Todos los días los ciudadanos realizan miles de actividades cotidianas como llevar a sus hijos a la escuela, trasladarse a su centro de trabajo o a la universidad, ir de compras, acudir a un cajero automático o al banco, realizar algún trámite gubernamental, pasear con la familia por el zócalo de la ciudad y así, un sinfín de actividades diarias. Imaginemos hacerlo siempre con el temor de ser asaltados y estar siempre a la expectativa de quién se acerca y con qué intención.
En la actualidad, siete de cada 10 personas mayores de 18 años, considera inseguro vivir en Tlaxcala, de acuerdo al Inegi y con base a la última encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe 2019). Además, este dato se incrementa año con año, mientras en el 2011 se registraba que cuatro de cada 10 personas percibían como inseguro al estado, ahora la cifra creció significativamente.
Sin embargo, esta situación no es exclusiva de Tlaxcala, pues se replica a lo largo y ancho del país, es decir, a nivel nacional la cifra es que casi ocho de cada 10 personas se sienten inseguras en su entidad.
Ante este panorama, es más común que en las reuniones familiares o de amigos se hable de situaciones de inseguridad que han padecido, por ejemplo: asaltos en la calle, robo a su vivienda, de su vehículo, autopartes o a su negocio, sufrir secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, sólo por citar algunos ejemplos. No obstante, las autoridades sostienen que se está reduciendo la incidencia delictiva. En este sentido, ¿cuál es la realidad?, ¿verdaderamente hay mayor seguridad? ¿por qué el ciudadano no lo percibe de esta forma?.
Tal vez, la explicación se pueda observar en el registro de los delitos denunciados y en los no denunciados, los primeros son considerados por las autoridades y que se pueden conocer en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que son obtenidos por el reporte que hacen las instituciones de seguridad o de las procuradurías y fiscalías de cada estado.
Con relación a los delitos no denunciados o mejor conocidos como la “cifra negra”, son obtenidos por el Inegi, organismo público autónomo que goza de una alta credibilidad por aplicar recursos técnicos y humanos altamente fiables, y que indican que del total de delitos cometidos en México, el 93.2 por ciento no se denuncian; es decir, nueve de cada 10 delitos quedan impunes. El dato para Tlaxcala es similar, el 94.3 por ciento de los delitos cometidos no son sancionados.
Así que la autoridad no está considerando de manera real la situación de inseguridad que sí vive cada ciudadano en su entorno, es más, cuando el registro de delitos es menor, no significa necesariamente menor índice delictivo, podría ser incluso una situación en la que el ciudadano no está denunciando. Esto lo podemos apreciar para Tlaxcala que pasó en el 2018 a 2019 de 93.3 a 94.3 por ciento de los delitos no denunciados, es decir, el ciudadano está dejando de dar aviso a la autoridad.
El dato es alarmante, primero porque el ciudadano tiene la responsabilidad social de denunciar cualquier comisión de delito y segundo para que a partir de ello, sea la autoridad correspondiente la que haga las investigaciones para esclarecer el delito y llevar ante la justicia a los delincuentes. No obstante, de acuerdo al Inegi, los ciudadanos no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo, existe desconfianza y una actitud hostil de la autoridad y viven trámites largos y difíciles, además del miedo a ser extorsionado y miedo al agresor. Si la autoridad fortalece este tema básico y fundamental de denunciar, entonces sí estaremos hablando de una confianza en las autoridades.
Estoy convencido que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, tiene un genuino interés y preocupación por elevar los índices de seguridad en el estado, por lo que se requiere que tanto el ciudadano y las autoridades responsables tiendan los puentes necesarios para elevar el número de delitos denunciados y por supuesto, sean esclarecidos.
Finalmente, reitero que la seguridad pública no sólo radica en la prevención del delito, sino que también una vez cometido éste, la autoridad debe procurar e impartir justicia de manera pronta y expedita como lo indican nuestras leyes. A menor impunidad en la comisión de un delito, mayor confianza del ciudadano con la autoridad y por consecuencia un mejor bienestar.
* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.
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