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La reforma electoral

  • Espacio ITE

Raymundo AMADOR GARCÍA*

El trabajo de todo órgano legislativo no solo consiste en la creación de normas jurídicas, sino también en su revisión constante para verificar su eficiencia y eficacia en la materialización de los actos que regulan.

Respecto de la eficacia de la norma jurídica, existen varios planteamientos sociológicos y filosóficos de como medir la norma jurídica para determinar su condición de validez y existencia.

No es la finalidad de esta colaboración desarrollar toda una argumentación en torno a estas posiciones ampliamente desarrolladas y que pretenden establecer instrumentos eficientes que permitan valorar, discutir y aprobar la implementación de leyes que permitan con éxito materializar o promover la materialización de un determinado estado de cosas (Hierro, 2010: 73-77) o revalorar, revisar y volver a discutir el estado de cosas propiciado y su correspondencia con los actos llevados a cabo por los receptores de las normas; sino que precisamente a través de esta última proposición, considerar (o) que es la base en que la actual legislatura estatal lleva a cabo los trabajos de la reforma electoral local que ha anunciado aprobará en próximas fechas.

Siendo la revisión del estado de cosas propiciado por las últimas reformas constitucionales federal y local de 2014 y 2015, y la visualización de su aplicación en los pasados procesos locales ordinario y extraordinario de 2016 y 2017, la base en la que deben construirse ese trabajo legislativo; me permito mencionar algunos de los temas que reflexiono sustanciales deben ser revisados, los que no son en sí un límite a las discusiones que deben darse, dada su transversalidad con otros muchos más que conforman el andamiaje electoral que regula los procesos de renovación de los poderes públicos locales, amén de la necesaria armonización de diversos tópicos de la ley electoral vigente con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dentro de los temas sustanciales que deben considerarse abordar en la reforma electoral por el Congreso del estado, destacan: la paridad de género, la reelección consecutiva y las candidaturas independientes.

Derivado de la aplicación del principio constitucional de paridad visto particularmente en el pasado proceso electoral ordinario, deben discutirse y establecerse reglas claras y concretas que deben observar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes en la postulación de candidatas y candidatos, en las que se señale su cumplimiento ineludible al establecer sanciones precisas en cada supuesto de incumplimiento, estableciendo dentro del periodo de registro de candidatos la subsanación de la falta, obviamente corrigiendo la postulación, y no dejar en la vigilancia de su cumplimiento por parte de autoridad electoral administrativa la responsabilidad de subsanar su desacato con la formulación de requerimientos  que impidan la afectación a todas las postulaciones pues la sanción vigente señala la negativa del registro de todas al ente que incumpla; asimismo criterios para evitar que se postulen candidatas mujeres en los distritos, municipios y comunidades de baja competencia política de quien las postula, así como la forma de verificar tales criterios por la autoridad electoral; normas en las que se señale como se cumple la paridad en sus dos vertientes tanto vertical como horizontal en cada forma de postulación: por partido, coalición y candidatura común; y cómo se tendrá por cumplido dicho principio en el caso de la reelección de diputados locales y munícipes, con relación a las demás postulaciones presentadas; y por supuesto, avanzar de una paridad formal a una sustantiva: establecer que la paridad de género se dé no sólo en la presentación de candidaturas sino también en la integración del órgano legislativo y ayuntamientos, armonizando este principio con el de autodeterminación de los partidos políticos y el respeto al voto de las y los ciudadanos.

En el tema de la reelección, naturalmente su transversalidad con la paridad de género, reglas específicas que den equidad en la contienda en la que participe el representante popular o integrante de ayuntamiento que pretenda reelegirse, el cómo debe entenderse la reelección de los integrantes de los ayuntamientos, esto es, por planilla o fórmula.

Las candidaturas independientes deben fortalecerse, debe reducirse el porcentaje de respaldo ciudadano exigido actualmente para diputados de mayoría relativa 6%, planilla de ayuntamiento 8% y presidencia de comunidad 12%, para pasar a quizás un 3% en todos estos cargos, que resulta proporcional y racional, establecer límites a los topes de campaña acordes a los criterios que ha ya establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fijar el mecanismo de reelección de las candidaturas independientes.

Estos son algunos de los temas a discutirse, como lo anticipe hay muchos otros más que por espacio no he podido abordar pero espero que los integrantes del Congreso local los tenga en su agenda de reforma electoral.

*Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones