Ante la agravante situación económica que ha dejado la Covid-19 para trabajadores que perdieron su empleo, familias que vieron disminuido sus ingresos y empresas que perdieron su patrimonio al cerrar sus negocios -sin restar importancia al tema de salud y los lamentables fallecimientos-, se esperarían políticas públicas encaminadas realmente a incentivar la inversión y la recuperación de empleos formales, como la propuesta #RemediosSolidarios que planteó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para aligerar la cuesta arriba tanto de trabajadores como de las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente.
En este sentido, la Coparmex lamenta que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no se hayan atendido todas las propuestas planteadas por el sector empresarial, tanto en el Parlamento Abierto, como en los documentos entregados al Poder Legislativo.
Los diputados aprobaron la llamada “Miscelánea Fiscal” para el próximo año, que plantea reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Por lo que, resulta criticable que el bloqueo digital propuesto por el Ejecutivo Federal como mecanismo de control para efectos de la Ley del IVA, se haya hecho extensivo a la Ley del ISR, ya que, como lo señalamos, desde la propuesta original se perjudica no sólo a los prestadores de servicios digitales, sino a los usuarios.
En el caso del IEPS, reconocemos que no se haya aprobado el impuesto adicional, disfrazado de cuotas complementarias, propuesto por el presidente de la República para los combustibles automotrices cuando el precio del crudo y sus derivados sea bajo.
En la Coparmex consideramos que, con dichas cuotas, contrario a lo sostenido por el Gobierno Federal, se hubiera establecido el cobro de una sobretasa o cuota adicional, misma que no permitiría que la gasolina o diésel bajaran de precio.
En los cambios al CFF, lamentamos que se haya confirmado la política de criminalización de contribuyentes con medidas que parten de la base de “presumir” que todos los contribuyentes cometen actos ilícitos, como es la relativa a la cláusula anti-elusión, que fue aprobada tal cual la propuso el Gobierno Federal; esto es, “aclarando” que puede tener efectos penales.
De la misma forma sucedió con las propuestas en materia de “desistimiento de solicitudes de devolución”, en caso de que el contribuyente o su domicilio no estén localizados, con lo que se establecen más obstáculos para la procedencia de las devoluciones de los contribuyentes.
En los mismos términos, se hizo con la cancelación del certificado de sello digital, ya que la propuesta presidencial no sufrió ningún cambio para, por ejemplo, señalar, como lo propusimos, que esto sólo aplique en los casos que exista sentencia firme, confirmando las presunciones con que son acusados los contribuyentes a que se refieren los artículos 69 B y 69 B Bis.
Finalmente, por lo que se refiere al “aseguramiento precautorio a terceros” y el “uso de herramientas tecnológicas” en auditorías, si bien se establecieron algunos parámetros para su utilización, se sigue dejando en manos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fijar las reglas para su operación, lo que viola el principio de legalidad, ya que ambos actos implican una afectación a los derechos de propiedad de terceros y a la inviolabilidad del domicilio.
En la Coparmex hacemos un llamado a los senadores para que ejerzan correcta y profesionalmente la función constitucional que como Cámara revisora tienen, y, de forma efectiva, revisen el trabajo realizado por los diputados federales.
- * Presidente de la Coparmex Tlaxcala.
