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Nadando de muertito

  • José Alfredo Xicohténcatl

Es lamentable, pero en materia de seguridad no todos están haciendo su trabajo.

En ciertos ámbitos y niveles, aún no se entiende que este tema es un asunto que compete a todos, porque todos tenemos algo que aportar para gozar de la tranquilidad y la paz social que queremos disfrutar en el estado.

Los recientes hechos de inseguridad en la entidad hacen que nos preguntemos dónde están las policías municipales, porque si los revisamos con detenimiento podemos identificar que, en su mayoría, prevalece la falta de estrategias de vigilancia y prevención del delito desde lo local.

Evidentemente, la distribución de responsabilidades entre el gobierno estatal -que en general responde a los hechos delictivos- y los municipios -que se hacen de lado y pareciera que no existen cuando pasa algo- no ofrece los mejores resultados a los tlaxcaltecas.

Prevalecen debilidades institucionales que se traducen en deficiencias a nivel preventivo y coercitivo, lo que implica que el esquema actual requiere de un arreglo institucional, dada la indiferencia del grueso de los alcaldes por capacitar, certificar y equipar a sus cuerpos de seguridad.

Las condiciones de seguridad actuales advierten que, con los cambios administrativos propiciados por las transiciones de gobierno en los municipios, se generaron vacíos que los delincuentes no dejan de aprovechar. La gran mayoría de los ediles se han abandonado a su suerte, porque la seguridad pública no les resulta tan importante como emprender obras de relumbrón o apoyar eventos como ferias y bailes populares.

Y a este escenario hay que añadir los intereses personales de quienes, desde la representación popular, lucran políticamente con la problemática social, enfocando sus energías en acusar responsables a conveniencia antes que actuar para resolverla.

Tal actitud, que provoca divisiones políticas y sociales, es la que por igual le ofrece a la delincuencia un mayor margen de maniobra, que deteriora la fortaleza de las instituciones y la cohesión de la sociedad.

Ojalá esas voces inquisitorias se pronunciaran por hacer equipo por Tlaxcala, apoyando demandas de la ciudadanía como la modificación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, a fin de lograr, entre otros aspectos, la actualización del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para que la gente sienta el cumplimiento de la ley, que la justicia llega a la vida diaria de las personas.

La política de seguridad pública en Tlaxcala debe fundarse en la premisa de lograr una coordinación efectiva, lo que solo se puede alcanzar si las instituciones encargadas de garantizar la seguridad física, patrimonial y jurídica de la población, asumen plenamente su corresponsabilidad en la materia.

Es necesario fortalecer los lazos de cooperación y comunicación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluidas las de procuración de justicia.

El Ejecutivo anunció que, en seguridad, fortalecerá el diseño institucional de la Comisión Estatal de Seguridad, incrementando en más del 50 % el número de efectivos policiales, mejorando sus percepciones, capacitación y equipamiento. Además, en la Procuraduría General de Justicia, también habrá mayor inversión en personal especializado, fomentando el compromiso institucional, y el combate a la impunidad propiciada por la acción u omisión de malos funcionarios.

Pero en tanto se concretan tales proyectos, esperamos que los ayuntamientos dejen de nadar de muertito, y comprendan que también son autoridad y deben asumir la iniciativa de proteger a los ciudadanos y sumar sus propios medios, para inhibir el ambiente de desconfianza y de incertidumbre que dan lugar su pasividad e inacción.