El Ejecutivo estatal ha enviado al Congreso local una iniciativa para que la actual Comisión Estatal de Seguridad (CES) se convierta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Por lo visto, no solo se trata de desincorporar de la Secretaría de Gobierno el área responsable de la seguridad pública para darle el rango de dependencia, sino de innovar en este ámbito de la acción gubernamental, con el cambio de paradigma que implica pasar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana.
De acuerdo con la CES, la seguridad pública es la función a cargo del Estado y los Municipios tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Lo anterior implica la prevención, la investigación y la persecución de los delitos para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas y la reinserción social del sentenciado en términos de la normatividad aplicable.
Sin embargo, la seguridad ciudadana es un concepto más amplio que, de acuerdo con la Naciones Unidas, se concibe como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, inhibiendo las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.
Bajo esta perspectiva, se le considera un bien público que exige la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, por lo que la seguridad ciudadana no solo trata de la reducción de los delitos sino de una estrategia integral que incluye la acción comunitaria para prevenir la criminalidad y una educación basada en los valores y el respeto por la ley.
De esta manera, se trata de atender las causas potenciales de los delitos y de la violencia, y por ello en más gobiernos se incorpora, a fin de establecer medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad, pero también de atención a problemas como la falta de cohesión social.
Es claro que la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es un paso importante dentro de la ruta de la modernización administrativa que en el Gobierno de Marco Mena inició con la división de la antigua Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en las secretarías de Turismo del Estado y de Desarrollo Económico, respectivamente.
En este caso, con la nueva Secretaría se crearían áreas especializadas, como son: Inteligencia e investigación para la prevención, Análisis criminal, Combate al robo de vehículos y transportes, Policía de alta montaña, Área de peritajes en investigación y reconstrucción de hechos de tránsito, Ingeniería de tránsito, Fortalecimiento de la Policía Cibernética con especializaciones de detección y combate de los delitos de fraude y trata de personas, entre otros.
Además, se contempla el fortalecimiento del sistema penitenciario, enfocado a acciones que garanticen la reinserción social y permitan el desarrollo de actividades en aspectos de salud, deporte y capacitación para el empleo, en favor de quienes cumplen una condena.
Con esta iniciativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dependerá directamente del Ejecutivo del Estado, contará con autonomía técnica y operativa, y su relación con otras instancias estatales será de coordinación, con lo que se fortalecen las capacidades institucionales de la dependencia.
Un punto importante es que la propuesta no implicará modificaciones al presupuesto ni representará gastos extras, porque la modificación planteada es de carácter administrativo y operativo, de ahí que se aprovechará la estructura con la que actualmente funciona la CES.
Ya veremos cómo abordan los diputados locales esta iniciativa.
Dotar de un nuevo perfil a la dependencia encargada de la seguridad es importante, de cara a los nuevos escenarios sociales que exigen, no solamente hacer más eficiente el uso de los recursos humanos, materiales y económicos, sino propiciar un mayor involucramiento y participación de los ciudadanos.
Se trata de atender las causas potenciales de los delitos y de la violencia, y por ello en más gobiernos se incorpora, a fin de establecer medidas de prevención de la violencia y de control de la criminalidad, pero también de atención a problemas como la falta de cohesión social.
