/ lunes 19 de marzo de 2018

Torpe e irresponsable

Los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en Ixtenco demuestran que la decisión del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca fue torpe e irresponsable.

Torpe, porque ignoró la recomendación de la Secretaría de Gobierno (Segob), que venía mediando en el asunto, de mantener el diálogo para evitar que el conflicto se agravara. E irresponsable, porque varios pobladores y policías resultaron lesionados y tuvieron que acudir al hospital para su atención médica, amén de la destrucción de patrullas de varios municipios y de bienes de la alcaldía.

Esta clase de sucesos son los que evidencian la estatura política de los gobernantes, y resultó que la del presidente municipal, postulado por el Partido Encuentro Social (PES), es muy pequeña, porque privilegió la confrontación a un alto costo y sin provecho alguno para su causa.

Las diferencias entre Caballero Yonca y algunos integrantes del Cabildo encabezados por la síndico Lucía Rojas, y parte de la población, iniciaron en diciembre, por señalamientos de irregularidades financieras y nepotismo, pero arreciaron el 15 de enero, durante la presentación de su informe de gobierno.

La Presidencia Municipal fue tomada por el grupo inconforme, que desde entonces ha solicitado la intervención del Congreso del Estado para exigirle que inicie un procedimiento de revocación de mandato.

Lamentablemente, tuvo que pasar el intento de recuperar la alcaldía a la fuerza, a iniciativa personal de Miguel Ángel Caballero, para que los diputados tomaran con más seriedad el asunto.

Al final, el alcalde resultó la principal víctima de su soberbia, pues no pudo recobrar el edificio de la presidencia, tuvo que ser rescatado por policía estatales porque puso en riesgo su propia seguridad, y políticamente se ha quedado sin respaldo para sostenerse al frente del ayuntamiento.

Aunque José Luis Garrido, dirigente del PES, salió a declarar que el edil actuó para tomar el control de la presidencia de manera pacífica, lo cierto es que las imágenes del zafarrancho y las palabras de los inconformes lo muestran como un mentiroso, porque además Caballero Yonca se valió de acuerdos en materia de seguridad con otros municipios, incluidos algunos de Puebla, para cumplir un capricho personal. Y es que no tenía caso que retomara la alcaldía si antes no había resuelto el conflicto de fondo.

Ahora, los diputados están obligados a dar respuesta a los pobladores de Ixtenco y valorar la remoción del presidente municipal, quien debe responder por las anomalías que se le imputan y por la violencia desatada en la cabecera, ya que es el único responsable.

Pero en tanto los legisladores se deciden a llamarlo a cuentas, Miguel Ángel Caballero tendrá que pagar los salarios retenidos de tres quincenas a los regidores Giovany Aguilar, Raúl Mauricio y Eva María Bernardino, así como a la síndica municipal, luego de que el Tribunal Electoral de Tlaxcala determinara que los ayuntamientos no tienen facultades para retener el pago de las dietas a sus integrantes por el presunto incumplimiento de sus deberes.

La derrota política del alcalde de Ixtenco debería ser ejemplo para otros ediles que se conducen a sus anchas, sin respeto a la ley ni a la población que gobiernan. Sus decisiones equivocadas en temas sensibles como seguridad pública, obra pública, y administración de recursos, inciden directamente en la gobernabilidad, pues ya no pasan por alto para la gente que, como ha quedado claro, se asume como un actor más activo en los problemas que afectan a su comunidad.

Los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en Ixtenco demuestran que la decisión del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca fue torpe e irresponsable.

Torpe, porque ignoró la recomendación de la Secretaría de Gobierno (Segob), que venía mediando en el asunto, de mantener el diálogo para evitar que el conflicto se agravara. E irresponsable, porque varios pobladores y policías resultaron lesionados y tuvieron que acudir al hospital para su atención médica, amén de la destrucción de patrullas de varios municipios y de bienes de la alcaldía.

Esta clase de sucesos son los que evidencian la estatura política de los gobernantes, y resultó que la del presidente municipal, postulado por el Partido Encuentro Social (PES), es muy pequeña, porque privilegió la confrontación a un alto costo y sin provecho alguno para su causa.

Las diferencias entre Caballero Yonca y algunos integrantes del Cabildo encabezados por la síndico Lucía Rojas, y parte de la población, iniciaron en diciembre, por señalamientos de irregularidades financieras y nepotismo, pero arreciaron el 15 de enero, durante la presentación de su informe de gobierno.

La Presidencia Municipal fue tomada por el grupo inconforme, que desde entonces ha solicitado la intervención del Congreso del Estado para exigirle que inicie un procedimiento de revocación de mandato.

Lamentablemente, tuvo que pasar el intento de recuperar la alcaldía a la fuerza, a iniciativa personal de Miguel Ángel Caballero, para que los diputados tomaran con más seriedad el asunto.

Al final, el alcalde resultó la principal víctima de su soberbia, pues no pudo recobrar el edificio de la presidencia, tuvo que ser rescatado por policía estatales porque puso en riesgo su propia seguridad, y políticamente se ha quedado sin respaldo para sostenerse al frente del ayuntamiento.

Aunque José Luis Garrido, dirigente del PES, salió a declarar que el edil actuó para tomar el control de la presidencia de manera pacífica, lo cierto es que las imágenes del zafarrancho y las palabras de los inconformes lo muestran como un mentiroso, porque además Caballero Yonca se valió de acuerdos en materia de seguridad con otros municipios, incluidos algunos de Puebla, para cumplir un capricho personal. Y es que no tenía caso que retomara la alcaldía si antes no había resuelto el conflicto de fondo.

Ahora, los diputados están obligados a dar respuesta a los pobladores de Ixtenco y valorar la remoción del presidente municipal, quien debe responder por las anomalías que se le imputan y por la violencia desatada en la cabecera, ya que es el único responsable.

Pero en tanto los legisladores se deciden a llamarlo a cuentas, Miguel Ángel Caballero tendrá que pagar los salarios retenidos de tres quincenas a los regidores Giovany Aguilar, Raúl Mauricio y Eva María Bernardino, así como a la síndica municipal, luego de que el Tribunal Electoral de Tlaxcala determinara que los ayuntamientos no tienen facultades para retener el pago de las dietas a sus integrantes por el presunto incumplimiento de sus deberes.

La derrota política del alcalde de Ixtenco debería ser ejemplo para otros ediles que se conducen a sus anchas, sin respeto a la ley ni a la población que gobiernan. Sus decisiones equivocadas en temas sensibles como seguridad pública, obra pública, y administración de recursos, inciden directamente en la gobernabilidad, pues ya no pasan por alto para la gente que, como ha quedado claro, se asume como un actor más activo en los problemas que afectan a su comunidad.

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