Aunque constitucionalmente “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, es una garantía que excluye a más de 10 mil tlaxcaltecas.
Por ley, el Estado debe garantizarlo a través de bases, apoyos y modalidades para que sea un acceso y uso equitativo y sustentable, en donde deberá participar de forma coordinada la Federación, la entidad, los municipios y la ciudadanía.
Pero ese derecho no solamente ha sido lacerado por autoridades municipales que carecen de la capacidad económica para sanear el agua y después regresarla a la tierra o a un cuerpo receptor, sino también por grandes industrias que vierten sus aguas residuales sin previo tratamiento y por los mismos ciudadanos que hacen lo propio con sus aguas de uso doméstico.
De acuerdo con la medición de pobreza en Tlaxcala 2008-2018 hecho por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hasta hace dos años casi 11 mil personas no tenían acceso al llamado “oro azul” al interior de sus viviendas.
Información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua señala que de los 60 municipios solo 37 cuentan con alguna planta de tratamiento activa. El resto tira las aguas residuales a cuerpos de agua como ríos, presas, lagunas o barrancas.
CIUDADANOS TAMBIÉN CONTAMINAN
Si bien las grandes factorías, empresas y los comercios son responsables en gran medida de la contaminación de los cuerpos de agua, no son los únicos.
En zonas, sobre todo rurales, en donde no hay redes de drenaje sanitario las personas tiran sus aguas residuales a las barrancas, ríos, riachuelos y lagunas sin previo tratamiento, eso fue algo que El Sol de Tlaxcala corroboró en un recorrido hecho por varios municipios.
En Calpulalpan, por ejemplo, se observan largos tubos de PVC que salen de terrenos y viviendas y que encausan el agua de sus sanitarios y cocinas de forma directa a las barrancas.
Las plantas de tratamiento que han quedado en desuso todavía reciben las descargas residuales de uso doméstico, pero ahí el líquido sucio corre y pasa de largo hasta el cuerpo receptor. Muchas de las personas no saben que ya no funcionan.
Ese panorama se repite en practicante todos los municipios sin que las autoridades tengan la capacidad económica para remediarlo.
EL ZAHUAPAN
El río Zahuapan se ha convertido (desde hace varias décadas) en receptor de aguas residuales de origen urbano e industrial de por lo menos 79 entes y, según especialistas, académicos y varias investigaciones (el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México), es el cuerpo de agua más contaminado en Tlaxcala, principalmente en la zona sur, límites con Puebla.
Parte de esos estudios señalan que en el afluente hay presencia de metales pesados como plomo, arsénico y cianuro a los que están expuestos los ciudadanos, y que posiblemente sean los causantes de enfermedades como anemia, leucemia y púrpura trombocitopénica, principalmente en niños.
De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos responsabilizó al gobierno estatal y a las autoridades municipales de Ixtacuixtla, Nativitas y Tepetitla, de no garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, ya sea por acción o por omisión.
QUEJA EN CNDH
La elevada contaminación del rio y las afectaciones directas a la salud de la población motivó a ciudadanos de Huejotzingo y Texmelucan, Puebla, así como de Ixtacuixtla, Nativitas y Tepetitla, Tlaxcala, a promover en julio de 2011 una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En ella, los ciudadanos explicaron que, entre otras cosas, la contaminación fue causada por irregularidades en la construcción y operación de drenajes industriales, el nulo o deficiente tratamiento municipal de las aguas residuales y la ausencia de estrategias en el proceso paulatino de urbanización e industrialización.
De hecho, la Delegación de la Conagua Tlaxcala en el periodo de 2005 a 2016 instauró 10 procedimientos administrativos; siete de ellos referentes a descargas municipales y tres a descargas provenientes de industrias y que en suma ascienden a 800 mil pesos, aproximadamente.
Casi siete años después, en marzo de 2017, la CNDH acreditó la responsabilidad de servidores públicos de la Conagua, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, así como de las autoridades municipales.
En el caso de Tlaxcala, el organismo nacional recomendó al gobierno colaborar con la Conagua y las otras dependencias para (en un plazo de seis meses contado a partir de la aceptación de la recomendación), la ejecución de un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, así como asignar presupuesto para tender la problemática.
Al momento no ha sido informado si la situación ya fue atendida y a pesar de las múltiples promesas hechas por actores políticos como presidentes de comunidad, municipales, diputados locales y federales, y senadores, la polución no ha sido detenida, ni revertida.
- 37 Municipios de Tlaxcala cuentan con alguna planta de tratamiento activa.
- 23 Comunas tiran las aguas residuales a cuerpos de agua como ríos, presas, lagunas o barrancas.
RESPONSABILIDAD
- La CNDH responsabilizó al gobierno estatal y a las autoridades municipales de Ixtacuixtla, Nativitas y Tepetitla, de no garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, ya sea por acción o por omisión.
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