La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) autorizó a finales de diciembre que la nueva tarifa para el servicio público de transporte de pasajeros fuera de 7 pesos la parada mínima.
La nueva tarifa se acordó tras considerar el gasto que representó para los concesionarios la modernización de sus unidades en 2014, y el aumento del precio de los combustibles y otros insumos.
Además, el último aumento autorizado por la autoridad para este servicio se dio en 2013, y fue de un peso. En esta ocasión, el incremento fue de apenas 50 centavos.
Con esta decisión, se buscó la menor afectación al bolsillo del usuario y compensar a un sector del que dependen muchas familias.
Como era de esperarse, hubo malestar en ambas partes. Por un lado, el gremio considera que es insuficiente, y por otro, el ciudadano estima que es lesivo para su economía.
Sin embargo, al final, la determinación resultó equilibrada, pues responde a la demanda de incremento del sector, y este aumento es 50 por ciento más bajo que los autorizados en los lustros recientes.
Por disposición de la Secte, los operadores quedaron obligados a exhibir la nueva tarifa en un lugar visible de la unidad para conocimiento de la ciudadanía, y a cumplir con los descuentos a personas con discapacidad y estudiantes.
Lamentablemente, en los últimos días, varias personas han expresado quejas por los abusos registrados en algunas rutas, ya que cobran más de lo debido.
Si bien la Secte avaló el cobro de 10 centavos adicionales por kilómetro recorrido, lo cierto es que, con “redondeos” ilegales, se han violado las tarifas.
Bien hicieron las autoridades estatales en implementar operativos para verificar que los cobros sean los correctos.
Ojalá la Secte esté pendiente de las denuncias de la gente, haga cumplir la normatividad y aplique las sanciones a que haya lugar.
Los transportistas que exigen revalorar el aumento tendrían que garantizar primero que las tarifas autorizadas se cumplan, y que sus servicios sean permanentemente de calidad.
Y los usuarios deben valorar que la decisión de usar el transporte público siempre será suya. Es decir, si tienen la posibilidad de trasladarse caminando o en bicicleta al trabajo, la escuela u otros deberes, podrían lograr ahorros y beneficios a su salud.
Ante las inquietudes de la ciudadanía, se desearía también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal fijara una postura por el alto incremento a la tarifa del servicio de líneas como ATAH y Flecha Azul, que de acuerdo a versiones en redes sociales pasó de 23 a 26 pesos en sus rutas de Santa Ana–Puebla. Resulta importante saber si las nuevas tarifas fueron autorizadas, y que el Centro SCT emprende acciones para impedir abusos.
Este año promete a nivel estatal importantes avances en materia de transporte: se trabaja ya en una Ley de Movilidad y Transporte que modernizaría el marco normativo vigente, se prevé iniciar la remodelación de la central camionera de Tlaxcala, y promover un Sistema de Movilidad Regional. Esperemos que el sector esté a la altura de las circunstancias.
