Ya existían cuatro antecedentes de muertes en separos municipales, la mitad ocurrido en administraciones pasadas cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación general dirigida a los 60 presidentes municipales de la entidad.
El organismo ya acusaba serias deficiencias en la mayoría de los centros de detención municipales, como falta habitabilidad e higiene; sin áreas específicas para mujeres, para personas de la diversidad sexual y con alguna discapacidad, alimentación, comunicación, servicio médico y personal de seguridad pública capacitado.
Ahora algunos de ellos están pagando por haber minimizado esa recomendación. El último de ellos, el de Xaltocan, enfrenta ahora el repudio de la ciudadanía que votó por él apenas hace un año. En instantes la gobernabilidad desapareció.
El problema para el munícipe no es menor: el gobierno estatal prácticamente se ha deslindado del problema en esa jurisdicción y ha anunciado que la reposición de varias patrullas y una ambulancia incendiadas por pobladores es responsabilidad del presidente José Luis Hernández Vázquez. Pero además, que la seguridad en esa demarcación es facultad de la autoridad local
Si la ingobernabilidad se apodera de ese municipio, pronto veremos un nuevo presidente o, en su caso, un concejo municipal, decisión del Congreso.
En Apizaco, donde el alcalde Pablo Badillo Sánchez ya tiene dos recomendaciones, el problema no puede ser más grave. La actual administración registra dos muertes en sus separos municipales, resultado de la falta de protocolos, descuidos y de negligencia que no solo puede ser cargada a los elementos policiacos involucrados, sino también a la autoridad municipal. Y, sin embargo, es la hora que sigue cabildando si acepta o no la recomendación emitida por la CEDH, sabiendo que es el principal responsable de lo que suceda ahí.
¿En cada municipio, quién es el funcionario que elige a los funcionarios que le acompañarán durante su periodo de gobierno? Pues los propios presidentes.
Por eso mismo no pueden deslindarse de las muertes en los separos, ni pueden minimizarlos. Son ellos los que palomean no sólo a sus directores de seguridad pública, sino que avalan las decisiones en la integración de esas oficinas.
En varias comunas, los cuerpos de seguridad no están totalmente integrados ni debidamente certificados. Es más, a la fecha, cerca del 40 % de los efectivos carecen de evaluación.
La reciente realización de la mesa de trabajo “Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia Estado-Municipios”, fue reveladora de lo mal que los presidentes municipales están trabajando el tema de la seguridad. Por eso no es gratuito que la percepción ciudadana, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), establece que más de la mitad de la población se percibe insegura.
La gravedad del problema seguramente le ha llegado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien en esa mesa de seguridad, hizo un enérgico llamado a las y los presidentes de la entidad para redoblar esfuerzos en la materia, advirtiéndoles que cada uno es responsable de la seguridad en su territorio.
Los delitos que se cometen cotidianamente, la falta de capacitación de los elementos policiales y la incapacidad que han exhibido, se han convertido en el principal problema a resolver por parte del gobierno lorenista y municipios.
La explosión social reflejada en Xaltocan con la muerte de un interno, y en San Pedro Tlalcuapan con el asesinato de un presunto delincuente y la posteriormente la aprehensión del presidente de comunidad, son solo ejemplos de lo que puede llegar a suceder si el problema se desborda.
Varios ayuntamientos no quieren atender la problemática, a tal grado que algunos han hecho caso omiso a la recomendación de la CEDH. Nadie escarmienta en cabeza ajena, reza el refrán. Más vale que no lo experimenten conforme avances sus respectivas administraciones, se debe trabajar de manera coordinada, nunca es tarde para ello. Al tiempo
