/ lunes 17 de diciembre de 2018

Visión Empresarial | Acabar con la corrupción, para un mejor país


José Noé Altamirano Islas*

2018 ha sido un año muy importante en la historia reciente de México, a nivel nacional se ha dado, de nueva cuenta, una alternancia en el Poder Ejecutivo, lo que nos habla de que existe madurez democrática en los mexicanos y solidez en las instituciones. En contraparte, este mismo año el problema de corrupción que permea a las instituciones de nuestro país, se convirtió en el segundo más importante para los ciudadanos, solamente detrás de la inseguridad.

La permanencia de la corrupción en las instituciones de los tres niveles y órdenes de gobierno, representa uno de los mayores obstáculos para poder hacer negocios en el país, ya que inhibe la inversión privada. Este lastre, tiene presencia en prácticamente todo tipo de transacciones, desde el pago para acceder a servicios que deberían ser gratuitos o la extorsión de verificadores de todo tipo, hasta el desvío de recursos públicos.

Para ejemplifircar lo anterior, basta mencionar que de acuerdo con el indicador #UnaSolaEconomía de #DATACoparmex, el crecimiento de la economía formal en el país ha sido de sólo 1.83 por ciento durante la administración federal que concluyó este 2018. Además de que el crecimiento de la economía formal, también se desaceleró en los últimos seis años, mientras en 2012 crecía a 2.86 por ciento; en 2017 esta cifra fue de tan sólo 1.44 %.

Las consecuencias de la corrupción son graves en términos económicos y sociales, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, en países con altos niveles de corrupción, la inversión es hasta 5 % menor, y de acuerdo con diversas organizaciones como el Foro Económico Mundial, el Banco de México, el Banco Mundial y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción oscila entre 2 y 10 % del PIB de nuestro país, un costo altísimo.

El sexenio que concluyó recientemente, nos dejó a los mexicanos una serie de retrocesos en esta materia, comenzando por la fragilidad del Estado de Derecho, que no es consistente con el lugar que ocupamos como una de las 15 economías más desarrolladas del mundo; ya que nuestro país ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la OCDE y además empeoró en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. De los 180 países evaluados, México ocupa el lugar 135.

En este mismo rubro, el colectivo #FuisteTú dio a conocer que en el ejercicio de 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó 2,563 casos de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos que equivalen a un daño a la hacienda pública por más de 95 mil millones de pesos. Este monto de dinero sin comprobar o aclarar equivale al presupuesto de la UNAM y de las subsecretarías de educación básica, media y media superior de la SEP.

La problemática es tan grave, que incluso Transparencia Mexicana estima que se dedica el 14 por ciento del ingreso promedio anual a pagos “extraoficiales”. Por ello, es impostergable que inicie una cruzada para cerrar espacios a la discrecionalidad de los servidores públicos, terminar con el desvío de recursos gubernamentales y, en general, dejar atrás los beneficios privados por el ejercicio de una responsabilidad pública.

En este sentido, los empresarios vemos positivo que el gobierno que inicia haya establecido el combate a la corrupción como una prioridad. Para lograrlo, es necesario que construyamos instituciones sólidas y fuertes que permitan un combate efectivo, como esperamos que sea el Sistema Nacional Anticorrupción y de forma paralela el Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin embargo, todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones de manera eficaz. Por eso, desde el sector privado hacemos un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo, a nivel federal y estatal, para que apoyen con contundencia y certeza jurídica la implementación del sistema anticorrupción.

Por ello, el sector empresarial desde la Coparmex, lamenta que el Poder Legislativo Federal, haya aprobado una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República carente de los lineamientos necesarios para garantizar el surgimiento de una institución autónoma y eficaz, a la altura del reto de combatir la impunidad que impera en el País.

Sabemos bien que los problemas de la corrupción y la impunidad no sólo recaen en el sector público ni en un sólo orden de gobierno, es responsabilidad de todos los mexicanos generar un cambio, por eso los estados, municipios, ciudadanos y empresas debemos contribuir para lograr erradicar la corrupción y la impunidad, denunciando y exigiendo justicia, probidad y orden en todos los ámbitos. El gran desafío de recuperar la confianza en las instituciones requiere que hagamos lo que nos corresponde.

En Coparmex Tlaxcala refrendamos nuestra voluntad por construir un mejor México y un mejor Tlaxcala, erradicando este lastre que perjudica el desarrollo económico, la competitividad y la inversión. Acabar con la corrupción y la impunidad es una prioridad para que logremos tener un mejor país.


