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Las libertades de expresión y prensa en Tlaxcala

  • Arturo Duén Torres

Gracias a la libertad de expresión hoy ya

es posible decir que un gobernante es un inútil

sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco.

Jaume Perich

Aunque han pasado algunos días de las celebraciones efectuadas en reconocimiento al trabajo periodístico, bien merecidas por cierto, es necesario destacar la parte oscura que circunda esa labor, sin soslayar la importancia de esa tarea cotidiana, en ocasiones peligrosa, en razón de los contenidos u opiniones vertidas en aras de mantener informada a la ciudadanía, más aún cuando los comentarios se convierten en una crítica seria  hacia quienes no cumplen con una obligación contraída, o bien, incurren en actos reprobables, cuya esencia se encuentra permeada de corrupción y tráfico de influencias.

Desafortunadamente, para quienes tienen el valor de divulgar esas malas acciones, se arriesgan a ser sometidos, mediante la represión, a vivir con el temor de sufrir un atentado, donde se pone en peligro la vida misma, como ha ocurrido en diferentes lugares del mundo, sin omitir a nuestro país. Agresiones, desapariciones y hasta homicidios, han sido las formas de acallar las voces valientes y aguerridas de muchos periodistas; incentivando los abusos del poder y privilegiando las venganzas de grupos delictivos.

Esta es la parte donde se evidencia con claridad que la retórica no encuentra respuestas ni tampoco ofrece resultados; de igual manera, las estadísticas, no pueden esconder la gravedad de estas indignantes agresiones; por eso, más allá de cualquier festejo; se debe combatir con leyes para salvaguardar los intereses particulares, así como de los derechos constitucionales, evitando excesos en acciones contrarias a las mismas; luego entonces, expresarse con plena libertad, sin importar los medios, debe defenderse con firmeza, por las leyes y los gobiernos, en cualquiera de sus niveles.

En este contexto, el vínculo entre las libertades de expresión y prensa deberán adecuarse a las circunstancias actuales, inhibir las arbitrariedades cometidas en contra de los periodistas, así como de aquellos que pretenden manifestar su libre pensamiento debe considerarse una prioridad, en consideración, además, de los preceptos constitucionales y las garantías sustentadas en los derechos humanos.

Bajo estas consideraciones, en Tlaxcala surgió una iniciativa, en la LXI legislatura por el entonces diputado Serafín Ortiz Ortiz, cuya propuesta se refería, justamente, a la protección del ejercicio periodístico, en su contenido, entre otros aspectos legales, se hacía referencia a la obligatoriedad del Estado de garantizar la libertad de prensa y la protección de los derechos de los periodistas en su ejercicio. Aunque la iniciativa de referencia no prosperó, por cuestiones ajenas a la misma ley, sin embargo, sí quedó el precedente para darle continuidad a la referida, otorgándoles con ello la seguridad a quienes en sus quehaceres cotidianos le informan al pueblo de lo que ocurre en el día a día. Además, en otro sentido, esa negativa de atender una necesidad legal, le quitó a Tlaxcala la oportunidad de ser pionero en la promulgación de las leyes correspondientes, como ya ocurre, u ocurrió, en otros estados.

Como una forma de sustentar el derecho de informar y expresar libremente las ideas, es importante resaltar aquellas partes de la iniciativa, descuidada por omisión, en cuanto en sus argumentos, se privilegian esas partes donde se reconoce esa libertad para recibir y difundir información respecto de los intereses públicos y colectivos. En ese orden de ideas, quedaba establecido el derecho de los periodistas para negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad, o de sus principios éticos; a estos contenidos los denominó -el exlegislador- la Cláusula de Conciencia.

En la propuesta, o iniciativa, se incluyeron algunos aspectos de índole federal, por ejemplo, el término de: real malicia o malicia efectiva, de acuerdo al adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativo al análisis de los límites a la libertad de expresión. De igual manera se presentó una adición in fine -al final- a la fracción V del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que reconoce, garantiza y tutela el Secreto Profesional de Periodistas para negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa a terceros y a las autoridades públicas o judiciales.

Sin concebir, o sin caer en la magnificación, de acuerdo a condiciones que las permean, por obligación, las libertades de expresión y prensa; deben entenderse como un factor que posibilite un cambio social, al entenderse, en el caso del periodismo, como una fórmula para hacer distinguir esas áreas donde existan oportunidades de cambio; es decir, cuando alguien expresa, de acuerdo a percepciones particulares o generales, un desacuerdo en las formas de ejercer cualquier actividad, en diferentes contextos, ya sea gubernamental, empresarial, de problemas colectivos, entre  otros tantos; no debe ser censurado, bajo ninguna circunstancia; por el contrario, deberá ser escuchado para resolver un problema observado, ése sería el deber ser, para poder hacer.

Cuando se acepten, sin censura, las opiniones que impliquen un cambio, se podrá hablar de democracia, cumplimiento a la ley, de cuidado y seguridad personal; solo así podrá demostrarse un verdadero interés en la aplicación de las mismas; pues no bastan las expresiones de repudio de las autoridades, por el contrario, deberán emprenderse acciones en favor de quienes usas estas formas de comunicarse con sus iguales, asegurándoles una información real y auténtica.

Por lo tanto, haciendo uso de ese derecho, expreso mi demanda sentida para que se atiendan de manera pronta y expedita, los requerimientos de seguridad e integridad para quienes ejercen profesionalmente el periodismo, junto con su libre expresión. Ojalá la actual legislatura reactive las iniciativas presentadas con anterioridad en beneficio del gremio, haciéndolas una realidad de uso y no solo un valor de cambio. Cuando esto ocurra, el pueblo podrá reconocer a quienes sean factores y promotores de la aprobación de las leyes respectivas.