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Autonomía del INEGI, afectada por el Sistema Nacional de Información

Nidia Marín

El diseño institucional del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) repercute negativamente en la autonomía sustantiva del INEGI y afecta los principios de transparencia e independencia. Además, hay carencias de información en temas de la agenda nacional, como trata de personas, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Mientras, en un clima adverso comparecía Paloma Merodio Gómez, propuesta presidencial para ocupar la vicepresidencia del INEGI, quien admitía que no había sido profesora de cátedra en Harvard, sino asistente, por lo que es desconocido si aprobó “el examen” realizado por legisladores de las Comisiones de Población y Desarrollo y de Gobernación, del Senado de la República, tras un análisis sobre su desempeño realizado con antelación.

En cuanto al diseño señalado, no incluye contrapesos efectivos en los procesos de toma de decisiones, lo cual puede minar la autonomía de su organismo rector, el INEGI, asegura, el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, en Notas Estratégicas del 5 de marzo, publicación dedicada al análisis del SNIEG y del INEGI.

Y desglosa:

El Poder Legislativo Federal tiene presencia mínima en el Consejo Consultivo Nacional y no participa en los comités ejecutivos ni en los comités técnicos especializados.

El diseño legal del Sistema no establece la participación de la academia ni de la sociedad civil organizada en los órganos de consulta, ejecutivos y técnicos (solo establece que los comités técnicos puedan formularles invitaciones si así lo deciden).

La institución está a punto de cumplir 34 años, ya que el INEGI nació durante el mandato de Miguel de la Madrid por decreto presidencial. En 1983 la Dirección General de Estadística, apenas inaugurada un año antes como parte de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, se integró al Instituto, así como también lo hicieron la Dirección General de Geografía, establecida en 1968 y que estaba adscrita a la Secretaría de la Presidencia, la Dirección General de Política Informática y la Dirección General de Integración y Análisis de la Información.

Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) el 16 de abril de 2008, el INEGI cambió su personalidad jurídica, al adquirir autonomía técnica y de gestión. Su nueva denominación es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero conserva las mismas siglas
(INEGI).

Esta institución afirma que su objetivo prioritario es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica suministre a la sociedad y al Estado información de calidad pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Para ello, agrega, sus atribuciones son: normar y coordinar el desarrollo del SNIEG, normar las actividades estadísticas y geográficas, producir información en ambas materias, prestar servicio público e información, promover el conocimiento y uso de la información y conservar la información.

TODO UN MUNDO DE EJECUTIVOS

El asunto es que según las facultades establecidas en la Ley del SNIEG, la Junta de Gobierno del INEGI es el máximo órgano de decisión del Sistema. Entre las facultades de la Junta, dice el IBD, se encuentran aprobar los programas estratégicos, nacionales y anuales de Estadística y Geografía, así como elaborar normas técnicas y metodológicas, y regular la captación, procesamiento y publicación de la información generada por el Sistema. “No obstante, la Ley obliga a la Junta de Gobierno a ‘someter los proyectos’ de los programas, es decir, previo a su aprobación, a ‘la opinión’ del Consejo Consultivo Nacional y de los comités ejecutivos (artículos 9, 15 y 30)”, de acuerdo a la reforma al artículo 26 constitucional, del 7 de abril de 2006.

La Ley también obliga a la Junta -expone la institución de investigación y análisis senatorial- “…a recabar una “opinión favorable” por parte del Consejo, antes de crear algún subsistema de información. De hecho, el Consejo puede aprobar “por unanimidad”, sin mediación de la Junta, los temas que deban ser considerados como Información de Interés
Nacional”.

“Más aún, agrega, para ejercer su facultad de normar el funcionamiento del Sistema y regular la generación de información, la Junta está obligada a basarse ‘en los dictámenes, que en su caso emita el Comité Ejecutivo correspondiente’ (art. 77 fracc. VIII)”. “De hecho, los únicos órganos facultados para proponer indicadores y normas técnicas y metodológicas a la Junta, para su posible aprobación, son el Consejo y los Comités Ejecutivos (art. 15 fracc. II y art. 30 fracciones. IV y VI)”, precisa.

Además, hace notar que los comités técnicos especializados solo fungen como espacios de consulta, “sin la facultad de proponer directamente normas técnicas y metodológicas a la Junta”. Hay una acotación: la Ley no dispone la participación de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Consultivo Nacional ni en los comités ejecutivos. Solo señala que los comités técnicos especializados pueden tomar la decisión de invitar a representantes de instituciones sociales y privadas, pero no hay un mandato que lo obligue.

“Por su parte, los funcionarios de INEGI solo tienen la facultad de proponer normas técnicas y metodológicas cuando las dependencias gubernamentales no las hayan propuesto oportunamente o cuando éstas no tomen en cuenta estándares nacionales e internacionales. Pero todas las propuestas elaboradas por INEGI deben ser sometidas a consideración de los comités ejecutivos.

Una acotación más es que las decisiones al interior de estos comités se toman por votación simple (voto mayoritario), y que los funcionarios de INEGI participan en estos comités solo como secretarios técnicos.

El Consejo Consultivo Nacional está integrado por un mundo de personas: tiene 18 representantes del Ejecutivo Federal, dos del Congreso de la Unión (un diputado y un senador), uno del Poder Judicial Federal, dos de organismos autónomos y cinco representantes de las entidades federativas.

Los Comités Ejecutivos tienen entre cinco y nueve representantes del Ejecutivo Federal; solo uno de estos comités tiene dos representantes de organismos autónomos y otro tiene un representante del Poder Judicial de la Federación. Ningún Comité tiene representantes del Poder Legislativo Federal. Ni el Consejo, ni los comités incluyen representantes de la academia y de la sociedad civil organizada.

“En vista de las facultades y de la conformación del Consejo Consultivo Nacional y de los Comités Ejecutivos, pareciera que el diseño institucional dispuesto en la Ley está menos orientado a garantizar la autonomía técnica del organismo rector del Sistema, y más hacia la supervisión o control de la información por parte del Ejecutivo Federal. Esta problemática resulta más sencilla de identificar al considerar las obligaciones del INEGI en materia de Información de Interés Nacional”, dice el IBD.

Ante ello el Instituto Belisario Domínguez señala:

“Entre las opciones de reforma para la mejora del Sistema valdría la pena considerar nuevas reglas de nombramiento de los vicepresidentes de INEGI, así como un Consejo estrictamente consultivo que labore en estrecha colaboración con agencias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y especialmente, con la División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas”.

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