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Abogados y la ley

  • Jaime López Molina

                                                              “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”

                                                                                                                  Pablo Neruda (Poeta)

El pasado miércoles se realizó una ceremonia con motivo del Día del Abogado en el que se resaltaron las buenas acciones de los profesionales de la jurisprudencia, tanto las que ejercen la impartición de justicia como los defensores anta ella.

En dicha ceremonia entre las intervenciones acertadas fue la que hizo el Ejecutivo estatal en defensa del pueblo que ha depositado su confianza ante una dependencia que se supone es encargada de impartir justica “pronta y expedita”, confianza que se desvanece ante una justicia que no se hace presente y desde luego que tiene justificación plena, porque el nuevo sistema penal acusatorio carece de autoridades conocedoras de los procedimientos a seguir, ello por un lado y por el otro los defensores de las causas, también están desorientados, por la confusión en la aplicación de veredictos por parte de los juzgadores. Con esta realidad sigue vigente lo expresado por el filósofo griego Heráclito de Éfeso: “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”. Esta frase ahora aplicada, ajena al cohecho, más bien dirigida hacia la falta de conocimientos del proceso del nuevo sistema por la autoridad jurídica. Y… por parte de los abogados defensores, también se encuentran mal orientados por tanto, estos señalamientos requieren capacitación, intensa y profunda capacitación en cuanto al dominio de los pasos a seguir en el nuevo sistema judicial impuesto, dizque porque con él, los juicios serían más cortos, siendo que en la actualidad han decepcionado. Botón de muestra: una querella presentada con todas las evidencias se encuentra “dormida” en la agencia ministerial desde el mes de marzo del año pasado. Dicho expediente o como le nombran: “carpeta”, la han estudiado tres titulares de distintas mesas (3), y no la han podido “judicializar”, situación que favorece a delincuentes que pueden huir de la justicia, en perjuicio de la víctima. Así como este caso, hay docenas con la aplicación del nuevo sistema que se esperaba más dinámico y sobre todo efectivo. Es muy probable que el sistema sea excelente, pero lo cierto es que: la tardanza beneficia al victimario y lastima en grado superlativo a la víctima. Ello, todavía sin considerarse el veredicto inapropiado del juez en turno.

El Ejecutivo señaló sin ambages que hay “problemas muy sentidos principalmente por la ciudadanía y que repercuten en el funcionamiento de las instituciones” además opinó acertadamente el logro de “reformas en el nuevo sistema penal acusatorio”, agregando que debe actualizarse el “catálogo de delitos” para que: jueces, tengan sustento necesario para que puedan “aplicar prisión preventiva oficiosa”. Lo expresado por el gobernante está de acuerdo con el pensamiento del escritor francés Secondat, que en su momento externó: “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.

Lo que se observa en diferentes mesas de la Procuraduría del Estado, son docenas (tal vez cientos), de expedientes que tiene que leer la o el abogado encargado de la mesa, y se calcula que se ocuparía un decenio para estudiarse. Ello es una injusta posición como encargado de leer miles de hojas, con el propósito de elevarlo ante el juez correspondiente. Se encuentran esos abogados ministeriales sin auxiliar que actúe como mecanógrafa. Trabajan en un cubículo donde no pueden atender a interesados de su caso, porque los montones de expedientes, escritorios y computadoras no lo permiten. El ambiente donde trabajan es asfixiante. Hacen falta atender requerimientos de oficinas dotándoles de espacio y mobiliario suficiente para atender a actores.

El gobierno debe generar reuniones de conocedores de la ley con el fin de escuchar sus opiniones basadas en el conocimiento de leyes así como experiencia en el campo de la defensoría y de impartición de justicia con el propósito de estructurar leyes justas.

Con una ley reestructurada debidamente se evitará el apotegma: “Quien no castiga el mal, ordena que se haga” y podrá lograrse lo que el orador romano (Cicerón), atinadamente en un momento de agitación social externó: “Las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos”, sí de todos.