/ lunes 11 de noviembre de 2019

Urge coordinación para enfrentar la contaminación del Alto Atoyac

Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez.

Hace unos días participé en “Exposición de Motivos”, una serie producida por el Canal del Congreso, por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, que tiene como finalidad exponer las propuestas de iniciativa de ley y proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores, para darlas a conocer a los ciudadanos.

En esta oportunidad, y a raíz de la recomendación 10/2017 que hace dos años emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), anticipé que, en próximos días, subiré al pleno para solicitar a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como de los municipios poblanos de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, y de los municipios tlaxcaltecas de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, que informen a la Cámara de Senadores, y a la ciudadanía de ambas entidades, lo que han hecho para atender dicha recomendación.

Recordemos que la recomendación 10/2017 se emitió por las omisiones de los tres órdenes de gobierno ante la contaminación por aguas residuales de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, entre ellos, el río Zahuapan.

La realidad es que las descargas residuales no controladas, tanto municipales como industriales, que contaminan dichos ríos y sus afluentes, violan los derechos humanos de los habitantes de las comunidades aledañas, pues representan una afectación para su salud y su entorno.

Por esa razón tenemos un interés muy claro en pedir a las autoridades involucradas que informen sobre las medidas que han adoptado para hacer frente a este importante problema.

Sabemos que existe un presupuesto de 3 mil 300 millones de pesos para zonas metropolitanas en este 2019, y queremos saber cuánto se asignó y aplicó para la zona Puebla-Tlaxcala, particularmente, para la atención de los ríos Atoyac y Zahuapan, porque las afectaciones que reciben las comunidades, y las áreas agrícolas que usan sus aguas para riego, son alarmantes.

Hay vecinos, particularmente de la comunidad de Villalta, en Tepetitla, que reportan enfermedades derivadas de la contaminación por metales pesados y residuos tóxicos industriales. Y lamentablemente, también hay evidencia de decesos generados por esta situación.

Estimados tlaxcaltecas: hay temas con los cuales estamos comprometidos, y no estamos dispuestos a dejarlos pasar. Uno de ellos es la contaminación de nuestros ríos.

No vamos a ceder en la necesidad de su atención. No podemos permitir ni seguir esperando que las soluciones se retrasen.

Nos preocupa la ausencia de medidas de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para enfrentar a este enemigo silencioso, a pesar de los recursos autorizados, pues en ello se podrían observan posibles actos de corrupción.

Hay que obligar a empresas y municipios contaminantes a tratar sus aguas antes de verterlas en el río Atoyac.

Por eso es urgente encontrar puntos de solución, con el respaldo del Senado de la República, y de la Cámara de Diputados, donde han sido solidarias las comisiones respectivas.

Los gobiernos e instancias involucradas deben entender que queremos coadyuvar en la búsqueda de alternativas que hagan frente a este peligroso problema que propicia enfermedades y que hay que prevenirlas, porque curarlas representa un costo emocional y un gasto presupuestal excesivamente alto.

Las instituciones de salud registran un creciente número de pacientes con problemas renales y otros padecimientos, de ahí el interés de hacer equipo con las instancias federales, estatales y municipales, para afrontar esta realidad, pero desde una perspectiva amplia que involucre, además del cuidado del medio ambiente y la salud pública, la situación social de las comunidades.

El punto de acuerdo por el que exhortaremos a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, y a presidentes municipales de ambas entidades, para que informen al Senado las causas por las que han hecho caso omiso de la recomendación 10/2017 de la CNDH, no tiene otro propósito que el de coordinar e implementar medidas para eliminar verdaderamente la contaminación ambiental del Alto Atoyac, en beneficio directo de miles de familias afectadas.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.

Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez.

Hace unos días participé en “Exposición de Motivos”, una serie producida por el Canal del Congreso, por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, que tiene como finalidad exponer las propuestas de iniciativa de ley y proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores, para darlas a conocer a los ciudadanos.

En esta oportunidad, y a raíz de la recomendación 10/2017 que hace dos años emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), anticipé que, en próximos días, subiré al pleno para solicitar a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como de los municipios poblanos de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, y de los municipios tlaxcaltecas de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, que informen a la Cámara de Senadores, y a la ciudadanía de ambas entidades, lo que han hecho para atender dicha recomendación.

Recordemos que la recomendación 10/2017 se emitió por las omisiones de los tres órdenes de gobierno ante la contaminación por aguas residuales de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, entre ellos, el río Zahuapan.

La realidad es que las descargas residuales no controladas, tanto municipales como industriales, que contaminan dichos ríos y sus afluentes, violan los derechos humanos de los habitantes de las comunidades aledañas, pues representan una afectación para su salud y su entorno.

Por esa razón tenemos un interés muy claro en pedir a las autoridades involucradas que informen sobre las medidas que han adoptado para hacer frente a este importante problema.

Sabemos que existe un presupuesto de 3 mil 300 millones de pesos para zonas metropolitanas en este 2019, y queremos saber cuánto se asignó y aplicó para la zona Puebla-Tlaxcala, particularmente, para la atención de los ríos Atoyac y Zahuapan, porque las afectaciones que reciben las comunidades, y las áreas agrícolas que usan sus aguas para riego, son alarmantes.

Hay vecinos, particularmente de la comunidad de Villalta, en Tepetitla, que reportan enfermedades derivadas de la contaminación por metales pesados y residuos tóxicos industriales. Y lamentablemente, también hay evidencia de decesos generados por esta situación.

Estimados tlaxcaltecas: hay temas con los cuales estamos comprometidos, y no estamos dispuestos a dejarlos pasar. Uno de ellos es la contaminación de nuestros ríos.

No vamos a ceder en la necesidad de su atención. No podemos permitir ni seguir esperando que las soluciones se retrasen.

Nos preocupa la ausencia de medidas de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para enfrentar a este enemigo silencioso, a pesar de los recursos autorizados, pues en ello se podrían observan posibles actos de corrupción.

Hay que obligar a empresas y municipios contaminantes a tratar sus aguas antes de verterlas en el río Atoyac.

Por eso es urgente encontrar puntos de solución, con el respaldo del Senado de la República, y de la Cámara de Diputados, donde han sido solidarias las comisiones respectivas.

Los gobiernos e instancias involucradas deben entender que queremos coadyuvar en la búsqueda de alternativas que hagan frente a este peligroso problema que propicia enfermedades y que hay que prevenirlas, porque curarlas representa un costo emocional y un gasto presupuestal excesivamente alto.

Las instituciones de salud registran un creciente número de pacientes con problemas renales y otros padecimientos, de ahí el interés de hacer equipo con las instancias federales, estatales y municipales, para afrontar esta realidad, pero desde una perspectiva amplia que involucre, además del cuidado del medio ambiente y la salud pública, la situación social de las comunidades.

El punto de acuerdo por el que exhortaremos a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, y a presidentes municipales de ambas entidades, para que informen al Senado las causas por las que han hecho caso omiso de la recomendación 10/2017 de la CNDH, no tiene otro propósito que el de coordinar e implementar medidas para eliminar verdaderamente la contaminación ambiental del Alto Atoyac, en beneficio directo de miles de familias afectadas.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.