El próximo ocho de marzo se celebra el “Día Internacional de la Mujer”, fecha conmemorativa para dar a conocer los principales problemas que aquejan a este sector: el acoso sexual y laboral, la igualdad de remuneraciones, el feminicidio y la violencia doméstica, política e institucional, entre otros que marcarán la agenda de demandas pendientes que se tienen para lograr una sociedad igualitaria en los hechos no en el discurso como muchos políticos acostumbran.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las féminas tienen derecho al acceso igualitario, a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Esto viene a colación porque, sin duda, el problema que actualmente priva en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es un tema donde la violencia de género y política, están a la vista de todos, menos de los actores políticos que pueden tomar una decisión al respecto.
Independientemente del escándalo en el que ha estado sumergido ese organismo autónomo, los actos realizados por los subversivos comisionados José David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín en contra de la presidenta Marlene Alonso Meneses, constituyen un verdadero ejemplo de violencia de género, ante la complacencia del Congreso local que no ha hecho nada por poner orden con estos dos personajes.
El problema es que están dejando crecer una “bola de nieve” que puede replicarse en otras instituciones, pues dudo que los comisionados estén actuando de motu proprio.
Atrás de ellos hay intereses políticos que quieren medir al gobierno en turno y ver su nivel de vulnerabilidad para imponer su llamada gobernanza moderna.
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer –especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituyen un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de este sector.
Las estimaciones mundiales publicadas indican que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres que ha tenido una relación de pareja refiere haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual en algún momento de su vida.
Un 38% de los asesinatos de mujeres que se produce en el mundo es cometido por su pareja masculina. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de contraer el VIH.
Los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, que han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo de alcohol y drogas, que han vivido en entornos donde se aceptaba la violencia y había normas diferentes para cada sexo, y creen que tienen derechos sobre las mujeres, son los más proclives a cometer actos violentos.
Y las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo, que han estado expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, que han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia, los privilegios masculinos y la condición de subordinación, corren un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de pareja..
Pero cómo podemos avanzar en temas de igualdad de género, si en días pasados la diputada panista Guadalupe Sánchez Santiago, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso local, al ser cuestionada sobre la solicitud que varias organizaciones civiles han realizado para decretar la “Alerta de Género” a raíz de los feminicidios que se han suscitado en la entidad, dijo que no lo veía viable porque sería una mala imagen para el Estado. De pena ajena esta postura.
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