/ jueves 26 de noviembre de 2020

Atiende CEPC denuncia por una gasera irregular en Apizaquito

Era considerada por vecinos como una “bomba de tiempo”

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que dirige José Antonio Ramírez Hernández, atendió una denuncia ciudadana para inspeccionar y de ser posible clausurar la presunta operación irregular de una estación de carburación ubicada en la comunidad de Apizaquito, en el municipio rielero.

No obstante, al arribar la brigada de inspección con el resguardo de la Guardia Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se percataron el lugar fue misteriosamente abandonado.

Pese a ello, una pipa que presumiblemente era ocupada para el trasiego ilegal de combustible, fue decomisada para su revisión y posterior devolución a quien acredite la propiedad con el debido soporte documental.

La inspección se derivó de una denuncia hecha por vecinos de diversos fraccionamientos ubicados en las inmediaciones que temen por su integridad y su patrimonio al considerar a esa gasera como una “bomba de tiempo”.

De acuerdo con un oficio que fue remitido al Gobierno del Estado y a la Presidencia de México, la gasera fue instalada en un lugar densamente poblado y ello representa un latente riesgo, además de que al parecer carece de diversos permisos, de ahí su preocupación.

Foto: Moisés Morales

Incluso, algunos vecinos consultados por El Sol de Tlaxcala manifestaron que personas acudían a rellenar sus tanques de gas L.P. sin las mínimas medidas de protección, además de vehículos y demás unidades de transporte que usan gas como combustible para su movilidad.

En entrevista, el titular de la CEPC indicó que su actuar se deriva de una petición de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, derivado de una denuncia remitida por vecinos que lograron recolectar más de 500 firmas para sustentar su queja.

José Antonio Ramírez agregó que la postura de la dependencia está basada en la legalidad y que si la empresa logra acreditar con documentación sus operaciones, podría continuar con sus labores.

Foto: Moisés Morales

Sin embargo, consideró que el hecho de que hayan sacado sus vehículos y demás equipos y herramienta para su funcionamiento justo previo al operativo de inspección, llama la atención pues alguien los alertó y eso evidentemente habla de una probable irregularidad, por lo que la dependencia a su cargo le seguirá la pista para que no se ponga en riesgo a la población.

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que dirige José Antonio Ramírez Hernández, atendió una denuncia ciudadana para inspeccionar y de ser posible clausurar la presunta operación irregular de una estación de carburación ubicada en la comunidad de Apizaquito, en el municipio rielero.

No obstante, al arribar la brigada de inspección con el resguardo de la Guardia Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se percataron el lugar fue misteriosamente abandonado.

Pese a ello, una pipa que presumiblemente era ocupada para el trasiego ilegal de combustible, fue decomisada para su revisión y posterior devolución a quien acredite la propiedad con el debido soporte documental.

La inspección se derivó de una denuncia hecha por vecinos de diversos fraccionamientos ubicados en las inmediaciones que temen por su integridad y su patrimonio al considerar a esa gasera como una “bomba de tiempo”.

De acuerdo con un oficio que fue remitido al Gobierno del Estado y a la Presidencia de México, la gasera fue instalada en un lugar densamente poblado y ello representa un latente riesgo, además de que al parecer carece de diversos permisos, de ahí su preocupación.

Foto: Moisés Morales

Incluso, algunos vecinos consultados por El Sol de Tlaxcala manifestaron que personas acudían a rellenar sus tanques de gas L.P. sin las mínimas medidas de protección, además de vehículos y demás unidades de transporte que usan gas como combustible para su movilidad.

En entrevista, el titular de la CEPC indicó que su actuar se deriva de una petición de colaboración entre los gobiernos federal y estatal, derivado de una denuncia remitida por vecinos que lograron recolectar más de 500 firmas para sustentar su queja.

José Antonio Ramírez agregó que la postura de la dependencia está basada en la legalidad y que si la empresa logra acreditar con documentación sus operaciones, podría continuar con sus labores.

Foto: Moisés Morales

Sin embargo, consideró que el hecho de que hayan sacado sus vehículos y demás equipos y herramienta para su funcionamiento justo previo al operativo de inspección, llama la atención pues alguien los alertó y eso evidentemente habla de una probable irregularidad, por lo que la dependencia a su cargo le seguirá la pista para que no se ponga en riesgo a la población.

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