/ lunes 18 de octubre de 2021

Una bella utopía (Parte 2)

El diferendo entre las empresas privadas y las medidas estatistas del gobierno de López Obrador se dirimirá en el Congreso. Mas de no conciliarse en ese ámbito, podría llegar hasta instancias jurisdiccionales internacionales.

Sin experiencia previa en la práctica de la democracia pluripartidista, la clase política cayó en una parálisis que frenó la evolución legislativa y nos distanció del devenir económico mundial. El Pacto por México de Peña Nieto rompió esa inercia negativa al derogar en los hechos el veto que prohibía al capital privado participar en el sector de la energía que, por razones que aún se discuten, los gobiernos neoliberales no quisieron o no supieron desarrollar. Insatisfecha su creciente demanda de electricidad, la expansión industrial del país se desaceleró y dejó de crecer. Y ya fuera por el agotamiento de los veneros de hidrocarburos de fácil acceso y/o por haber llegado al límite de la capacidad de las presas hidroeléctricas existentes, o por ambas causas juntas, el caso es que se hizo inaplazable transitar, por un lado, a otras formas de exploración y explotación de mantos petrolíferos marinos profundos que incrementaran unas reservas en constante declinación y, por otro, a ensayar diversas variantes de producción eléctrica como las que ya se usaban con éxito en numerosas naciones, basadas todas en el aprovechamiento de fuentes limpias y renovables.

Entre la globalidad y el nacionalismo

La falta de voluntad política -deliberada o no-, la crónica insuficiencia del erario y el desconocimiento de las modernas tecnologías fueron las causas que forzaron la apertura del mercado eléctrico al capital extranjero. A la planta industrial urgida de energía se le autorizó que generara su propia electricidad, al tiempo que el gobierno peñanietista otorgaba concesiones a firmas de otros países para producir energía limpia, eólica o solar, la cual a su vez venderían a la CFE, subiéndola a su red nacional de distribución. Así, los picos de la demanda quedarían cubiertos y los temidos apagones podrían evitarse. La emergencia quedó salvada, al tiempo que surgía un nuevo y prometedor espacio para la inversión y el empleo. Tlaxcala, necesitada de trabajo para su gente, fue una de las entidades beneficiadas; parecía pues que todos ganaríamos, incluyendo los consumidores. Lo que no sabíamos, según versión del propio presidente López Obrador, es que se habían firmado contratos en condiciones extraordinariamente lesivas para el interés de México.

Intereses contrapuestos difíciles de conciliar

En sólo tres años el país pasó de ser un estado neoliberal a otro que, sin dejarlo de serlo por completo, introdujo medidas estatistas que afectaron a la élite empresarial y cancelaron muchos de sus antiguos privilegios. Con López Obrador, la oscilación política pendular de cada sexenio experimentó un movimiento más brusco de lo previsto al que no se le acaba de hallar la cuadratura. En cualquier caso, la cuestión es saber dónde está el punto de equilibrio entre los afanes utilitarios del empresariado y el autoritarismo presidencial. Para el crecimiento y prosperidad de México tan necesaria es la preparación técnica y la capacidad financiera de la iniciativa privada como la irrenunciable obligación del gobierno de mirar por la equidad, la justicia y la protección de las minorías marginales. Sin embargo, esa deseada avenencia no será viable mientras los representantes del capital no moderen su ambición de riquezas materiales ni el mandatario acote sus pulsiones autocráticas. Las partes debieran marchar en la misma dirección; lamentablemente, la historia reciente nos muestra que el único cemento capaz de amalgamarlas ha sido la complicidad y la corrupción.

Acuerdo complejo de alcanzar

La difícil experiencia que, en materia de precios de la energía, viven ahora mismo muchos países del orbe ha vuelto a darle vigencia a un tema que no es nuevo para los mexicanos: la necesidad de que el Estado recobre la rectoría sobre los rubros de la economía que no deben estar sujetos a los vaivenes de un mercado que, por definición, carece de sentido social. Ya se ha visto que su liberalización irrestricta daña, no sólo al bolsillo de las mayorías sino la seguridad misma de la Nación. Es cierto que la libre competencia debiera ser una obligación de la clase empresarial y un derecho a favor de los consumidores; empero, ese status ha de ser rigurosamente cautelado por el Estado para evitar colusiones que deriven en manipuleo de los precios. La frase “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como se necesario” describe un principio que en la práctica es arduo de convenir. En un extremo está el libertinaje y en el opuesto la imposición; tal es el dilema que está en el centro de la Reforma Eléctrica. La solución que le de el Congreso de la Unión esclarecerá el rumbo que tomará la economía los años que gobierne la Cuarta Transformación.

ANTENA NACIONAL

La Belisario Domínguez -2-

En anterior artículo comenté, amigo lector, que este escriba trató de cerca a don Manuel Velasco Suárez y a Ifigenia Martínez. Tanto a don Manuel -un adelantado de la neurocirugía en el mundo- como a Ifigenia -economista y política de vanguardia- les debe mucho México, al ilustre chiapaneco por ser pionero de una ciencia inexplorada en nuestro país, y a la reconocida maestra capitalina por sumar su prestigio y su esfuerzo a la conspiración que, tras largos años de lucha, abrió a la Nación el camino a la democracia. Y a diez años de su deceso añado a estos dos reconocimientos el de otro mexicano notable, premiado en su momento con la misma medalla al mérito civil. Aludo a Miguel Ángel Granados Chapa que tantas lecciones de periodismo y de ética nos diera desde su diaria columna Plaza Pública.

