/ martes 25 de agosto de 2020

Minera de EU reclama mil mdp a México

La estadounidense Coeur Mining acusa que el SAT no le devolvió esa cantidad por concepto del IVA

Coeur Mining Inc, el quinto productor de plata en México busca obtener del gobierno federal una compensación de mil millones de pesos porque el SAT no le devolvió el IVA.

La minera estadounidense notificó en marzo al gobierno mexicano su intención de someter la reclamación a un arbitraje bajo el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

➡️ México paga más de 32 mdp para enfrentar demandas internacionales

Este es el segundo caso que se presenta en lo que va 2020. El primero fue el aviso de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp al gobierno mexicano, también por una actuación del SAT. El 13 de mayo en su notificación comunicó que el reclamo asciende a 500 millones de dólares, además de los intereses que se generen, gastos y costos aplicables en el procedimiento de arbitraje.

De acuerdo con ambas empresas mineras, la actuación del Gobierno de México, a través del SAT, resulta violatoria del Capítulo 11, específicamente por presuntas violaciones a los artículos 1102, 1103, 1105 y 1110, referentes al trato nacional que se otorgará a las inversiones e inversionistas en el país, el nivel mínimo de trato y disposiciones referentes a la expropiación y compensación, respectivamente.

De acuerdo con el Capítulo 11 las partes tienen 90 días para buscar una solución armónica antes de continuar con el proceso arbitral. De no hacerlo, el mecanismo para la solución de controversias establece que deberán elegirse las reglas procesales de uno de los tres sistemas: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial; el Mecanismo Complementario del CIADI; o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Se constituirá un tribunal integrado por tres árbitros. Cada una de las partes contendientes nombrará a uno de los árbitros, y el tercero, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado de común acuerdo entre las partes.

El tribunal seguirá las reglas procesales aplicables al mecanismo de arbitraje elegido, salvo en la medida de lo modificado en el TLCAN.

Posteriormente, procederá la revisión de la reclamación bajo el mecanismo seleccionado y la resolución del tribunal se limitará a la reparación de daños o restitución de propiedades o su equivalente en dinero, conforme a las disposiciones del mecanismo.

Ambos casos se resolverán por separado, y las resoluciones sólo tiene efecto para cada caso en específico.

Se consultó a la Secretaría de Economía sobre si los procesos arbitrales habían comenzado formalmente por no llegar a un acuerdo previo; sin embargo, al cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna.

El caso más emblemático fue el de First Majestic, ya que desde junio el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que empresas canadienses buscarían resolver los adeudos que tiene con el SAT en tribunales internacionales, por lo que pidió al presidente de Canadá, Justin Trudeau interceder en este asunto.

“¿Para qué vamos a tribunales? Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”, expresó a su homólogo de América del Norte.

En su conferencia matinal el mandatario dijo que algunas empresas se ponían al corriente en sus pagos, mientras que "hay unas empresas canadienses, mineras, que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales".

Desde 2019 el presidente también afirmó que su gobierno no pretende cancelar concesiones mineras que ya se tiene en el país, pero aseguró que no se otorgarán nuevas concesiones en el sector, ya que 40 por ciento del territorio nacional está concesionado, lo cual refrendo hace una semana desde su última visita al Estado de Guerrero.





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Este es el segundo caso que se presenta en lo que va 2020. El primero fue el aviso de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp al gobierno mexicano, también por una actuación del SAT. El 13 de mayo en su notificación comunicó que el reclamo asciende a 500 millones de dólares, además de los intereses que se generen, gastos y costos aplicables en el procedimiento de arbitraje.

De acuerdo con ambas empresas mineras, la actuación del Gobierno de México, a través del SAT, resulta violatoria del Capítulo 11, específicamente por presuntas violaciones a los artículos 1102, 1103, 1105 y 1110, referentes al trato nacional que se otorgará a las inversiones e inversionistas en el país, el nivel mínimo de trato y disposiciones referentes a la expropiación y compensación, respectivamente.

De acuerdo con el Capítulo 11 las partes tienen 90 días para buscar una solución armónica antes de continuar con el proceso arbitral. De no hacerlo, el mecanismo para la solución de controversias establece que deberán elegirse las reglas procesales de uno de los tres sistemas: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial; el Mecanismo Complementario del CIADI; o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Se constituirá un tribunal integrado por tres árbitros. Cada una de las partes contendientes nombrará a uno de los árbitros, y el tercero, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado de común acuerdo entre las partes.

El tribunal seguirá las reglas procesales aplicables al mecanismo de arbitraje elegido, salvo en la medida de lo modificado en el TLCAN.

Posteriormente, procederá la revisión de la reclamación bajo el mecanismo seleccionado y la resolución del tribunal se limitará a la reparación de daños o restitución de propiedades o su equivalente en dinero, conforme a las disposiciones del mecanismo.

Ambos casos se resolverán por separado, y las resoluciones sólo tiene efecto para cada caso en específico.

Se consultó a la Secretaría de Economía sobre si los procesos arbitrales habían comenzado formalmente por no llegar a un acuerdo previo; sin embargo, al cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna.

El caso más emblemático fue el de First Majestic, ya que desde junio el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que empresas canadienses buscarían resolver los adeudos que tiene con el SAT en tribunales internacionales, por lo que pidió al presidente de Canadá, Justin Trudeau interceder en este asunto.

“¿Para qué vamos a tribunales? Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”, expresó a su homólogo de América del Norte.

En su conferencia matinal el mandatario dijo que algunas empresas se ponían al corriente en sus pagos, mientras que "hay unas empresas canadienses, mineras, que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales".

Desde 2019 el presidente también afirmó que su gobierno no pretende cancelar concesiones mineras que ya se tiene en el país, pero aseguró que no se otorgarán nuevas concesiones en el sector, ya que 40 por ciento del territorio nacional está concesionado, lo cual refrendo hace una semana desde su última visita al Estado de Guerrero.





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