Al señalar que las Reformas estructurales requieren leyes secundarias para que no queden a la interpretación o en “letra muerta”, la candidata a diputada federal por el segundo distrito, Blanca Águila Lima, se comprometió a elaborar las leyes secundarias que permitan cumplir su objetivo de beneficiar a la gente.
La abanderada de la coalición “Todos por México”, refirió que existen claros ejemplos de leyes recientes que ante la falta de presupuesto se convirtieron en “letra muerta”.
Expresó que cada Ley debe tener su reglamento y leyes secundarias, para que no quede a interpretación, además de que exista certeza de quiénes la ejecutarán.
En este sentido, sostuvo que su compromiso fundamental es participar en la elaboración de las leyes secundarias y reglamentarias de las llamadas Reformas Estructurales, desde la: hacendaría, de comunicaciones, educación y energética.
En el caso de la Reforma Educativa, indicó que los beneficios han sido perceptibles en alcanzar la excelencia educativa, pero esto no debe ser a costa de la violación a los derechos de los maestros, toda vez que los sueldos deben ser conforme a los perfiles.
En tanto que, en la Reforma Energética, indicó que el compromiso es bajar el precio del combustible, lograr su estabilización, además de retirar los impuestos de la gasolina.
Explicó que el alza del combustible se debe a la falta de refinerías, pues las empresas que realizan este proceso lo hacen en su país, lo que implica un gasto mayor “debemos hacer que refinen en México”.
En el rubro de salud, indicó que la población no derechohabiente recibe el servicio del estado, en donde continúan las largas filas para recibir consulta general y las medicinas no son suficientes para todos.
Expresó que el problema radica en la falta de presupuesto y personal, por lo que propuso atender este asunto, revisar la Ley general de salud y el Seguro Popular.
También se pronunció en contra de los recortes al presupuesto en educación, seguridad, campo y salud, lo que repercute inmediatamente en los espacios laborales y la atención ciudadana.
Finalmente, en el tema de seguridad, se pronunció a favor del Mando Único Policial, para que el gobierno federal se encargue de la profesionalización y dotación de recursos, en corresponsabilidad con los estados y municipios.