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Acusan dilación en TCyA y PGJE para favorecer al Sindicato “7 de mayo”

  • Lorena TEMOLTZIN
  • en Local

El denunciante fue director de Notarías y Registros Públicos en tiempos del panista Héctor Ortiz. “Me han amenazado de muerte”, asegura

En rueda de prensa, el exfuncionario estatal, Juan Carlos García Muñoz, denunció dilación en la atención de denuncias promovidas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para favorecer presuntos malos manejos al interior del Sindicato “7 de mayo”.

Al respecto, quien fungió como director de Notarías y Registros Públicos, así como exasesor del despacho del gobernador en la administración de Héctor Israel Ortiz Ortiz, señaló que su caso se ha tornado político, de ahí que no hayan avanzado los procesos a los que ha recurrido para que le sea respetada su plaza como auxiliar administrativo, que tiene un costo de 400 mil pesos.

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Mencionó después de recurrir a algunos permisos, a los que como sindicalizado tenía derecho, aunque dio aviso desde su reincorporación a su espacio laboral a partir del uno de junio, “el actual secretario del Sindicato, Edgar Tlapale, en comparsa con el gobierno del estado, me prohíben regresar”.

Atribuyó que su actuación en la administración orticista, ha provocado la dilación en su caso, pues desde el 15 de junio promovió una denuncia de protección de derechos laborales ante el TCyA y a casi un mes, “el expediente sigue en oficialía”.

Además, aseguró que ha sido víctima de amenazas de muerte vía telefónica, en la que le pidieron dejar de molestar con el asunto de su plaza, por lo que procedió a presentar la denuncia penal ante la PGJE, que quedó asentada en el acta de hechos 166/2017.

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Pese al procedimiento seguido, para la tipificación de las amenazas a través de la dictaminación de la afectación psicológica y el daño en el estilo de vida de la víctima, no ha sido atendido por la psicóloga.

Por lo anterior, consideró que la dilación a su caso se debe a que el representante de los trabajadores del Sindicato “7 de mayo”, Javier Rivera, es también uno de los integrantes del TCyA.

Mientras que la falta de atención psicológica para la dictaminación de su denuncia por amenazas, las atribuyó a una colusión del gobierno del estado, para despojar a los trabajadores de sus plazas, por encima de los estatutos del gremio.

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Refirió que ha solicitado al área de recursos humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, en donde prestaba sus servicios en una dirección, instancia en la que le indicaron que debe ser el sindicato el que le asigne su lugar de adscripción, situación que calificó como una muestra de “la complicidad entre el gobierno y el sindicato para boicotear mis derechos laborales y privarme de mi plaza de forma arbitraria”.

Ante tal situación, no descartó recurrir a instancias internacionales para defenderse, pues no confía en la actuación de los organismos locales.