A mayor seguridad, más inversión

Recientemente el INEGI presentó las cifras de homicidios ocurridos durante 2017, a nivel nacional. La información revelada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, señala que en México se registraron 31.1 millones de delitos, lo cual equivale a 37 mil 17 delitos por cada 100 mil habitantes.

En el mismo lapso, se cometieron 31 mil 174 homicidios dolosos, lo cual significa que ocurrieron 85 homicidios al día, con una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, cifra que no veíamos desde la década de los sesenta y mayor al doble de la observada hace 10 años.

Estos datos exigen atención a la grave situación que vive el país. Si bien el gobierno entrante a nivel federal ha anunciado algunos cambios institucionales que pudieran contribuir a frenar la crisis, en Coparmex manifestamos que el gobierno en turno debe asumirse –hasta la conclusión de su mandato– como el principal responsable de emprender acciones necesarias para pacificar al país.

Desde la Coparmex se ha insistido en que se requiere urgentemente de la actuación del gobierno federal, para detener la embestida de violencia por parte de la criminalidad, que tiene a varios estados de la República Mexicana en máximo estado de alerta, clima que afecta gravemente tanto la inversión nacional como la extranjera y desde luego a la actividad turística.

Por ello, es que consideramos necesarias diversas acciones para hacer eficiente el combate a la inseguridad y la violencia, como fortalecer las instituciones de prevención del delito y las de procuración e impartición de justicia; elaborar una estrategia integral de prevención del crimen, que incluya no sólo a las áreas de seguridad, sino también a las de desarrollo social y económico. Así como la profesionalización policial, que incluya el robustecimiento de los filtros en los procesos de selección y formación.

Es necesario, un combate a la inseguridad utilizando las áreas de inteligencia y de investigación financiera, para acabar con las estructuras del crimen que afectan a las empresas y la sociedad en general, al grado del éxodo o cierre de actividades en algunas regiones.

Un aspecto fundamental para rediseñar la arquitectura institucional relacionada a la seguridad pública, en coordinación con la federación, estados y municipios, es avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad, tanto a nivel nacional como estatal.

Algunas de estas acciones, solamente requieren un esfuerzo más estricto en la implementación de la política pública por parte de los gobiernos; la ciudadanía no puede esperar la llegada de su nuevo titular del Poder Ejecutivo Nacional, para acceder a la seguridad y a la tranquilidad.

Es urgente que en los meses que restan a la actual administración federal, se tomen las medidas pertinentes para disminuir los índices de homicidios dolosos, de extorsiones, de secuestros, y de la comisión de muchos delitos del orden común.

Sobre todo porque con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialistas estiman que la comisión de delitos este año crecerá en un 10% adicional este 2018.

En el caso de nuestro estado, si bien es cierto que se encuentra dentro de los primeros lugares del país en materia de seguridad, los datos y la percepción no se están acompañando entre uno y otro, por lo que se debe continuar en las acciones de fortalecer las estrategias e instituciones que tienen que ver con la prevención del delito, la procuración e impartición de la justicia, con el propósito de que la seguridad pública no solamente sea estable sino que mejore tanto en datos como en la percepción.

En este sentido, cobra relevancia la mayor coordinación que deba existir entre las fuerzas policiacas federales, estatales y municipales, e incrementar –por mencionar un dato- el porcentaje de aprobados vigentes de la evaluación de control de confianza que reporta el SESNSP para Tlaxcala y que apenas alcanza un 40%, el cual se desglosa como sigue, personal de: Seguridad Pública Estatal 43%, Prevención y Reinserción Social 27%, Procuraduría General de Justicia 56% y Seguridad Pública Municipal un 36%.

Vigorizar la seguridad pública es una prioridad, no debe existir pretexto para que los gobiernos cedan en su responsabilidad de hacer todo lo posible para avanzar en la contención de la violencia, tanto a nivel federal, estatal y municipal, porque alcanzar un mayor grado de seguridad, tiene como consecuencia más inversión empresarial y por ende bienestar social.