Es fundamental propiciar que los ciudadanos participen en la vida política ejerciendo sus derechos para votar y ser votados, pero la violencia política podría convertirse en un factor que desaliente, atemorice, inhiba y trastoque las libertades de la ciudadanía. Por eso, es crucial poner alto a este flagelo que pone en peligro vidas y también a nuestra democracia.
Desde el pasado 7 de septiembre de 2020, en el que inició formalmente el proceso electoral, y hasta el 30 de abril de 2021, el Indicador de Violencia Política en México (IVP) publicado por Etellekt Consultores, registró un total de 476 agresiones contra personas políticas con un saldo de 443 víctimas de diversos delitos, de las cuales 79 de ellas fueron mortales. Un incremento del 64 por ciento con respecto al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018. Las víctimas corresponden a 155 mujeres y 288 hombres.
Más de la mitad de los hechos de violencia política (como asesinatos y agresiones) se concentran en los estados de: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Baja California, Estado de México, Michoacán y Zacatecas.
Mientras que en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó un alto riesgo de que las y los candidatos sean cooptados por la delincuencia organizada.
Un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios con menos de 100 mil habitantes y alejados de los centros urbanos, lo cual es un signo de alerta puesto que muchas de las candidaturas serán disputadas precisamente en comunidades alejadas en las que se dificulta la presencia de las fuerzas federales.
En este sentido, se deben atender los principales riesgos, el mayor de ellos es el riesgo de colusión con el crimen organizado. Esta labor debe ser conjunta entre el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales, las autoridades y fiscalías federales y locales, para el monitoreo de los perfiles y utilización de recursos de los candidatos. Por supuesto que la responsabilidad de los partidos es la revisión -como primer filtro- de los antecedentes de sus candidatos.
Por ello, debe existir una estrecha coordinación entre autoridades, pues uno de los elementos más delicados es el financiamiento o donativos en especie que reciban los candidatos, provenientes de fuentes ilícitas y que podrían comprometerlos, por ello es fundamental la coordinación entre el INE y autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera. Por otro lado, la coordinación entre autoridades federales y estatales para salvaguardar la integridad de los candidatos, sus equipos, los militantes y los ciudadanos antes y durante el día de la elección.
Además, la estrategia de protección debe ser integral, considerar la prevención de asesinatos y contemplarse los principales tipos de agresiones que se están suscitando como: amenazas, privación ilegal de la libertad, atentados contra familiares, robo de oficinas, daño a la propiedad, ataques contra colaboradores, lesiones, intimidación según la información del reporte elaborado por Etellekt Consultores.
Nuestro llamado es a que, por ninguna razón, la violencia se normalice y a que como sociedad alcemos la voz para que la violencia política no enturbie una elección tan trascendente como la que viviremos este año. Las autoridades tanto civiles, militares como electorales tienen que ser garantes de una elección limpia y en paz.
Los buenos somos más, pero para hacer valer nuestra condición tenemos que salir a ejercer nuestros derechos, elegir a quienes consideramos nos representarán de mejor forma y hacerlo sin miedo. La democracia mexicana está en riesgo y requiere que la consolidemos. Nuestro llamado también es a cada mexicano con posibilidades de sufragar, a ellos les decimos: Participa, Vota y Exige.
- * Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.
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