Por un sistema tributario justo y moderno

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México presenta la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros, con 16.2 por ciento del PIB, mientras que países como Francia o Dinamarca tienen 46.2 y 46 por ciento, respectivamente.

En este sentido, reconocemos que el problema de la defraudación, evasión y elusión fiscal es una tarea difícil pero no imposible de abordar. Por ello, se requiere fortalecer nuestro sistema tributario mediante un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, sin afectar a los buenos contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), calcula que alrededor de 350 mil millones de pesos es el monto anual de la evasión fiscal a través de facturas falsas. En este sentido, el Senado de la República discutirá próximamente aquellas reformas que busquen tipificar la defraudación fiscal, así como la expedición y adquisición de facturas falsas, como delitos relacionados al crimen organizado, por lo que los senadores deben establecer claramente los candados que eviten estos delitos, pero sin incurrir en una legislación desorbitantemente punitiva que genere una mayor incertidumbre para el país.

Asimismo, el sector empresarial tiene la claridad sobre la importancia que guarda el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues de estas contribuciones se obtienen los recursos necesarios para desarrollar proyectos de infraestructura, proveer seguridad y crear servicios públicos que permitan fomentar el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

Por esta razón, es un política adecuada combatir a las llamadas “empresas fantasmas”, que emiten comprobantes que permiten deducir operaciones simuladas, aumentando las penas en prisión a quienes expidan o compren facturas falsas. Sin duda, es prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales.

Sin embargo, se vuelve imprescindible que al tratar de resolver este problema en las siguientes semanas no se coloque en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de una legislación extremadamente punitiva.

Las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente. Preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias, confundiendo empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma. Esto, debido a cuestiones puramente operativas como la forma en la que se da de alta o baja en el SAT.

Siendo aún más grave que el contribuyente, sin la existencia de algún juicio, sea privado de su libertad y sentenciado penalmente. Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza. Incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática.

De esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles se ubican entre los más bajos, en más de un año.

Es necesario construir una ley mediante el análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo y cuya implementación no devenga en más problemas y cause una mayor incertidumbre para atraer y retener inversiones. No debe ser una ley catalogada como “fast-track”.

Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas hacen el llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a construir una legislación acorde con el país que queremos. Es momento de cerrar los espacios a una mala interpretación de la ley, por la que los buenos contribuyentes paguen las consecuencias.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

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