/ miércoles 10 de julio de 2019

VISIÓN EMPRESARIAL

¿Quién miente?

  • La falta de resultados convincentes en la ejecución de las políticas públicas o la dudosa aplicación de los recursos públicos abre una brecha cada vez más ancha entre la aceptación ciudadana y el desempeño positivo de sus gobernantes para alcanzar sin opacidad y simulación las metas sociales, económicas y políticas que implican el desarrollo de una nación.

El Índice de Confianza del Consumidor hila cuatro meses a la baja, en junio se ubicó en 44.2 puntos desde su nivel más alto alcanzado en febrero. El indicador en su sexto mes disminuyó un 0.6 por ciento en comparación con mayo de este año y se situó en su nivel más bajo en siete meses con base a lo publicado por el INEGI.

La confianza de los ciudadanos juega un papel fundamental entre la relación que guarda el desempeño de las políticas públicas y el contexto social en el que se desenvuelven, pues el enfoque que se les dé a las políticas públicas logra impactar la confianza ciudadana en diversos ámbitos como el económico, educativo, seguridad, salud, empleo, entre otros. Actualmente, la desconfianza de las personas en las instituciones públicas es cada vez más alta.

La falta de resultados convincentes en la ejecución de las políticas públicas o la dudosa aplicación de los recursos públicos abre una brecha cada vez más ancha entre la aceptación ciudadana y el desempeño positivo de sus gobernantes para alcanzar sin opacidad y simulación las metas sociales, económicas y políticas que implican el desarrollo de una nación.

Por otro lado, hay ejemplos en otras latitudes del mundo que los altos niveles de confianza social predicen políticas públicas más eficaces, debido a que hay una estrecha colaboración entre servidores públicos, autoridades de gobierno y sociedad civil. La cooperación entre los diversos actores deriva en tener una mejor y mayor eficacia, eficiencia y aprobación en el desempeño de un gobierno, incluso se observa una mayor participación de los ciudadanos para enfrentar y dar soluciones a los embates que se presentan en el entorno.

En este sentido, cobra relevancia las políticas de transparencia y acceso a la información, de lucha contra la corrupción y la impunidad, apertura de gobierno, participación ciudadana, mejora regulatoria, seguridad pública, igualdad de oportunidades, ambientales, salud y educación para todos y muchas más; las cuales son el cimiento para incrementar la confianza de los ciudadanos y sobre todo para tener un país con total bienestar económico y social.

Sin embargo, parece que para algunos o muchos responsables de los tres niveles y órdenes de gobierno el esfuerzo se centra en crear desconfianza mediante sus acciones y por consecuencia en los pobres o nulos resultados que en sus informes de administración hacen patente en beneficio de la sociedad.

Por ejemplo, los ciudadanos escuchamos una y otra vez, que hay posibles actos de corrupción e impunidad y/o conflictos de interés de éste o aquel gobierno, sin que algún ente público que tiene la obligación de investigar y llevar al titular ante la justicia, determine de manera clara si existe el desvío de recursos, es decir, tanto quien gobierna como el que tiene la responsabilidad pública de revisar e indagar la correcta aplicación de los recursos, omite y simula dicha responsabilidad que le ha sido conferida por cada ciudadano, depositando en estos la confianza de conducirse con honestidad y apego al marco legal en beneficio de la sociedad. Por ello, es crucial la labor del órgano de fiscalización, del sistema anticorrupción, del instituto de transparencia, del fiscal anticorrupción y del Congreso, ya sean del ámbito estatal o federal.

Es común que cada titular y funcionarios pertenecientes a los tres niveles y órdenes de gobierno lleven a cabo decisiones y acciones que polarizan la opinión pública, sin garantizar al ciudadano la certeza de quién miente en cuanto a lo que conviene al país. Nos enteramos, a medias, sobre las cancelaciones de programas, proyectos e instituciones, conflictos al interior de instituciones federales y estatales, problemáticas económicas como una posible o ya presente contracción económica, alertamiento e incremento en el índice de inseguridad, falta de apoyos al campo, desabasto en medicamentos, sobre precios en la ejecución de infraestructuras o en la adquisición de bienes y servicios, es decir, hay una larga lista de desconfianza ciudadana.

En la Coparmex estamos convencidos que la única manera de lograr un Estado democrático y un desarrollo competitivo es generando y consolidando instituciones fuertes que salvaguarden el Estado de derecho y la estabilidad macroeconómica del país.

El día de ayer, los mexicanos recibimos la noticia de la renuncia del Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México, señalando en su misiva la denuncia sobre las notorias discrepancias que -ahora sabemos- existen al interior del Gobierno Federal para la toma de decisiones en materia macroeconómica y sobre todo, que éstas se implementan, sin método ni sustento que las justifiquen.

De igual forma, la Coparmex ve con preocupación la revelación sobre una visión extremista en la gestión pública, y la incapacidad para procesar al interior del Gobierno decisiones informadas y responsables basadas en la evidencia.

En cuanto a la política económica de un país, ésta debe garantizar un crecimiento sostenible mediante el equilibrio de las finanzas públicas y la estabilidad económica del mismo. No obstante, con todas las señales e indicadores en diversos tópicos, los gobiernos insisten que su principal interés es mantener finanzas públicas sanas, promover la inversión y estimular el consumo, por lo que la pregunta está en el aire ¿quién miente?.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

Twitter: @Noe_Altamirano1


¿Quién miente?

