Lo que mal empieza termina peor. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra, amiga del presidente de la República, y el panorama no se ve nada alentador.
Su primera declaración fue desafortunada. La señora dijo que no sabía que había periodistas asesinados, respuesta irónica a una pregunta de reporteros que llevan un conteo tan preciso de comunicadores muertos por el crimen organizado en lo que va del sexenio de la llamada “cuarta transformación”.
Lo cierto es que ese organismo ya perdió su razón de ser y la llegada de Piedra es fatal y no quiso renunciar a su militancia al Partido Movimiento Regeneración Nacional. Inaceptable.
Aquí en Tlaxcala, por ejemplo, el organismo es un fiasco. Tenemos un personaje que preside ese ente y es famoso por copiar en los exámenes que ha realizado para aspirar a cargos públicos. Qué patético.
Pero aquí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nació mal
Recuerdo: el 16 de febrero de 1993 surgió en Tlaxcala para, supuestamente, con personas de reconocido prestigio y solvencia moral ante la sociedad, combatir los abusos de las autoridades estatales y municipales, solo que no fue así y sigue sin consolidarse.
En casi 30 años de funciones, el resultado es catastrófico: ocho millones de pesos atribuidos a malos manejos financieros de expresidentes, consejeros y administrativos siguen perdidos y, aun cuando las denuncias fueron presentadas en tiempo y forma ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, no hay un solo responsable.
Si bien la ley establece que los miembros de ese organismo deben gozar de un reconocido “prestigio ante la sociedad”, el entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima impuso, aunque solo por un año, a Roberto Rivera Castillo (+) como el primer ombudsman tlaxcalteca.
Como abogado, Rivera sí gozaba de “prestigio” pero no precisamente por haber sido un gran defensor de los derechos humanos.
En los círculos policiacos, Roberto era bien conocido por su afición a las llamadas 'calentadas' que los entonces judiciales daban a los delincuentes para que confesaran sus ilícitos.
Luego, el 25 de febrero de 1994, Álvarez Lima nombró en forma directa a Victoria Morales Cortés como ombudswoman. Solo que doña “Vicky”, como la llamaban sus 'cuates', en lugar de poner en alto al género que representaba, se sirvió, no solo con la cuchara grande, sino con la molera, del dinero del organismo.
Y aun cuando fue acusada presuntamente de usar a la CEDH con fines políticos, de desviar dinero público y de dar chamba a toda su parentela, logró mantenerse, por supuesto con la complicidad de algunas autoridades estatales y diputados del Partido Revolucionario Institucional, hasta mediados de junio de 2001.
En 1998 se descaró y usó sin pudor alguno, según la denuncia que enfrentó ante la PGJE, dinero del organismo, recursos materiales y humanos para la campaña de Joaquín Cisneros Fernández, candidato del PRI a la gubernatura de Tlaxcala.
Con la derrota de Cisneros, Morales Cortés también perdió y el gobierno del perredista Alfonso Sánchez Anaya presentó sendas denuncias contra ella por malos manejos financieros por más de seis millones de pesos, que supuestamente fueron a parar a las campañas del PRI.
Desde 2001 Víctoria Morales desapareció de Tlaxcala, algunas versiones apuntan que se fue a vivir cómodamente en alguna ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica o en algún condado del norte de ese país. Nada se sabe de la ombudswoman, menos del dinero que presuntamente desvió.
Tienen casi 30 años estas denuncias en la 'congeladora' de la PGJE y nadie preguntó por ello, bueno ya prescribieron. Qué pena.
La CEDH, desde su nacimiento, se ha convertido en 'coto de poder' de los legisladores en turno quienes negocian espacios laborales para sus familiares, 'cuates', y hasta parejas sentimentales. Hoy Víctor Manuel Cid del Prado Pineda es el mejor ejemplo de ello. Él fue recomendado por Carlos Bailón Valencia, secretario técnico del gobernador Marco Mena.
TINTERO conoció un caso, solo por citar uno, en el que un ombudsman complacía y avalaba sin pudor alguno que su novia, a la sazón visitadora, entregara como 'cuota quincenal' el 50 % de su salario a un diputado local que la había recomendado para la 'chamba'.
Con estas prácticas, y gracias a que ha sido politizada y ha perdido autoridad moral, la CEDH sigue siendo 'blanco de ataques' de quienes, a estas alturas, todavía creen que no debería existir o, peor aún, viven con la idea de que solo protege a delincuentes.
Hasta el próximo martes.
