Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América, tendrá, en el tema migratorio, su primera prueba de fuego pues prometer que en sus primeros 100 días de gobierno anulará, en este particular, las medidas draconianas del cuatrienio de Donald Trump, se antoja casi imposible.
Y explico por qué: así como se ve que serán los resultados finales de las votaciones, el demócrata tendrá un Congreso dividido, lo que limitará o quizá impedirá que pueda concretar la mayoría de las promesas que, sobre el tema, hizo en campaña, así que la idea de hacer cambios profundos, simplemente quedará en el aire.
Algunos especialistas en el tema, creen que, eso sí, podrá echar abajo decisiones ejecutivas (las que son ordenadas directamente por el presidente sin que sean debatidas por los congresistas) como normalizar los procedimientos de obtención de la residencia legal permanente y ciudadanía, aumentar el número de refugiados admitidos en el país, deportar solo a indocumentados acusados de crímenes graves y reunificar a las familias en tareas de persecución migratoria, por citar algunos casos.
Pero lo mejor que podría pasar a los países expulsadores de personas, y hasta sería aplaudible por ilegales, sería desaparecer el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido por sus violentos métodos y criterios durante la detención de indocumentados. Con Trump, esa oficina creció, como ninguna otra, en presupuesto, toma de decisiones y personal al que conocían como los “cazadores de espaldas mojadas y escurridizos del desierto”.
No mucho cambiarán las cosas. Basta escuchar el discurso de Biden para saber que una de sus principales apuestas, en el tema, más que regularizar la situación legal de 11 millones de indocumentados, será la reapertura de los programas Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (Daca), por sus siglas en inglés, y el de Estatus de Temporal de Protección (TPS). Ambos, creados en tiempos de su amigo Barack Obama.
Lo que sí suena interesante es la idea de restaurar la protección a las personas llevadas ilegalmente a EE.UU. cuando eran niños y dejar de canalizar recursos económicos del Pentágono para la construcción del muro fronterizo, aunque ello no garantiza que vayan a derribar los 744 kilómetros construidos. ¿Y las patrullas fronterizas? ¿Seguirán operando? ¿Seguirán actuando con rudeza? O les cambiarán su forma ruda de actuar.
El asunto es que los indocumentados son incrédulos a las promesas de quienes cada cuatro u ocho años, asumen el poder en ese país. Las deportaciones cada vez son más.
A Tlaxcala atañe el asunto pues allá viven unos 110 mil pobladores y, de ellos, casi el 80 % es indocumentado. En 2009, los ilegales, originarios de esta entidad, esperaban que, como prometió en campaña, Obama concretaría una Ley Migratoria que, entre otras cosas, permitiera a los mexicanos alcanzar la ciudadanía de ese país y, por ende, tener mejores garantías de vida. Pero no fue así. Persiste la “caza” de ilegales.
Los paisanos siguen siendo humillados, enfrentan el racismo de los americanos, la barrera del idioma y, aun así, siguen emigrando.
Es evidente que la transformación del sistema migratorio hacia una política humana requiere mucho más que un cambio de partido o persona. Prometer no empobrece, el problema es que a Biden lo “persigue” la sombra de Obama, considerado –incluso sobre Trump- el presidente que más deportaciones de migrantes ha ordenado. Él fue vicepresidente en esa administración y, si bien no las avaló abiertamente y actuaba con prudencia, sí las toleró.
Cómo no recordar el último debate cuando la moderadora Kristen Welker cuestionó a Baiden: ¿Por qué habría (el electorado) de confiar en que esta vez puede lograrlo? Si la Administración Obama-Biden hizo promesas similares que no se cumplieron en ocho años. Al tiempo.
EPÍLOGO…
1.- PISO PAREJO… Algunos funcionarios de gobierno de Marco Antonio Mena están molestos porque los tienen “atados de manos”. Esto quiere decir que mientras unos –que ni fuerza electoral tienen, ya están en campaña abierta, a otros no se les permite moverse políticamente con el argumento de que violarían la ley.