El diferendo entre las empresas privadas y las medidas estatistas del gobierno de López Obrador se dirimirá en el Congreso. Mas de no conciliarse en ese ámbito, podría llegar hasta instancias jurisdiccionales internacionales.

Sin experiencia previa en la práctica de la democracia pluripartidista, la clase política cayó en una parálisis que frenó la evolución legislativa y nos distanció del devenir económico mundial. El Pacto por México de Peña Nieto rompió esa inercia negativa al derogar en los hechos el veto que prohibía al capital privado participar en el sector de la energía que, por razones que aún se discuten, los gobiernos neoliberales no quisieron o no supieron desarrollar. Insatisfecha su creciente demanda de electricidad, la expansión industrial del país se desaceleró y dejó de crecer. Y ya fuera por el agotamiento de los veneros de hidrocarburos de fácil acceso y/o por haber llegado al límite de la capacidad de las presas hidroeléctricas existentes, o por ambas causas juntas, el caso es que se hizo inaplazable transitar, por un lado, a otras formas de exploración y explotación de mantos petrolíferos marinos profundos que incrementaran unas reservas en constante declinación y, por otro, a ensayar diversas variantes de producción eléctrica como las que ya se usaban con éxito en numerosas naciones, basadas todas en el aprovechamiento de fuentes limpias y renovables.

Entre la globalidad y el nacionalismo

La falta de voluntad política -deliberada o no-, la crónica insuficiencia del erario y el desconocimiento de las modernas tecnologías fueron las causas que forzaron la apertura del mercado eléctrico al capital extranjero. A la planta industrial urgida de energía se le autorizó que generara su propia electricidad, al tiempo que el gobierno peñanietista otorgaba concesiones a firmas de otros países para producir energía limpia, eólica o solar, la cual a su vez venderían a la CFE, subiéndola a su red nacional de distribución. Así, los picos de la demanda quedarían cubiertos y los temidos apagones podrían evitarse. La emergencia quedó salvada, al tiempo que surgía un nuevo y prometedor espacio para la inversión y el empleo. Tlaxcala, necesitada de trabajo para su gente, fue una de las entidades beneficiadas; parecía pues que todos ganaríamos, incluyendo los consumidores. Lo que no sabíamos, según versión del propio presidente López Obrador, es que se habían firmado contratos en condiciones extraordinariamente lesivas para el interés de México.

Intereses contrapuestos difíciles de conciliar

En sólo tres años el país pasó de ser un estado neoliberal a otro que, sin dejarlo de serlo por completo, introdujo medidas estatistas que afectaron a la élite empresarial y cancelaron muchos de sus antiguos privilegios. Con López Obrador, la oscilación política pendular de cada sexenio experimentó un movimiento más brusco de lo previsto al que no se le acaba de hallar la cuadratura. En cualquier caso, la cuestión es saber dónde está el punto de equilibrio entre los afanes utilitarios del empresariado y el autoritarismo presidencial. Para el crecimiento y prosperidad de México tan necesaria es la preparación técnica y la capacidad financiera de la iniciativa privada como la irrenunciable obligación del gobierno de mirar por la equidad, la justicia y la protección de las minorías marginales. Sin embargo, esa deseada avenencia no será viable mientras los representantes del capital no moderen su ambición de riquezas materiales ni el mandatario acote sus pulsiones autocráticas. Las partes debieran marchar en la misma dirección; lamentablemente, la historia reciente nos muestra que el único cemento capaz de amalgamarlas ha sido la complicidad y la corrupción.

Acuerdo complejo de alcanzar

La difícil experiencia que, en materia de precios de la energía, viven ahora mismo muchos países del orbe ha vuelto a darle vigencia a un tema que no es nuevo para los mexicanos: la necesidad de que el Estado recobre la rectoría sobre los rubros de la economía que no deben estar sujetos a los vaivenes de un mercado que, por definición, carece de sentido social. Ya se ha visto que su liberalización irrestricta daña, no sólo al bolsillo de las mayorías sino la seguridad misma de la Nación. Es cierto que la libre competencia debiera ser una obligación de la clase empresarial y un derecho a favor de los consumidores; empero, ese status ha de ser rigurosamente cautelado por el Estado para evitar colusiones que deriven en manipuleo de los precios. La frase “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como se necesario” describe un principio que en la práctica es arduo de convenir. En un extremo está el libertinaje y en el opuesto la imposición; tal es el dilema que está en el centro de la Reforma Eléctrica. La solución que le de el Congreso de la Unión esclarecerá el rumbo que tomará la economía los años que gobierne la Cuarta Transformación.

ANTENA NACIONAL

La Belisario Domínguez -2-

En anterior artículo comenté, amigo lector, que este escriba trató de cerca a don Manuel Velasco Suárez y a Ifigenia Martínez. Tanto a don Manuel -un adelantado de la neurocirugía en el mundo- como a Ifigenia -economista y política de vanguardia- les debe mucho México, al ilustre chiapaneco por ser pionero de una ciencia inexplorada en nuestro país, y a la reconocida maestra capitalina por sumar su prestigio y su esfuerzo a la conspiración que, tras largos años de lucha, abrió a la Nación el camino a la democracia. Y a diez años de su deceso añado a estos dos reconocimientos el de otro mexicano notable, premiado en su momento con la misma medalla al mérito civil. Aludo a Miguel Ángel Granados Chapa que tantas lecciones de periodismo y de ética nos diera desde su diaria columna Plaza Pública.