Abogados promovieron ante el Congreso local una solicitud de juicio político y declaratoria de procedimiento de causa y desafuero en contra del presidente del Poder judicial, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, así como contra quienes resulten responsables por la repartición de una suma aproximada de 10 millones de pesos provenientes de una devolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La solicitud fue presentada ante la Secretaría Parlamentaria del Poder Legislativo, firmada por Jerónimo Popocatl Popocatl, Raciel Santacruz Meneses, Yesenia Carrillo Romero, Estela Sánchez García y Bernardo Fernández Sánchez, quienes argumentaron que la conducta del presidente del Poder Judicial está sujeta a someterse a un juicio político.
Los quejosos señalaron que es de interés público fundamental que se explique cómo se realizó la distribución de 10 millones de pesos que fueron devueltos por el SAT, y que supuestamente fueron manejados de manera discrecional entre algunos magistrados que integran el Poder Judicial.
El documento, del que este Diario posee una copia, refiere que los recursos no se etiquetaron para la atención de algunas carencias que presenta este Poder, como son compra de bártulos de trabajo, equipo del centro de cómputo, de la biblioteca y pago de laudos, entre otros.
Al contrario, ahí señalan que solo fue para el beneficio de unos cuantos y no para la atención de todos los trabajadores del Poder Judicial.
La petición también requiere que un responsable del SAT explique de manera pormenorizada la cantidad que fue devuelta a este poder y las causas por las que se definió el monto.
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