La Ley de Atención a Sujetos Migrantes y sus Familias de Tlaxcala es “letra muerta”, pues carece de su reglamento, lo cual es pretexto para que la Dirección de Atención a Migrantes no asuma su responsabilidad, aseguró la asociación civil “Un mundo una nación”.
Mediante una misiva, la sociedad civil organizada resaltó que el trabajo que le correspondería al Ejecutivo local y a los diputados de la LXIII Legislatura de Tlaxcala, lo desempeña el voluntariado del albergue La Sagrada Familia y grupos organizados.
El pasado 25 de marzo, la diputada local, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, propuso exhortar al gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, para que expida dicho reglamento, pues alegó que existe una omisión en esa tarea por casi cuatro años.
Explicó que la Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 11 de enero de 2017 y en el artículo tercero transitorio establece que “el titular del Ejecutivo deberá expedir dentro de los 90 días hábiles, posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, el reglamento correspondiente”.
En el caso de la diputada de la Comisión de Asuntos Migratorios, Zonia Montiel Candaneda, presentó un par de proyectos de reforma en materia electoral, para beneficiar principalmente a migrantes tlaxcaltecas y jóvenes, pero no exhortó al Ejecutivo para que formulara el reglamento normativo.
Las iniciativas que planteó la priista, buscaban la adecuación de la Constitución Política local y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, para reconocer el derecho que tienen los mexicanos y tlaxcaltecas para ser votados en procesos comiciales, mediante la creación de la figura del Diputado o Diputada Migrante, pero no se concretó.
De ahí que a la fecha el reglamento sigue sin expedirse y por lo mismo la Ley en materia no se ha aplicado conforme a Derecho, por lo que la asociación civil ha demandado agilidad en su formulación.
Con el reglamento se podrá proteger, promover y garantizar los derechos de los sujetos migrantes y sus familias, así como establecer las garantías para su protección.
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