Durante los últimos meses, las entidades y municipios han tenido que usar recursos propios para atender la crisis sanitaria y económica que el país sufre por la pandemia de la Covid-19, teniendo que hacer reasignaciones del gasto, ya que no han recibido recursos extraordinarios por parte de la Federación. Asimismo, debido a la falta de apoyos al sector productivo y a la protección del empleo por parte del Gobierno Federal, la gran mayoría de las administraciones estatales han implementado medidas fiscales de emergencia
Un total de 24 estados -entre ellos Tlaxcala- han implementado algún tipo de apoyo con respecto al Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Además, al menos nueve entidades han implementado medidas de apoyo directas al empleo, entre los que destacan los seguros de desempleo y apoyos directos a la nómina. Otros apoyos estatales han consistido en transferencias directas a grupos vulnerables o para promover que la población se quedara en casa.
Por ejemplo, en Tlaxcala el Gobierno Estatal ha impulsado el Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal otorgando créditos blandos, que de manera importante ayudan -principalmente- a las microempresas, así como el impulso de acciones de prevención en materia de salud dirigida a grupos vulnerables de la sociedad a través de las "Brigadas Cuídate".
Por ello, vemos positiva la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de transferir, mes con mes, y no de forma trimestral, los Fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que sirven para compensar a las entidades federativas cuando hay una caída en los ingresos presupuestarios.
Esto permitirá a los gobiernos estatales y municipales contar con recursos para atender la coyuntura actual de forma más expedita. Sin embargo, cabe resaltar que estos no son recursos extraordinarios, sólo son compensatorios a lo que ya estaba presupuestado.
Quedan muchos pendientes de cara a la elaboración del presupuesto en materia de gasto federalizado. El agotamiento del FEIEF será inminente, por lo que es muy importante que se defina cómo se van a recuperar los recursos para evitar riesgos sistémicos. También será importante discutir la posibilidad de acceder a endeudamiento, vía la línea de crédito que tiene México con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para subsanar los fondos de estabilización.
En la COPARMEX coincidimos que la coyuntura actual aumenta la relevancia de llevar a cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria para fortalecer el Pacto Fiscal, ya que en 2020, el gasto federalizado disminuyó en términos reales, en 0.1 por ciento, y la inversión pública se encuentra en niveles históricamente bajos, con 2.4 por ciento del PIB (la mitad destinada a PEMEX).
La Convención Nacional Hacendaria debe de poner fin al centralismo fiscal con el urgente involucramiento de nuestros municipios y entidades federativas, para formar parte de una verdadera distribución de los ingresos tributarios. Esto significa actualizar nuestro anticuado Sistema de Coordinación Fiscal.
Desde la COPARMEX vemos tres rutas imprescindibles para renovar el Pacto Fiscal.
La primera sería cambiar la fórmula de distribución de los fondos participables que contempla la Ley de Coordinación Fiscal y que se remonta a 1978. En la actualidad, el Fondo General de Participaciones -que se destina a estados y municipios-, se constituye con el 20 por ciento de la recaudación federal participable. No obstante, debemos de transitar hacia una mayor distribución de los recursos a los estados y municipios.
En la COPARMEX consideramos que una distribución adecuada sería del 30 por ciento, con una transición gradual para evitar una desestabilización de las finanzas públicas. Es un hecho que la distribución vigente entre la Federación y las entidades federativas permite que la Federación concentre de manera desproporcionada la recaudación.
La segunda ruta sería modificar la forma de distribución de la bolsa del Fondo General Participable, para premiar e incentivar la transparencia, el esfuerzo y eficiencia recaudatoria, el saneamiento de las finanzas públicas e incluso considerar si existe deuda pública cero o sostenible como la que tiene nuestro estado. Por último, en tercer lugar, se deberían implementar mejores mecanismos para la fiscalización de los recursos subnacionales.
En la COPARMEX reiteramos la importancia de avanzar hacia un gran Acuerdo Nacional, que incluya a todos los actores políticos, sociales y económicos, al que se sume o no el Gobierno Federal, y que nos permita sacar a México adelante.
JOSÉ NOÉ ALTAMIRANO ISLAS*
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