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La Constitución Mexicana: un siglo de vida

  • Espacio Judicial

Francisco MIXCOATL ANTONIO (*)

En febrero de este año la Constitución Mexicana cumplió un siglo de vigencia y de dar vida institucional a la sociedad mexicana. En torno a su conmemoración se ha escrito mucho, sobre todo desde dos posturas: Desde aquellos que indican que ya cumplió su ciclo de vida y que ahora es necesario dar comienzo a la discusión de una nueva. O de aquellos que revalidan su vigencia sin recurrir o justificar la necesidad de expedir otra. El tema desde la perspectiva jurídica es complicado, inclinarse por una u otra postura. Sin embargo, es necesario, reflexionar en torno a su devenir y eficacia en estos últimos años. Partiremos que después de la revolución mexicana, fue el documento central para pacificar la lucha entre liberales/conservadores o entre centralistas/federalistas. Norma fundamental que sirvió para atemperar el conflicto del momento. No en balde el tema de los derechos sociales como producto de su gran aportación al constitucionalismo mundial, fue el eje central de su discurso de aportación al campo del derecho.

Una constitución que en sus comienzos parecía inamovible en su redacción, en su articulado y en su estructura, en las últimas décadas ha sido objeto de una infinidad de reformas y adiciones que nos invitan a reflexionar en torno a su contenido y a su devenir histórico y el papel central que los juristas u operadores jurídicos deben jugar en su interpretación y aplicación.

El estado mexicano desde 1917 a la fecha ha tenido 19 presidentes de la República, durante el periodo de 1921 a 1982, se llevaron a cabo 213 reformas a diversos artículos de la norma máxima. A partir de 1982 cuando comienza el mandato del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la norma constitucional entra en una etapa de reformas sin precedente en la historia al acumular hasta la fecha un promedio de más 486 reformas en estos últimos lustros. A la fecha la Constitución acumula más de 700 reformas en su contenido. El texto original, dicen los historiadores del constitucionalismo, nació con alrededor de veintiún mil palabras a la fecha suman más de setenta mil palabras en su contenido.

Desde esta perspectiva, como explicar que durante sesenta y cinco años la constitución permaneció casi inamovible en su articulado, dicen los politólogos que esto se debió sin dudas a que el ejercicio del poder era vertical, con un presidencialismo que era el delineador de las reformas que así convinieran a sus intereses de grupo o de poder. Y no es, sino a partir de 1982 con los últimos seis presidentes que la norma fundamental entra en un tránsito de profundas reformas que han venido a constituir lo que los teóricos han denominado cambio de paradigmas del derecho. Este tránsito reformatorio constituye, un equilibrio del poder político, puesto que a medida que el ejercicio del poder político pasa de un eje vertical a otro con signos de más horizontalidad, las distintas fuerzas, expresiones y posturas ideológicas van haciendo eco de sus demandas en la norma máxima del país, y solo de ahí se puede justificar el motivo de una creciente ola reformadora a la Constitución.

Este cambio de paradigma, lo podemos analizar a la luz de las reformas que se han ido consumando, desde el establecimiento de las bases y principios para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; el establecimiento del sistema penal acusatorio, las bases para la justicia de adolescentes, los derechos de los imputados, así como de las víctimas u ofendidos; el establecimiento del régimen de reinserción social; el derecho de protección de datos personales; el establecimiento de que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se substancien de manera prioritaria, la competencia de los tribunales federales en controversias por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; la reforma de 2011 en materia de derechos humanos; los mecanismos alternativos de solución de controversias; las reformas para implementar el sistema nacional anticorrupción y las reformas en materia de justicia cotidiana, son sólo, algunos de los temas que nos invitan a reflexionar sobre el papel que en la actualidad deberá desempeñar el jurista, desde cualquier trinchera, en actividades del servicio público o en actividades profesionales de carácter privado.

Seguir pensando el derecho desde una manera tradicional y conservadora en su interpretación y aplicación, debe ser una tarea del pasado. Se requiere ir avanzado en la construcción de una aptitud transformadora del quehacer jurídico, una aptitud que sin duda va a costar mucho, pero que poco a poco se debe ir trazando mediante la capacitación, pero también desde la sensibilización, este cambio de paradigma se reduce a un cambio de mentalidad, es decir de abrirse a los nuevos retos que impone el control de convencionalidad, el juzgar con perspectiva de género o en asuntos donde se involucre la diversidad sexual o a los grupos en situación de vulnerabilidad. El derecho no debe servir más para la coacción o la sanción, ese debe ser su último cometido, hoy debe ser instrumento de transformación para humanizar a la persona, una tarea compleja, pero que un futuro puede ser loable.

(*) Integrante del Instituto de Capacitación Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado