/ lunes 25 de febrero de 2019

¿Y el apoyo a las mujeres?

Adriana Dávila Fernández*

Un gobierno está obligado a proveer a todos sus gobernados las condiciones mínimas para que tengan una vida digna.

De ahí que lleve a cabo una serie de acciones mediante las cuales pueda dar respuesta a las demandas de las y los ciudadanos para proveerles mejores condiciones de vida, con acceso a bienes y servicios necesarios para su subsistencia, sin dejar de lado su desarrollo personal y social. Este debe ser el espíritu de la política pública.

Gobernantes y gobernados debemos procurar espacios de acción, con pleno ejercicio de derechos y obligaciones, así como mecanismos de participación que incidan en el desarrollo de políticas públicas que no solo atiendan las emergencias, sino que impulsen la construcción de alternativas de respuesta racionales, eficientes y eficaces.

Si bien pudiera parecer que el presidente López Obrador tiene la intención de disminuir la pobreza y la desigualdad en México, lo cierto es que además de dividir a la sociedad (como en sus 18 años de campaña), confunde política pública con paternalismo, asistencialismo y populismo, cuya finalidad es hacer que los ciudadanos dependan de lo que el gobierno les pueda dar.

En el planteamiento del Estado benefactor, se busca que los gobernados estén al pendiente de la repartición de recursos públicos, a través de programas sociales -que sin duda en algo ayudarán a aliviar el dolor humano, pero no deja de ser paliativo-, en vez de propiciar condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades e ideas, para trabajar, para invertir, para producir, para generar riqueza.

Planificar y priorizar acciones que incidan de manera positiva en la calidad de vida de los habitantes, no significa repartir dinero a algunos sectores vulnerables de la población y dejar desprotegidos a otros, porque esto no resuelve los problemas de fondo; pensiones a adultos mayores o becas para los jóvenes, está bien, pero eliminar programas que apoyan a las mujeres, es evidenciar que la política pública de esta administración no tiene visión ni perspectiva de género.

Durante años la bandera política del presidente López Obrador fue "Por el bien de todos, primero los pobres", lo cual es de reconocerse, pero el problema está en el cómo. Por ello, no es entendible que se tomen decisiones generadoras de violencia económica y patrimonial contra las mujeres, que poco contribuyen al libre desarrollo personal de capacidades, habilidades, por los límites y obstáculos impuestos desde la política pública.

Tengo pleno convencimiento sobre el impacto positivo de una política pública eficiente para abatir las condiciones de desigualdad, con recursos económicos administrados de manera eficiente, transparente y con el objeto de mejorar el porvenir de los mexicanos. Y bueno, señalo lo contradictorio de la aparente inclusión de la paridad de género en el equipo de gobierno, en el cual hay un equilibrio entre hombres y mujeres, pero que ya en las acciones gubernamentales ha mermado el apoyo al sector femenino, aunque en los hechos debo reconocer que no exista más voz ni peso para toma de decisiones que el dicho y sensibilidad presidencial.

Me permito exponer la carencia de perspectiva de género con los siguientes ejemplos:

1. En este gobierno, desaparece la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, la cual tenía por objeto investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y los de trata de personas, así como brindar a las víctimas y a su hijas e hijos, un lugar digno, seguro y protegido en donde habitar de forma temporal en caso necesario (refugio), con la aprobación de la nueva Fiscalía General de la República.

2. Es evidente la sensible reducción presupuestal en todos los programas, dirigidos especialmente a fortalecer y apoyar las capacidades de las mujeres de México. El recorte presupuestal a las estancias infantiles finalmente desaparece un programa con reconocimiento internacional, cuyo propósito es apoyar a mujeres trabajadoras y a profesionistas que, a su vez, buscan ayudar a otras mujeres.

3. Se quitará el recurso público a las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda, se tendrá un impacto negativo no sólo en el desarrollo de acciones que impulsen acciones con perspectiva e igualdad de género, sino en el fomento a la participación desde espacios organizados de los habitantes para coadyuvar en la atención, orientación, seguimiento, vigilancia sobre el ejercicio de la autoridad y con apego a la garantía de derechos humanos.

4. En el sector salud, se omitió la asignación de recursos al programa de atención integral para pacientes con cáncer cérvico-uterino localmente avanzado. ¿Cómo desaparecen un modelo de atención en una enfermedad que es la segunda causa mortal entre las mexicanas?

5. Con respecto a los subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, sus hijas e hijos que padecen violencia, es cierto que se acaba de publicar (en menos de 48 horas dos veces), la convocatoria. Sin embargo, a la luz del comunicado del Gobierno Federal, además de hacer evidente el desconocimiento de alcances de los programas (de antemano reconozco que se justificará en el reciente arribo a la responsabilidad pública), no se menciona sobre la asignación de recursos a organizaciones dirigidas por mujeres, en otros rubros, como pueden ser las del campo, científicas, empoderamiento. Las sorpresas las tendremos más adelante.

En los hechos se lastiman espacios y posibilidades de desarrollo de mujeres, por eso es difícil entender al gobierno que dice apoyarlas, ignora sus necesidades y pretende someterlas mediante la dependencia económica. Desde el poder público se impulsa la violencia a las mujeres.

Me explico y retomo las estancias infantiles: proporcionar apoyo económico directo a las mujeres no necesariamente significa que el recurso se utilizará con el propósito de atención infantil, es una forma velada de atender un problema con el señalamiento explícito de "quédate en casa, es tu responsabilidad". Se busca repetir los estereotipos del pasado: las mujeres a su casa, al cuidado de los niños, enfermos y adultos mayores.

Por cierto, y me apoyo en la evidencia histórica, nunca las voces feministas de izquierda fueron más escuchadas que en los gobiernos emanados de Acción Nacional; su lucha se retomó y se impulsó el Instituto Nacional de la Mujeres, la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida libre de violencia, el apoyo a Madres trabajadoras con las estancias infantiles; entre otras, son logros de y para las mujeres en su conjunto.

Me sorprende el escandaloso silencio de las voces promotoras del pasado que acompañan, justifican y hasta aplauden, decisiones con la intención de minar los derechos sociales de las mujeres. Hoy, están calladas, sin argumentos, ni voluntad para realizar alguna crítica a los actos insensibles, incapaces de consolidar y empoderar a las mexicanas. Se encuentran paralizadas por miedo o por conveniencia política. Es lamentable.

*Diputada federal

Adriana Dávila Fernández*

Un gobierno está obligado a proveer a todos sus gobernados las condiciones mínimas para que tengan una vida digna.

De ahí que lleve a cabo una serie de acciones mediante las cuales pueda dar respuesta a las demandas de las y los ciudadanos para proveerles mejores condiciones de vida, con acceso a bienes y servicios necesarios para su subsistencia, sin dejar de lado su desarrollo personal y social. Este debe ser el espíritu de la política pública.

Gobernantes y gobernados debemos procurar espacios de acción, con pleno ejercicio de derechos y obligaciones, así como mecanismos de participación que incidan en el desarrollo de políticas públicas que no solo atiendan las emergencias, sino que impulsen la construcción de alternativas de respuesta racionales, eficientes y eficaces.

Si bien pudiera parecer que el presidente López Obrador tiene la intención de disminuir la pobreza y la desigualdad en México, lo cierto es que además de dividir a la sociedad (como en sus 18 años de campaña), confunde política pública con paternalismo, asistencialismo y populismo, cuya finalidad es hacer que los ciudadanos dependan de lo que el gobierno les pueda dar.

En el planteamiento del Estado benefactor, se busca que los gobernados estén al pendiente de la repartición de recursos públicos, a través de programas sociales -que sin duda en algo ayudarán a aliviar el dolor humano, pero no deja de ser paliativo-, en vez de propiciar condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades e ideas, para trabajar, para invertir, para producir, para generar riqueza.

Planificar y priorizar acciones que incidan de manera positiva en la calidad de vida de los habitantes, no significa repartir dinero a algunos sectores vulnerables de la población y dejar desprotegidos a otros, porque esto no resuelve los problemas de fondo; pensiones a adultos mayores o becas para los jóvenes, está bien, pero eliminar programas que apoyan a las mujeres, es evidenciar que la política pública de esta administración no tiene visión ni perspectiva de género.

Durante años la bandera política del presidente López Obrador fue "Por el bien de todos, primero los pobres", lo cual es de reconocerse, pero el problema está en el cómo. Por ello, no es entendible que se tomen decisiones generadoras de violencia económica y patrimonial contra las mujeres, que poco contribuyen al libre desarrollo personal de capacidades, habilidades, por los límites y obstáculos impuestos desde la política pública.

Tengo pleno convencimiento sobre el impacto positivo de una política pública eficiente para abatir las condiciones de desigualdad, con recursos económicos administrados de manera eficiente, transparente y con el objeto de mejorar el porvenir de los mexicanos. Y bueno, señalo lo contradictorio de la aparente inclusión de la paridad de género en el equipo de gobierno, en el cual hay un equilibrio entre hombres y mujeres, pero que ya en las acciones gubernamentales ha mermado el apoyo al sector femenino, aunque en los hechos debo reconocer que no exista más voz ni peso para toma de decisiones que el dicho y sensibilidad presidencial.

Me permito exponer la carencia de perspectiva de género con los siguientes ejemplos:

1. En este gobierno, desaparece la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, la cual tenía por objeto investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y los de trata de personas, así como brindar a las víctimas y a su hijas e hijos, un lugar digno, seguro y protegido en donde habitar de forma temporal en caso necesario (refugio), con la aprobación de la nueva Fiscalía General de la República.

2. Es evidente la sensible reducción presupuestal en todos los programas, dirigidos especialmente a fortalecer y apoyar las capacidades de las mujeres de México. El recorte presupuestal a las estancias infantiles finalmente desaparece un programa con reconocimiento internacional, cuyo propósito es apoyar a mujeres trabajadoras y a profesionistas que, a su vez, buscan ayudar a otras mujeres.

3. Se quitará el recurso público a las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda, se tendrá un impacto negativo no sólo en el desarrollo de acciones que impulsen acciones con perspectiva e igualdad de género, sino en el fomento a la participación desde espacios organizados de los habitantes para coadyuvar en la atención, orientación, seguimiento, vigilancia sobre el ejercicio de la autoridad y con apego a la garantía de derechos humanos.

4. En el sector salud, se omitió la asignación de recursos al programa de atención integral para pacientes con cáncer cérvico-uterino localmente avanzado. ¿Cómo desaparecen un modelo de atención en una enfermedad que es la segunda causa mortal entre las mexicanas?

5. Con respecto a los subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, sus hijas e hijos que padecen violencia, es cierto que se acaba de publicar (en menos de 48 horas dos veces), la convocatoria. Sin embargo, a la luz del comunicado del Gobierno Federal, además de hacer evidente el desconocimiento de alcances de los programas (de antemano reconozco que se justificará en el reciente arribo a la responsabilidad pública), no se menciona sobre la asignación de recursos a organizaciones dirigidas por mujeres, en otros rubros, como pueden ser las del campo, científicas, empoderamiento. Las sorpresas las tendremos más adelante.

En los hechos se lastiman espacios y posibilidades de desarrollo de mujeres, por eso es difícil entender al gobierno que dice apoyarlas, ignora sus necesidades y pretende someterlas mediante la dependencia económica. Desde el poder público se impulsa la violencia a las mujeres.

Me explico y retomo las estancias infantiles: proporcionar apoyo económico directo a las mujeres no necesariamente significa que el recurso se utilizará con el propósito de atención infantil, es una forma velada de atender un problema con el señalamiento explícito de "quédate en casa, es tu responsabilidad". Se busca repetir los estereotipos del pasado: las mujeres a su casa, al cuidado de los niños, enfermos y adultos mayores.

Por cierto, y me apoyo en la evidencia histórica, nunca las voces feministas de izquierda fueron más escuchadas que en los gobiernos emanados de Acción Nacional; su lucha se retomó y se impulsó el Instituto Nacional de la Mujeres, la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida libre de violencia, el apoyo a Madres trabajadoras con las estancias infantiles; entre otras, son logros de y para las mujeres en su conjunto.

Me sorprende el escandaloso silencio de las voces promotoras del pasado que acompañan, justifican y hasta aplauden, decisiones con la intención de minar los derechos sociales de las mujeres. Hoy, están calladas, sin argumentos, ni voluntad para realizar alguna crítica a los actos insensibles, incapaces de consolidar y empoderar a las mexicanas. Se encuentran paralizadas por miedo o por conveniencia política. Es lamentable.

*Diputada federal

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