Nunca faltan voraces comerciantes en épocas críticas por la que ha pasado la sociedad mexicana, y hoy su presencia no es la excepción, nunca les ha interesado la serie de necesidades del pueblo, por el contrario, semejan actitud del buitre al acecho de su víctima. Son concesionarios que han obtenido permiso gubernamental para revender combustibles y, como ahora vemos, muchos de ellos aprovechan el momento para llenar sus bolsos de ganancias desmedidas al expender gasolinas a alto precio, cuando a nivel mundial ha bajado en buen porcentaje, mismo que el gobierno federal aplicó al consumidor para abatir el costo anterior.
El descuento ahora aplicado a combustibles debiera reflejarse en el precio de pasajes con el propósito de coadyuvar a la crisis económica generada por la pandemia virulenta, de la que no está exento nuestro país. Dicha actitud se calificaría como loable toda vez que los empresarios se solidarizarían con la situación por la que transitan los mexicanos; al igual que habitantes de otras naciones.
En época de la Revolución Mexicana, no faltaron comerciantes voraces en extremo al vender con sobreprecio el maíz, el frijol y la carne, pero algunos de ellos fueron castigados con drasticidad por Francisco Villa al decomisarles los alimentos para la tropa hambrienta; inclusive, la historia anota que mandó sacrificar a todas las reses habidas de un poblado para los necesitados, determinación que causó la futura reproducción agrícola y ganadera, pero de momento la medida salvó a la población de morir por ausencia alimentaria.
Lo que se extraña es que la autoridad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), conocedora de abusos que cometen algunos revendedores de gasolinas con permiso del gobierno, no actúen acordes a los cánones legales para castigar a los especuladores que han hecho uso indebido de la concesión que ostentan para lastimar al pueblo consumidor de necesarios combustibles para efectuar su trabajo correspondiente. Y se anota “extraño”, porque en varias ocasiones en el programa presidencial de información, el titular de la Institución encargada de vigilar los pesos y medidas de productos que se expenden al público consumidor hace mención puntual de empresarios que cometen actos violatorios, sin embargo; no han sido castigados acordes a la Ley. Extraño porque son expuestos al público delante el Señor Presidente de la República y se permite que dichos empresarios del combustible continúen cometiendo arbitrariedades en cuanto al peso y medidas (capacidad), porque existen quejas abundantes en relación de litros despachados (que no son litros). Además el propio titular de la (PROFECO), mencionó que existen rechazos de varias gasolineras en la República, que no permiten la medición del combustible que expenden, a pesar de gasolineras denunciadas.
¿Cómo permite la autoridad negar una función oficial para comprobar la medida exacta y legal? Con la actitud pasiva de la autoridad que; se supone debe ejercer, se está permitiendo el fraude “a ojos vistos”, de la especulación que realizan los expendedores de combustibles. De hecho alguien (del gobierno federal), otorga el permiso para que se abuse de la bondad del pueblo.
Acá en la Ciudad de Tlaxcala, no se ha visto que los miembros de Profeco alguna vez se presenten al mercado sabatino para tomar nota de los pesos y medidas de productos que adquieren los compradores. En ese lugar es notorio que los kilos de 700 y 800 gramos sean expendidos por los comerciantes vendedores. Y la pregunta: ¿Dónde está su función? Tal vez no la conocen, porque ella se ejerce en donde se requiere, no en las oficinas que ocupan. ¿A quién protegen desde las oficinas? ¿A comerciantes arbitrarios o al pueblo consumidor?
No sancionar a especuladores de la gasolina incluyendo a los que expenden la de Pemex es ejercer la impunidad de autoridades, se ignora si este tipo de conductas insaciables de los expendedores de gasolinas se tipifique como delito penal, y si no existe, es oportuno estructurar proyecto de ley para aplicarla a voraces comerciantes, considerando las circunstancias económicas, políticas y sociales populares que se experimentan.
Los abusivos concesionados dan sobreprecio de cinco pesos sobre los 17 recomendados, ello con buena ganancia. Los abusos deben denunciarse aportando número de gasolinera y ubicación para ser sancionados por la autoridad.
