/ sábado 28 de julio de 2018

A trámite juicio político a dos comisionados del Iaip

La Comisión Instructora determinará si existe o no responsabilidad de David Cabrera y Francisco Morones

A cuatro meses de que Marlene Alonso Meneses, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, promoviera un juicio político en contra de David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, consejeros de ese órgano, ayer finalmente la Comisión Permanente del Congreso local le dio entrada.

En la décima tercera sesión ordinaria, los legisladores consideraron que las pruebas presentadas por Alonso Meneses poseen un valor admisible y probatorio de los actos efectuados por los comisionados, por lo que turnó el asunto a la Comisión Instructora.

“Remítase el presente informe y el Expediente SPPJ001/2018 a la Comisión Instructora de esta soberanía, para los efectos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala”, ordenó Juan Carlos Sánchez García, presidente de la Comisión Permanente.

Entre otras, la Ley de Responsabilidades establece que serán sujetos a juicio político todos aquellos servidores públicos o funcionarios que usurpen atribuciones; los que violen los planes, programas y presupuestos de organismos públicos autónomos o quienes desacaten resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado.

No obstante, la presidenta también presentó documentos para su defensa como el juicio de protección constitucional, el Decreto 217 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala del 28 de abril de 2016 y la convocatoria del 18 de noviembre del mismo año para la elección; entre otros.

Por todo ello, la Comisión Especial analizó el juicio promovido y determinó -por unanimidad- el cierre del expediente, para enviar el respectivo informe a la Comisión Instructora de Juicio Político que se encargará de determinar si existe o no responsabilidad de los comisionados.

Con ello, el cuerpo especial que atendió el caso y que era presidido por J. Carmen Corona Pérez, como presidente, y Carlos Morales Badillo y Agustín Nava Huerta, como vocales, quedó extinto.

  • 4 meses tiene que fue solicitado el juicio político contra los dos comisionados.

A cuatro meses de que Marlene Alonso Meneses, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, promoviera un juicio político en contra de David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, consejeros de ese órgano, ayer finalmente la Comisión Permanente del Congreso local le dio entrada.

En la décima tercera sesión ordinaria, los legisladores consideraron que las pruebas presentadas por Alonso Meneses poseen un valor admisible y probatorio de los actos efectuados por los comisionados, por lo que turnó el asunto a la Comisión Instructora.

“Remítase el presente informe y el Expediente SPPJ001/2018 a la Comisión Instructora de esta soberanía, para los efectos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala”, ordenó Juan Carlos Sánchez García, presidente de la Comisión Permanente.

Entre otras, la Ley de Responsabilidades establece que serán sujetos a juicio político todos aquellos servidores públicos o funcionarios que usurpen atribuciones; los que violen los planes, programas y presupuestos de organismos públicos autónomos o quienes desacaten resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado.

No obstante, la presidenta también presentó documentos para su defensa como el juicio de protección constitucional, el Decreto 217 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala del 28 de abril de 2016 y la convocatoria del 18 de noviembre del mismo año para la elección; entre otros.

Por todo ello, la Comisión Especial analizó el juicio promovido y determinó -por unanimidad- el cierre del expediente, para enviar el respectivo informe a la Comisión Instructora de Juicio Político que se encargará de determinar si existe o no responsabilidad de los comisionados.

Con ello, el cuerpo especial que atendió el caso y que era presidido por J. Carmen Corona Pérez, como presidente, y Carlos Morales Badillo y Agustín Nava Huerta, como vocales, quedó extinto.

  • 4 meses tiene que fue solicitado el juicio político contra los dos comisionados.

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