Esta ocasión no nos referimos al parto biológico, sino al político, que ocasiona cambios drásticos en la vida social, en este caso de México. En la época de la Reforma (1847), causó estupor a los integrantes de la Iglesia católica la implantación de la Ley Juárez, aquélla que puso en su lugar al clero católico que, siendo afectado en sus intereses materiales y de poder, hasta formó un ejército pagado para combatir al gobierno reformador, ejército que derramó mucha sangre y siguió derramando más en la Guerra Cristera en el siglo pasado. La historia nacional lo señala con precisión. Los cambios ejercidos por revoluciones populares generan descontento y odio de los poderosos, que no desean dejar su posición política y económica que les ha beneficiado en grado superlativo, ello en detrimento del pueblo.
La presencia del nuevo gobierno llamado “morenista”, cuyo Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ha sembrado pavor en la clase política gobernante, y no es para minimizar las acciones del actual gobierno que ha dado pasos importantes para iniciar un gobierno del pueblo y para el pueblo, y una de esas acciones es el sueldo que se autogestionaron todos los servidores públicos de los gobiernos anteriores (por lo menos tres), entre ellos los del Poder Judicial. ¿Cuáles? Los ministros, magistrados y jueces, los que actualmente cobran sueldos llamados “estratosféricos”, los que sobrepasan al sueldo asignado a Peña Nieto. Este cuerpo de funcionarios ha protestado contra la buena disposición presidencial en favor del pueblo, aquél marginado por los pasados gobiernos de muy triste memoria. Ese cuerpo judicial jamás se pronunció ejerciendo la ley de hechos deleznables cometidos contra la sociedad mexicana, como el caso de los niños calcinados en la guardería infantil, o de los acribillados en Tlatlaya, o del crimen masivo de los 43 normalistas desaparecidos, tampoco manifestó su inconformidad de los electricistas despedidos ni del envenenamiento de las aguas para la agricultura y la última Ley de Juicio Oral, donde los delincuentes pasean libremente y la víctima en espera eterna de la justicia. A esta última ley, como juristas debieran rechazarla y no lo han hecho, tal vez por falta de tiempo o porque “están mal” pagados en su función justiciera.
El Ejecutivo federal ha puesto ejemplo al asignarse un sueldo inferior al que cobraba su antecesor, considerando que el país está en bancarrota y para ello en primer término moralmente se asignó un sueldo moderado para contribuir a restaurar económicamente el tesoro nacional. Sin embargo parte del poder judicial (ministros, magistrados y jueces), perciben sueldos que un obrero no alcanza a reunir en 30 años de servicios.
Investigación realizada ante las instancias correspondientes arrojan datos que sorprenden la moral sostenida por un personaje que imparte justicia, ello según su investidura: respetable, pero… su conducta personal deja mucho que desear y no encaja en la ética profesional de un alto jerarca encargado de impartir justicia y se trata del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales tiene una hija dentista, que percibe sueldo anual sin trabajar (aviadora), de seis millones 939 mil 324, cantidad que registra el Presupuesto de Egresos de 2018. El citado Aguilar Morales tiene un sueldo de cuatro millones 743 mil 537 pesos anuales, más prestaciones, que hacen un total de seis millones 938 mil 234 pesos (fuente de información: Presupuesto de Egresos de la Federación 21018).
En la sala donde operan miembros de la Suprema Corte de Justicia se observa una pintura del gran presidente Benito Juárez García (auténtico héroe), efigie que debiera recordarles lo dicho por el abogado de Guelatao: “en la justa medianía de la austeridad republicana”, refiriéndose como tenía que aprender a vivir un funcionario.
Entonces, el voto de las últimas elecciones es esperanza para el pueblo y realidad dolorosa para el grupo político en el poder, porque está perdiendo privilegios mal habidos. Este gobierno está imponiendo justicia, quitándoles a los que tienen más indebidamente, para dar a los desposeídos, aquéllos que nacieron pobres y morían pobres. El Congreso de la Unión desea formarles Juicio Político por argumentar inconstitucionalidad, de llevarse a cabo serían sustituidos por otros mediante evaluación ética y conocimientos. ¡Estaremos atentos!
