que frente esta barbarie, no haya tolerancia, complacencia o complicidad de la autoridad estatal o municipal sobre porque tanto comete un delito el que roba como el que agrede y asesina.
Si bien la violencia no es el mejor camino para resolver los conflictos ya es tiempo de poner orden, ejercer la autoridad y no volver a escuchar al secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, decir que frente a los linchamientos “aplicamos todos los protocolos, pero… lamentablemente murieron”.
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EPÍLOGO…
FELICIDADES… Feliz Navidad y año nuevo
¡Hasta 2019!
