A seis días de que concluya la LXII Legislatura, Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, acusó que, desde siempre, los alcaldes, regidores y presidentes de comunidad han votado en Cabildo para asignarse remuneraciones ostentosas que no justifican con su trabajo, por lo que resaltó la necesidad de crear un tabulador.
Empero, aceptó que dejan pendiente la legislación para regular las remuneraciones de estos servidores públicos.
Puntualizó que anteriormente se regían “por el decreto 28 que servía pues era el parámetro para precisar: quieren más, pero la disponibilidad presupuestal solo nos permite esto”.
Tras la revisión de las cuentas públicas de los municipios, detalló que han observado que existen excesos, pues su quehacer no justifica lo que ganan, “a pesar de que deben percibir de acuerdo a su necesidad y no toman en cuenta eso, cada quien gana lo que quiere”.
Admitió que eso quedó pendiente en la presente legislatura, “pero de manera personal me hubiera gustado que sí hubiera sido abordado, pero recuerden que ha habido intentos por este ente en otros tiempos para la regulación de los salarios y no se ha podido”.
Insistió en que debe concretarse un tabulador que evite percepciones de los ediles y munícipes que dañen las arcas públicas, pues en varias ocasiones observó casos que exceden a la capacidad financiera de las comunas.
Ante tales señalamientos, fue cuestionado si los diputados locales aplicaron la política de austeridad y respondió: “no sé, ustedes saben que nos hemos conducido con transparencia y prueba de ello es que en nuestra página está publicado el salario de cada uno de nosotros y en otras legislaturas no se manejaba”.
QUÉ DICE LA LEY
De acuerdo con la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el artículo 40 establece que los integrantes en funciones del ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
El ordenamiento puntualiza que la “erogación deberá sujetarse a criterios de austeridad, equidad y proporcionalidad a la hacienda pública municipal y al trabajo desempeñado y no afectará la atención a las demandas sociales ni a los activos del municipio”.
Detalla que la percepción debe ser propuesta por el presidente municipal y aprobada por el Cabildo, aunque dicha disposición “debe ser vigilada por el Órgano de Fiscalización Superior y podrá ser revocada cuando lesione los intereses municipales de acuerdo con la facultad del Congreso del Estado”.
El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no nos ha dado nada, y eso que está etiquetado, está haciéndose el occiso y en eso no estamos de acuerdo, por eso son los presupuestos, pues de nada sirve elaborarlos si se va a ejercer a criterio propio
Alberto Amaro / Diputado local