El próximo lunes será sometido a discusión en la Junta de Coordinación y Concertación Política un Proyecto de Acuerdo que busca revertir la asignación de 34 espacios laborales generados en la recta final de la LXIII legislatura.
Fuentes al interior del Poder Legislativo confirmaron a este Diario que la mayoría de los grupos parlamentarios se han manifestado a favor de que se reviertan las asignaciones laborales, debido a la carga económica que esto implica para el Poder Legislativo.
Otro de los motivos que legisladores han manifestado es la asignación para favorecer a familiares de algunos exdiputados, lo que han considerado éticamente incorrecto.
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Y es que de las 34 plazas que se generaron, de acuerdo con documentos en poder de El Sol de Tlaxcala, al menos 19 espacios fueron asignados a familiares y colaboradores cercanos de los excongresistas.
La lista de basificados la conforman allegados a Rafael Ortega Blancas, quien se desempeñó como presidente del Comité de Administración los tres años de la pasada legislatura, además de los exdiputados José Luis Garrido Cruz, Guadalupe Mata Lara, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, Zonia Montiel Candaneda y Ramiro Vivanco Chedraui.
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Así como la actual diputada Maribel León Cruz y los exlegisladores Víctor Castro López, José María Méndez Salgado y Jesús Rolando Saavedra, actual presidente municipal de Ixtacuixtla, entre otros.
Los integrantes de la Junta tendrán que definir si son retiradas las plazas laborales representadas por el Sindicato “7 de Mayo”, que supuestamente fueron asignadas tras llegar al acuerdo de un juicio laboral y para evitar pagar un adeudo de 47 millones de pesos.
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