imagotipo

Beneficios supuestos

  • José Alfredo Xicohténcatl

La aprobación de la ley de uniformes escolares gratuitos ilustra el modo de pensar de muchos diputados locales.

En vez de fomentar la necesidad de “enseñar a pescar” al ciudadano, prefieren “seguir dándole el pescado” en la mano.

Esta clase de normas sólo persiguen la promoción personal de quienes las impulsan o avalan, porque en el contexto del desarrollo social, verdaderamente, resultan poco relevantes.

Hubiera sido interesante que los diputados J. Carmen y Sandra Corona ofrecieran evidencia objetiva de los supuestos beneficios de regalar uniformes.

¿Enserio esta vestimenta tiene la capacidad de inhibir el analfabetismo o la deserción escolar? ¿Apoco en los 14 estados donde ya opera una ley en la materia han conseguido abatir las tasas en estos rubros?

Los diputados de Nueva Alianza, artífices de la norma, se basaron en meros supuestos para persuadir a sus pares y lograr la mayoría que necesitaban para avalarla.

Dijeron que con la ley se activará la economía local, pues solo se comprarían las prendas con proveedores establecidos en la entidad, pero es evidente que quienes se dedican a fabricar uniformes los seguirán elaborando en función de la oferta y la demanda.

Y a la distancia, se prevé el riesgo de que los talleres familiares que dependen de esta actividad se vean afectados, pues la normatividad favorecería a empresas más consolidadas que pudieran cumplir con el volumen de pedidos, los tiempos de entrega, precios competitivos y, por supuesto, el proceso de adquisición por parte del gobierno.

No se puede negar que con la entrega de un uniforme se ayuda al momento a la economía de las familias de alumnos de escuelas públicas, pero es un gasto que no necesariamente se hace cada año, y además, no se debe perder de vista que este apoyo es muy similar al que establece la ley de útiles escolares gratitos, que en los hechos, desde su aprobación en el sexenio del gobernador Héctor Ortiz, no ha tenido el impacto esperado, ya que en realidad canaliza recursos a rubros superfluos, de cara a prioridades como equipamiento, infraestructura, becas o financiamiento de programas que sí inciden en la calidad educativa.

El interés de los diputados del PRI, de analizar el impacto presupuestal de la nueva ley, a falta de un diagnóstico serio de costo-beneficio, justificó su voto en contra. Ciertamente, se desconoce de dónde sacará Tlaxcala los recursos para cumplir con ella.

El grupo parlamentario de Nueva Alianza cree que el estado cuenta con dinero para cumplir con esta entrega, considerando que el año pasado se habrían aplicado más de 146 millones de pesos (mdp) para paquetes de útiles y chamarras; hablamos de un gasto similar al presupuesto del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (147 mdp), pero superior al del subsistema Cecyte (136 mdp), la Procuraduría General de Justicia (122 mdp) o la extinta Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (113.7 mdp), y que incluso rebasa los techos conjuntos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos y El Colegio de Tlaxcala (139.3 mdp).

En un contexto en el que la ciudadanía pide que el dinero de las contribuciones se aplique bien y mejor, la nueva ley de uniforme gratuitos va en sentido contrario; el que las familias reciban el apoyo no significa que sea la inversión que más ayude al estado, porque, con seguridad, los padres de familia querrían leyes que les permitan a ellos contar con los medios suficientes para cubrir todas sus necesidades -incluidos los gastos escolares-, que aquellas que les proporcionan un beneficio menor e inmediato, en una coyuntura electoral en la que pululan ambiciones políticas tan individuales como mezquinas.