Human Rights Watch (HRW) urgió a que la FIFA responda con mayor rapidez a las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico presentadas por jugadoras de la Federación de Futbol de Afganistán, y a que establezca medidas para proteger a las supervivientes y testigos.
"El presidente de la Federación Afgana de Futbol ha sido expulsado tras hallarle culpable de abusos el Comité Ético de la FIFA", apuntó la directora de iniciativas globales de HRW, Minky Worden, en un comunicado.
"Sin embargo, lo que realmente pone a prueba las políticas de derechos humanos de la FIFA es si el deporte es seguro para mujeres y niñas en Afganistán, y ellas no estarán seguras hasta que todos los agresores, incluyendo las personas que lo permiten, sean expulsados", aseveró.
HRW pidió además que todos los oficiales de la Federación Afgana de Futbol (AFF) aparentemente responsables del abuso sexual de jugadoras sean investigados por el fiscal general del país, y juzgados en el caso de que se encuentren pruebas suficientes.
"Las jugadoras, entrenadores y delatores se han arriesgado muchísimo los tres últimos años recolectando pruebas y enviando quejas por escrito a la FIFA contra poderosos líderes de la AFF, incluyendo el presidente de la federación, Keramuddin Karim", explica el texto.
El pasado mes de junio, estas quejas llevaron a que Karim fuera suspendido de por vida y multado con un millón de dólares por el Comité Ético de la FIFA, aunque no ha sido detenido pese a que el fiscal general de Afganistán emitiera una orden de arresto, denuncia HRW.
Además, señala, la FIFA aún no ha llevado a cabo una investigación de todos los oficiales de la AFF que podrían estar implicados en el caso de abusos sexuales.
Los llamamientos de HRW se unen a la carta enviada este mes por la entrenadora del equipo nacional femenino de Afganistán, Kelly Lindsey, en la que señala al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que la organización aún no ha abordado la "cultura de abusos" a manos de oficiales de alto cargo.
Entre ellos, agresiones sexuales a jugadoras, algunas de ellas de 14 años, perpetradas entre 2013 y 2018 en la oficina del presidente de la federación afgana y en concentraciones en Jordania en febrero de 2018.
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