  • La falta de resultados convincentes en la ejecución de las políticas públicas o la dudosa aplicación de los recursos públicos abre una brecha cada vez más ancha entre la aceptación ciudadana y el desempeño positivo de sus gobernantes para alcanzar sin opacidad y simulación las metas sociales, económicas y políticas que implican el desarrollo de una nación.

El Índice de Confianza del Consumidor hila cuatro meses a la baja, en junio se ubicó en 44.2 puntos desde su nivel más alto alcanzado en febrero. El indicador en su sexto mes disminuyó un 0.6 por ciento en comparación con mayo de este año y se situó en su nivel más bajo en siete meses con base a lo publicado por el INEGI.

La confianza de los ciudadanos juega un papel fundamental entre la relación que guarda el desempeño de las políticas públicas y el contexto social en el que se desenvuelven, pues el enfoque que se les dé a las políticas públicas logra impactar la confianza ciudadana en diversos ámbitos como el económico, educativo, seguridad, salud, empleo, entre otros. Actualmente, la desconfianza de las personas en las instituciones públicas es cada vez más alta.

La falta de resultados convincentes en la ejecución de las políticas públicas o la dudosa aplicación de los recursos públicos abre una brecha cada vez más ancha entre la aceptación ciudadana y el desempeño positivo de sus gobernantes para alcanzar sin opacidad y simulación las metas sociales, económicas y políticas que implican el desarrollo de una nación.

Por otro lado, hay ejemplos en otras latitudes del mundo que los altos niveles de confianza social predicen políticas públicas más eficaces, debido a que hay una estrecha colaboración entre servidores públicos, autoridades de gobierno y sociedad civil. La cooperación entre los diversos actores deriva en tener una mejor y mayor eficacia, eficiencia y aprobación en el desempeño de un gobierno, incluso se observa una mayor participación de los ciudadanos para enfrentar y dar soluciones a los embates que se presentan en el entorno.

En este sentido, cobra relevancia las políticas de transparencia y acceso a la información, de lucha contra la corrupción y la impunidad, apertura de gobierno, participación ciudadana, mejora regulatoria, seguridad pública, igualdad de oportunidades, ambientales, salud y educación para todos y muchas más; las cuales son el cimiento para incrementar la confianza de los ciudadanos y sobre todo para tener un país con total bienestar económico y social.

Sin embargo, parece que para algunos o muchos responsables de los tres niveles y órdenes de gobierno el esfuerzo se centra en crear desconfianza mediante sus acciones y por consecuencia en los pobres o nulos resultados que en sus informes de administración hacen patente en beneficio de la sociedad.

Por ejemplo, los ciudadanos escuchamos una y otra vez, que hay posibles actos de corrupción e impunidad y/o conflictos de interés de éste o aquel gobierno, sin que algún ente público que tiene la obligación de investigar y llevar al titular ante la justicia, determine de manera clara si existe el desvío de recursos, es decir, tanto quien gobierna como el que tiene la responsabilidad pública de revisar e indagar la correcta aplicación de los recursos, omite y simula dicha responsabilidad que le ha sido conferida por cada ciudadano, depositando en estos la confianza de conducirse con honestidad y apego al marco legal en beneficio de la sociedad. Por ello, es crucial la labor del órgano de fiscalización, del sistema anticorrupción, del instituto de transparencia, del fiscal anticorrupción y del Congreso, ya sean del ámbito estatal o federal.

Es común que cada titular y funcionarios pertenecientes a los tres niveles y órdenes de gobierno lleven a cabo decisiones y acciones que polarizan la opinión pública, sin garantizar al ciudadano la certeza de quién miente en cuanto a lo que conviene al país. Nos enteramos, a medias, sobre las cancelaciones de programas, proyectos e instituciones, conflictos al interior de instituciones federales y estatales, problemáticas económicas como una posible o ya presente contracción económica, alertamiento e incremento en el índice de inseguridad, falta de apoyos al campo, desabasto en medicamentos, sobre precios en la ejecución de infraestructuras o en la adquisición de bienes y servicios, es decir, hay una larga lista de desconfianza ciudadana.

En la Coparmex estamos convencidos que la única manera de lograr un Estado democrático y un desarrollo competitivo es generando y consolidando instituciones fuertes que salvaguarden el Estado de derecho y la estabilidad macroeconómica del país.

El día de ayer, los mexicanos recibimos la noticia de la renuncia del Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México, señalando en su misiva la denuncia sobre las notorias discrepancias que -ahora sabemos- existen al interior del Gobierno Federal para la toma de decisiones en materia macroeconómica y sobre todo, que éstas se implementan, sin método ni sustento que las justifiquen.

De igual forma, la Coparmex ve con preocupación la revelación sobre una visión extremista en la gestión pública, y la incapacidad para procesar al interior del Gobierno decisiones informadas y responsables basadas en la evidencia.

En cuanto a la política económica de un país, ésta debe garantizar un crecimiento sostenible mediante el equilibrio de las finanzas públicas y la estabilidad económica del mismo. No obstante, con todas las señales e indicadores en diversos tópicos, los gobiernos insisten que su principal interés es mantener finanzas públicas sanas, promover la inversión y estimular el consumo, por lo que la pregunta está en el aire ¿quién miente?.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

Twitter: @Noe_Altamirano1