*Presidente de la Coparmex Tlaxcala


José Noé Altamirano Islas*

2018 ha sido un año muy importante en la historia reciente de México, a nivel nacional se ha dado, de nueva cuenta, una alternancia en el Poder Ejecutivo, lo que nos habla de que existe madurez democrática en los mexicanos y solidez en las instituciones. En contraparte, este mismo año el problema de corrupción que permea a las instituciones de nuestro país, se convirtió en el segundo más importante para los ciudadanos, solamente detrás de la inseguridad.

La permanencia de la corrupción en las instituciones de los tres niveles y órdenes de gobierno, representa uno de los mayores obstáculos para poder hacer negocios en el país, ya que inhibe la inversión privada. Este lastre, tiene presencia en prácticamente todo tipo de transacciones, desde el pago para acceder a servicios que deberían ser gratuitos o la extorsión de verificadores de todo tipo, hasta el desvío de recursos públicos.

Para ejemplifircar lo anterior, basta mencionar que de acuerdo con el indicador #UnaSolaEconomía de #DATACoparmex, el crecimiento de la economía formal en el país ha sido de sólo 1.83 por ciento durante la administración federal que concluyó este 2018. Además de que el crecimiento de la economía formal, también se desaceleró en los últimos seis años, mientras en 2012 crecía a 2.86 por ciento; en 2017 esta cifra fue de tan sólo 1.44 %.

Las consecuencias de la corrupción son graves en términos económicos y sociales, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, en países con altos niveles de corrupción, la inversión es hasta 5 % menor, y de acuerdo con diversas organizaciones como el Foro Económico Mundial, el Banco de México, el Banco Mundial y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción oscila entre 2 y 10 % del PIB de nuestro país, un costo altísimo.

El sexenio que concluyó recientemente, nos dejó a los mexicanos una serie de retrocesos en esta materia, comenzando por la fragilidad del Estado de Derecho, que no es consistente con el lugar que ocupamos como una de las 15 economías más desarrolladas del mundo; ya que nuestro país ocupa el último lugar en combate a la corrupción entre los países de la OCDE y además empeoró en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. De los 180 países evaluados, México ocupa el lugar 135.

En este mismo rubro, el colectivo #FuisteTú dio a conocer que en el ejercicio de 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó 2,563 casos de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos que equivalen a un daño a la hacienda pública por más de 95 mil millones de pesos. Este monto de dinero sin comprobar o aclarar equivale al presupuesto de la UNAM y de las subsecretarías de educación básica, media y media superior de la SEP.

La problemática es tan grave, que incluso Transparencia Mexicana estima que se dedica el 14 por ciento del ingreso promedio anual a pagos “extraoficiales”. Por ello, es impostergable que inicie una cruzada para cerrar espacios a la discrecionalidad de los servidores públicos, terminar con el desvío de recursos gubernamentales y, en general, dejar atrás los beneficios privados por el ejercicio de una responsabilidad pública.

En este sentido, los empresarios vemos positivo que el gobierno que inicia haya establecido el combate a la corrupción como una prioridad. Para lograrlo, es necesario que construyamos instituciones sólidas y fuertes que permitan un combate efectivo, como esperamos que sea el Sistema Nacional Anticorrupción y de forma paralela el Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin embargo, todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones de manera eficaz. Por eso, desde el sector privado hacemos un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo, a nivel federal y estatal, para que apoyen con contundencia y certeza jurídica la implementación del sistema anticorrupción.

Por ello, el sector empresarial desde la Coparmex, lamenta que el Poder Legislativo Federal, haya aprobado una Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República carente de los lineamientos necesarios para garantizar el surgimiento de una institución autónoma y eficaz, a la altura del reto de combatir la impunidad que impera en el País.

Sabemos bien que los problemas de la corrupción y la impunidad no sólo recaen en el sector público ni en un sólo orden de gobierno, es responsabilidad de todos los mexicanos generar un cambio, por eso los estados, municipios, ciudadanos y empresas debemos contribuir para lograr erradicar la corrupción y la impunidad, denunciando y exigiendo justicia, probidad y orden en todos los ámbitos. El gran desafío de recuperar la confianza en las instituciones requiere que hagamos lo que nos corresponde.

En Coparmex Tlaxcala refrendamos nuestra voluntad por construir un mejor México y un mejor Tlaxcala, erradicando este lastre que perjudica el desarrollo económico, la competitividad y la inversión. Acabar con la corrupción y la impunidad es una prioridad para que logremos tener un mejor país.


*Presidente de la Coparmex Tlaxcala

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