Con reformas al Código Penal para el estado de Tlaxcala, los integrantes de la LXIII legislatura aprobaron la imposición de penas carcelarias -hasta por seis años-, para quien cometa el delito de agresión a servidores públicos que laboran en el Sistema Estatal de Salud durante la declaratoria de emergencia sanitaria.
El Dictamen también establece que el delito será perseguido de oficio, además de una multa económica de 100 a 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
En sesión extraordinaria electrónica, los legisladores avalaron que también se castigue con una pena máxima de hasta cuatro años y medio de prisión a quien discrimine a personal del sector salud, como médicos, cirujanos, personal de enfermería, y auxiliares de servicio público o privado durante el periodo que se marque una contingencia sanitaria.
Por lo que quien atente contra la dignidad humana, con la intención de menoscabar los derechos y libertades de las personas tendrá que cubrir una multa de hasta 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Con estas acciones los congresistas pretenden evitar que en la entidad se den casos de agresión contra profesionales de la salud y personal de servicios, que durante esta contingencia sanitaria trabajan en la primera línea de atención de las personas contagiados de Covid-19, tal y como ha sucedido en otras entidades.
Y es que, los legisladores tacharon como reprobables las conductas dolosas de ataques a la integridad física y la discriminación cometida en contra de quienes durante una contingencia sanitaria (como la que se vive actualmente), prestan sus servicios para garantizar la atención médica y recuperación de las personas contagiadas.
De ahí que, a partir de que se publiquen las reformas al Código Penal local en el Periódico Oficial del Estado, el gobierno estará en condiciones de garantizar que se respete la integridad de quienes laboran en el Sistema Estatal de Salud, en instituciones tanto públicas como privadas.
- 6 años de cárcel podrían enfrentar agresores de servidores públicos de la salud.
- En caso de discriminación las penas podrían alcanzar hasta cuatro años y medio de prisión
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