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Lo que se ve y se sabe

  • Jaime López Molina

 

La ciudadanía interesada en movimientos políticos referentes a los futuros cambios de gobiernos en este año, observan la serie de cambios de personajes que se encuentran en el ámbito del poder.

El caso de la otrora lideresa del magisterio que atiende la educación pública, la que ahora se encuentra gozando de vida familiar bajo techo en casa propia y al mismo tiempo “cumpliendo” castigo legal por medio de “cárcel hogareña”, hecho significativo que fue liberada a cambio de la anexión del partido de la Alianza al partido en el poder (PRI). Coincidiendo ambos hechos, la anexión del partido de la Alianza con el perdón para salir de la cárcel de Estado. Este intercambio interesa y conviene al partido en el poder toda vez que está amenazado por la ciudadanía que en este año no votará por el PRI, debido a padecimientos del pueblo en cuanto a la carestía de la vida, ausencia de fuentes de trabajo y otras injusticias que no ha querido el poder público atender.

Los casos latentes de exgobernadores que solo se encuentran en calidad de detenidos pero no de sentenciados, procesos que no siguen el curso señalado por la ley y otros exgobernantes que han sido señalados por defraudar al tesoro de los estados, hechos que han sido dados a conocer por lo medios de información en forma amplia, que ha generado en la ciudadanía malestar contra las actuales instituciones gubernamentales.

El Partido Revolucionario Institucional ha dejado de ser hegemónico desde la existencia de nuevos partidos, por ello en el campo de la propaganda electoral los aspirantes a puestos de representación popular externan errores cometidos por sus contendientes; ello, para tratar de minimizar los propios. Han llegado hasta la agresión física entre partidos, lo que ha dado motivo a proponer un compromiso de no agresión, propuesta lastimosa a la propia ley establecida en Leyes y Reglamentos Electorales donde se establece el respeto para elegir al candidato preferido.

Otra inconformidad general es la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal, que ha sido tratado por peritos en materia jurídica, los que señalan muchas irregularidades en los juicios orales debido a la falta de preparación de encargados del ministerio público y de jueces, sin omitir a los abogados defensores (ahora asesores), quienes desconocen las nuevas técnicas que deben aplicarse en el proceso judicial. Aunque la propia ley quebranta la seguridad pública con los casos de personas portadoras de armas de fuego, donde este acto no se clasifica como delito grave, así suavemente la justicia deja en libertad a delincuentes. Desde luego no es culpa de los aplicadores de la ley sino de la propia ley que así lo establece.

El malestar popular crece a medida que su economía sufre el embate de elevación de precio en la energía eléctrica, el gas, el agua potable, las gasolinas, hecho que se contrapone a la multicitada y loada Reforma Energética, la que es ofensiva por falsa para los millones de consumidores.

Es lógico que el partido en el poder luche por continuar gobernando, porque sus dirigentes gozan de poder y el poder es el poder, y desean conservarlo por los medios que sea. Existe otro problema grave no solucionado: el de la inseguridad, flagelo que se ha extendido por todo el país. Corresponde al Estado otorgar seguridad a los habitantes, como lo establece la Constitución. Dicha inseguridad no terminará con intervención policíaca y edificios carcelarios, este problema social tiene su raíz en la pobreza en la que vive la mitad de los habitantes de México, y la pobreza requiera de ser subsanada por medio del trabajo y sucede que no existen suficientes fuentes de trabajo.

El pueblo desea saber de los candidatos presidenciales, cómo van a mejorar la vida de la mitad de mexicanos, cuáles van a ser los medios por los que se elevará la economía de los marginados hasta ahora, se desea el compromiso y conocer el proyecto para mejorar la justicia, la educación y el comercio.